La Coordinación de Sindicatos, integrada por un conjunto de agrupaciones y organizaciones que forman parte del Pit Cnt, presentó un documento hacia el XV Congreso de la central sindical que se efectuará el próximo fin de semana en Montevideo.
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) es uno de los sindicatos que conforma dicho grupo y su presidenta, Karina Sosa, destacó las diversas campañas realizadas a fin de “evitar el lucro de la seguridad social con las AFAP”.
La voluntad de la central obrera era elaborar un documento único que fuera aprobado en el próximo congreso. Sin embargo la Coordinación de Sindicatos reclamó una discusión política y planteó sus desacuerdos.
La diferencia se encuentra en que, en el documento de la mayoría, “se ‘desacopla’ la seguridad social del lucro y desacoplar no es evitar. De hecho, apostábamos a un diálogo social serio y real”, dijo Sosa a EL TELEGRAFO.
La dirigente recordó que la última reforma de la seguridad social “se planteó durante la campaña electoral como la solución a los problemas de las jubilaciones en el país. Sin embargo, estamos asistiendo con asombro a una discusión que no se parece en nada a la de 2008 o 2012”.
Explicó que, entre sus diferencias, “se encuentran varias representaciones político-partidarias y se toma como una organización social a la Cámara de Comercio, cuando para nosotros no califica como tal. Parece que nos olvidamos de lo ocurrido con los cincuentones y de las miserables jubilaciones que pagan las AFAP, ni del daño al Banco de Seguros del Estado”.
Sosa señaló que el documento marca la tendencia presentada durante el congreso del Pit Cnt de 2008, “cuando nos planteamos desde el movimiento obrero la no privatización de jubilaciones y pensiones”.
Plebiscito “no laudó”
Consultada sobre el resultado final de plebiscito promovido con las elecciones nacionales que finalmente no prosperó, Sosa aseguró que “la ciudadanía no laudó”. Explicó que “en realidad hubo un millón de personas que dijo sí, el resto no dijo ni sí ni no porque no hubo una lista por el contrario y cuando alguien no se expresa, no es lo mismo que decir que no”.
Relativizó el respaldo obtenido, luego de llevar adelante la campaña por el Sí “prácticamente sin recursos económicos, con muy poca difusión a nivel de medios y con una fuerte oposición desde el gobierno de turno que planteó la reforma”.
Comparó que la papeleta que promovía logró un mayor apoyo en relación a la cantidad de afiliados en el movimiento sindical en su conjunto. “En este congreso van a participar unos 1.200 delegados, tenemos un cuarto de millón de afiliados en el Pit Cnt y en el país, somos 1.300.000 trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social”.
Luego de la instalación del nuevo gobierno, la dirigente destacó la necesidad de separar el signo político-partidario de los reclamos sindicales y rechazó los argumentos del gobierno anterior para aprobar una reforma.
“Daban por sentado que se venía abajo el país, iba a aumentar el dólar, se perdería la calidad de grado inversor, se ponía el duda el riesgo país e iban a hacernos juicios desde todas partes del mundo. Hay que poner sobre la mesa el diálogo social coherente y real. La reforma de 2023 hace perder muchos derechos y se lleva puesta a otras cajas. Eso trata de hacer la Ley 20.130 y si el movimiento sindical no se opone férreamente a la existencia de las Afaps, por lo menos aspiramos a que sea optativo”.
Plantear la discusión política
Consultada por la designación de Jimena Pardo, expresidenta de República AFAP, al frente del directorio del BPS, Sosa señaló que actúa como presidenta de un ente autónomo y “no es quien toma las decisiones políticas en el Estado”.
República AFAP “tiene tres dueños como el BPS, el BSE y el BROU. La pregunta es si dejamos a esa AFAP porque es de capitales públicos. Y nosotros decimos que no, porque sigue orbitando dentro del derecho privado”.
El economista Hugo Bai, integrante del equipo en representación de los trabajadores en el BPS, es coordinador del diálogo social y había manifestado que no estará centrado en las jubilaciones y pensiones, sino en el concepto de protección social a lo largo de la vida de una persona.
Sosa reconoció que “cuando el actor cambia de bando, hay que armarse para la discusión. Ya vimos lo que pasó con los cincuentones, con la quita de un 10% de los haberes jubilatorios a todos los trabajadores que decidieran volver a la órbita pública y aún así lo hizo un 45%. Hay mucha gente que no se entera de las cosas importantes porque como toda ley, hay plazos para cumplir. Si las reglas estuvieran claras, la gente no tendría tantas dudas a la hora de jubilarse y el impacto de una ley votada en 2023 se verá 20 años después”.