La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, que modifica un artículo de la Ley 17.250, de Defensa del Consumidor.
“Propone la modificación del artículo 31 que refiere a las cláusulas abusivas. Pedimos que haya un plazo donde el consumidor pueda –dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha que se produjo la renovación automática–, rescindir o disolver el contrato”, dijo el legislador a EL TELEGRAFO.
Explicó que “cuando cualquier ciudadano quiere contratar un servicio, lo atienden fácilmente desde un número de teléfono. Amablemente le toman el consentimiento, le cobran con tarjetas de débito o crédito y en pocos minutos tiene todo contratado. Ahora, cuando resuelve irse, el procedimiento es bastante engorroso. La práctica ha demostrado que no se encuentra un número telefónico, o el correo electrónico o una dirección física para hacer el trámite con facilidad. O atiende un call center de otro país después de muchos minutos y números por delante, la comunicación se corta y hay que volver a llamar”.
El diputado Jorge aclaró que “si una persona no paga, va al clearing. Entonces, es un abuso a los consumidores. Por otro lado, los contratos pueden rescindirse con causa o sin causa y a veces la letra chica dice que para rescindirlo, debe haber una aclaración. Acá se da la libertad total para que un consumidor no tenga que dar ningún motivo por el cual se quiere ir”. Una vez que el consumidor envía su voluntad de rescindir el servicio, la modificación establece un procedimiento muy rápido de 15 días. “En ese plazo deberán extender una constancia al consumidor y si después quieren enviar un producto o la cuenta, que la persona no esté obligada a pagarlo. Es decir, elimina cláusulas, como renovaciones automáticas o preavisos extensos que indican a la persona que debió avisar hace 120 días”.
La iniciativa cuenta con el apoyo del diputado Walter Verri, quien firmó el proyecto de ley. “Es habitual, nos ha pasado a todos cuando hacemos contratos y queremos desvincularnos a través de Internet. Pero resulta que el procedimiento es muy engorroso y tendríamos que haber avisado varios días antes. O mandar un mail o una comunicación que nunca responden o definitivamente cobran sobreprecios. Es un proyecto de ley simple, pero necesario”, concluyó el legislador sanducero.
