La situación del presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, se ha constituido en un nuevo “cangrejo bajo la piedra” a los cuales nos tiene acostumbrados el gobierno asumido el 1° de marzo y que ya suman, por nombrar algunos, a la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y a la exvicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch.
La situación del presidente del INC es igualmente comprometida y tan carente de sustento y validación ética y moral como las de Cairo y Koch. En primer lugar, porque el artículo 200 de la Constitución Nacional establece que “los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte”. Resulta particularmente llamativo que Viera no haya incluido en su currículum vitae el hecho de ser colono del mismo organismo para el cual iba a ser designado como presidente. La pobre argumentación de Viera en su propia defensa (“el hecho de que sea colono no es una actividad que tiene que ser incluida en un currículum”. “Todo el mundo sabía que soy colono”) es igualmente lamentable y autocomplaciente. ¿Es posible que se le haya olvidado un dato tan relevante? ¿Alguien puede dudar que hay un conflicto de intereses entre su calidad de presidente del INC y la de colono del mismo organismo?
Aunque hasta el más infradotado se da cuenta de esto –menos el interesado, claro–, conviene ver un poco la parte legal, sobre lo cual corresponde preguntarse en qué casos existe conflicto de intereses y cómo está definido. De acuerdo con el Cuaderno de Divulgación N°3 publicado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), “en términos generales, el conflicto de intereses puede definirse como una situación en la que el funcionario público tiene suficiente interés personal o privado tal que, en base a ello, el ejercicio de sus funciones se vea influenciado. El interés público, protegido por el Estado, se vincula con las necesidades colectivas de los integrantes de una sociedad, mientras que los intereses privados se relacionan con las utilidades particulares del funcionario”. De este texto queda claro que el presidente del INC está en una situación de conflicto de intereses.
Si bien el propio Viera ha sostenido que él no es funcionario público del INC y por tanto no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad, el documento de la Jutep antes mencionado es claro en cuanto a que sí está comprendido en el conflicto de intereses. Al preguntarse ¿cuál es la calidad imprescindible para encontrarse en una situación de conflicto de intereses?, la respuesta de la Jutep es clara: “El sujeto activo o agente de la conducta debe, en todos los casos, ser un funcionario público, entendiendo por tal –definición amplia– todo aquel que desempeña un cargo o ejerce una función, en cualquier entidad regida por el Derecho Público e incluso en las personas públicas no estatales, a cualquier título (oneroso o gratuito), sin que sea relevante a la cuestión considerar la naturaleza jurídica del vínculo”. En resumen: la condición de colono del INC que posee Viera es incompatible con su calidad de presidente de este organismo.
En segundo lugar, según informó el diario El Observador esta semana, “Viera tiene un expediente abierto en el INC debido a que no presentó los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) ni tampoco el final de obra de una construcción que llevó a cabo en San José, tras haber solicitado un crédito por ser colono”. Ante esta noticia, podríamos preguntarnos ¿qué le hace una raya más al tigre? ya que, al parecer, los jerarcas y políticos frenteamplistas no son muy afines a pagar los impuestos que le corresponden por ley. Otra vez “los nabos de siempre” son los que pagan impuestos y cumplen con las leyes, mientras los actuales jerarcas del Frente Amplio incumplen impunemente y con total desparpajo deberes fundamentales emanados de la vida en sociedad; muchos de los cuales surgen bajo normas que ellos mismos impulsaron.
La polémica situación del presidente del INC ha generado opiniones encontradas en el propio gobierno e incluso dentro de Presidencia de la República. El prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que “el presidente de INC no debe ‘dejar de ser colono’, sino ‘no explotar’ su tambo”. Y agregó: “no debe seguir ejerciendo estando al frente de su emprendimiento productivo” para no generar una controversia entre lo que hace como presidente del instituto y colono, pero podría dejar que lo explote un familiar o un tercero mientras dure su gestión en Colonización.
Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó lo siguiente: “creo que el presidente de Colonización, a partir de ahora, no puede seguir más en su situación de colono”, y apuntó que “no se puede estar de los dos lados del mostrador”. Pero después no fue tan contundente, se acercó a las declaraciones de “Pacha” y propuso un “paréntesis” en su actividad productiva. Y agregó: “Es el lugar donde vive y no lo podemos tirar a la calle por esto”, señaló el mandatario sobre el campo que habita Viera, a la vez que insistió en que debe dejar de usufructuar beneficios vinculados a su rol de colono.
¿Cómo deben interpretarse estas palabras? De nuevo, cualquiera con uso de razón entiende que el propio Presidente de la República y su secretario están diciendo que lo que hay que hacer es poner como titular del predio de Viera lo que popularmente se conoce como testaferro. Simplemente, vergonzoso.
Pero el Frente Amplio y el gobierno no pueden seguir defendiendo lo indefendible: Viera es un claro ejemplo de conflicto de intereses y debe cesar en su cargo de presidente del INC; y poner testaferro no deja de ser conflicto de intereses. Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra es perro. Cualquier otra resolución es trampearle su voluntad a quienes votaron al Frente Amplio para “que gobierne la honestidad”.