Con las elecciones departamentales finalizó un largo ciclo electoral, donde la ciudadanía definió sobre las políticas y la gestión en cada uno de los diecinueve territorios –con sus respectivos municipios y juntas departamentales–, que impactarán en forma directa en la vida cotidiana de sus habitantes.
La importancia de estos últimos comicios radica en el impacto de las decisiones que aplicarán cada uno de los gobernantes sobre los servicios básicos y sus presupuestos.
Una vez instaladas las nuevas autoridades departamentales, el gobierno –a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y su área de Descentralización– se aprestará a revisar las metodologías de transferencia, en tanto considera que los criterios están desactualizados.
Desde hace veinte años, los recursos se distribuyen de acuerdo a la población o características territoriales y aún permanece sin cambios a pesar de los nuevos datos de los sucesivos censos. La premura por esa revisión fue manifestada por el presidente Yamandú Orsi, durante la jornada electoral.
El gobierno nacional propone un nuevo marco, luego de la eliminación del Fondo Metropolitano –cuya decisión fue rechazada por el Frente Amplio– y la siguiente creación del Fondo de Asimetrías. Establecido en el gobierno anterior, éste último buscaba distribuir las alícuotas, con parámetros compartidos pero sin actualizaciones y con un seguimiento a cargo de un comité interinstitucional.
Las nuevas autoridades de la OPP pretenden comenzar a dialogar cuanto antes sobre el nuevo marco de transferencias, en tanto a fines de julio se deberá resolver junto al Congreso de Intendentes. Las previsiones de la Corte Electoral estiman que en las próximas elecciones de 2030 se incrementará la cantidad de municipios y, por ende, la profundización de los criterios para ejecutar las políticas de descentralización territorial.
El año pasado, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) mostraba la disparidad financiera en cada intendencia y las necesidades diversas de gastos por concepto de inversiones. Esta investigación constató que, con el paso del tiempo, se registraba una disminución de los recursos propios de cada gobierno departamental.
Comparó que, a finales de la década de 1980 las transferencias nacionales correspondían al 15% de sus recursos y el restante 85% se vinculaba a ingresos propios de las intendencias.
Los datos siguientes hasta llegar al 2022, muestra que el nivel de transferencias se ubicó en 37%, a raíz de la creación de diversos instrumentos para transferir recursos.
La discusión generalmente parte de la base de los niveles de autonomía económica que tienen algunas intendencias para financiarse. Como los casos de Treinta y Tres y Cerro Largo que reciben un 59% de recursos nacionales frente al 41% departamental, seguidos de Artigas, Rivera y Lavalleja que mantienen proporciones similares de dependencia económica por encima del 50%.
Las dificultades para la generación de recursos económicos propios se presenta desafiante al momento de concretar políticas sociales y de desarrollo en esos departamentos, ya no a largo plazo sino durante un quinquenio.
Es que las intendencias, desde hace un buen tiempo, han ampliado sus injerencias en temas que pertenecían a la órbita nacional tales como la salud, educación o vivienda. Hoy los gobiernos departamentales están llamados a actuar para mitigar los índices de pobreza que se mantienen altos en la última década, más allá de las transformaciones de las metodologías de medición que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas.
Porque cuando el equilibrio no se logra, tampoco se consigue la equidad o la descentralización tan deseadas y ese panorama se observa con solo recorrer rápidamente el mapa.
Las regiones litoral y noreste mantienen guarismos sensibles en torno a desempleo e informalidad laboral y el crecimiento de los asentamientos durante la década pasada, marcan una agenda pendiente para los gobiernos departamentales que asuman en julio.
En forma paralela, el clima de negocios pesimista que pesa sobre la región, marca otro desafío para el gobierno nacional y los próximos gobiernos departamentales, en el entendido de la necesidad de aterrizaje de inversiones en territorios tan diferentes en materia de desarrollo, a fin de crear los puestos de empleo.
El país encara para los próximos semestres una meseta en el crecimiento económico, con expectativas desfavorables y dificultades externas que presionan al momento de resolver por inversiones que permitan tasas más altas de crecimiento.
Ese efecto derrame en el Interior no estará tan visible en los próximos meses porque el escenario internacional muestra que los países se cierran en el contexto actual y la inversión directa se ha contraído fuertemente.
A esto se suma un nuevo escenario regulado por el Poder Legislativo, con la aprobación –por ahora con media sanción de la Cámara de Diputados– de un proyecto de ley que establece ingresos de funcionarios por concurso o sorteo a las intendencias. Algunos constitucionalistas, como Eduardo Lust, opinan que la iniciativa no terminará con el clientelismo político que fue el objetivo inicial fijado para aprobar la ley.
No obstante, este tema aún en tratamiento parlamentario, plantea un ámbito de discusión óptimo para comprender que, con el quórum necesario, el Poder Legislativo puede avanzar en algunas normas.
Como sea, el presidente Orsi conoce de primera mano las distintas realidades al norte del Santa Lucía, tanto como exintegrante del Congreso Nacional de Intendentes, así como el compromiso asumido desde su nuevo rol con el diálogo y la descentralización.