El trabajo infantil está profundamente ligado a la pobreza y, en la mayoría de los casos, es consecuencia de la falta de ingresos en hogares que residen en los cinturones urbanos desde hace generaciones. Están allí, son visibles, y su presencia ha sido materia prima de múltiples discursos electorales. Las estadísticas indican que hace quince años eran aproximadamente 90.000 los niños y adolescentes en situación de trabajo infantil; actualmente, esa cifra se redujo a 40.200. “Es un disparate”, afirmó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, al presentar el informe oficial elaborado por su cartera.
Sin embargo, probablemente esa cifra no refleje la totalidad del fenómeno. Otros factores, como la informalidad laboral y la desprotección institucional, agravan el problema, que se manifiesta de diversas formas y exige políticas públicas integrales para su erradicación.
El trabajo infantil es una expresión clara de la desigualdad que atraviesa a las poblaciones, especialmente en el interior del país, y constituye un mecanismo de perpetuación de la pobreza intergeneracional. En la actualidad, esta problemática parece estar naturalizada, como lo demuestra la ausencia de un plan estratégico nacional para su combate.
A pesar del asombro manifestado por algunas autoridades, conviene revisar el pasado reciente. En 2010, más de 90.000 personas entre 5 y 17 años trabajaban en Uruguay, lo que representaba un 13,4% de esa franja etaria. Aunque hoy el porcentaje ha descendido al 6,8%, ese dato sigue siendo motivo suficiente para visibilizar el problema, aunque solo aparezca cíclicamente en nuevos estudios.
El mayor peso del trabajo infantil se concentra en el grupo de 15 a 17 años, donde se realizan tareas consideradas riesgosas o excesivas para adolescentes. Hace quince años, los varones duplicaban a las mujeres en esta situación; hoy, esa brecha de género prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, persiste la desigualdad en las tareas domésticas no remuneradas, ya que las niñas se encargan del cuidado y apoyo en el hogar tres veces más que los varones.
También existen diferencias territoriales: unas 30.000 personas menores de edad que trabajan residen en el interior del país, mientras que las 10.000 restantes viven en Montevideo.
El apoyo a los hogares más vulnerables no debe limitarse únicamente a transferencias monetarias, sino orientarse también a mejorar la capacitación y los ingresos de los adultos que conviven con esos niños. Del mismo modo, un sistema de cuidados con horarios extendidos puede garantizar a los adolescentes una mayor permanencia en los centros de estudio, evitando así que la pobreza se convierta en un círculo vicioso que se repite generación tras generación. Porque cuanto antes ingresan al mundo del trabajo, lo hacen en peores condiciones.
Desde hace décadas, a la vista de todos, niños y adolescentes son empleados durante las zafras en el norte del país. También participan en otras actividades que pueden parecer lúdicas o de exposición, pero que en realidad ocultan formas encubiertas de trabajo infantil.
En Uruguay faltan definiciones claras sobre los matices del trabajo infantil. Es decir, qué se considera trabajo y qué no. Hay actividades sin un empleador directo, como el trabajo de los hurgadores o la colaboración en emprendimientos familiares, donde niños y adolescentes participan sin que necesariamente exista explotación.
Entre las solicitudes de permisos para trabajar presentadas por adolescentes del interior predominan las tareas rurales, mientras que en Montevideo se orientan hacia el comercio minorista, grandes superficies o locales de comida rápida.
En 2006, Uruguay firmó en Brasilia la Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente en las Américas, que planteaba la eliminación progresiva del trabajo infantil. El compromiso establecía erradicar sus peores formas para 2013 y eliminarlo por completo en 2020. La realidad, sin embargo, dista mucho de esos objetivos, aunque las estadísticas aún provocan asombro en la comunidad.
Según la normativa vigente en el país, la edad mínima de admisión al empleo —sujeta a escolarización obligatoria— es de 15 años, con autorización del INAU. Un adolescente puede trabajar un máximo de 6 horas diarias, y en casos excepcionales, hasta 8 horas si tiene entre 16 y 18 años, debiendo contar con dos días continuos de descanso cada cinco días trabajados.
Como puede observarse, el país ha registrado avances si se comparan las cifras con las de hace quince años. La información estadística permite diagnosticar una disminución del trabajo infantil, atribuible en parte al descenso demográfico en esa franja etaria. Pero también orienta el diseño de políticas públicas en una población cuya situación estructural no ha cambiado significativamente.
Es necesario distinguir el trabajo infantil de aquellas actividades en las que niños y adolescentes colaboran en el hogar o aprenden habilidades básicas. Desde hace años se han incrementado las solicitudes de permisos de adolescentes para trabajar, especialmente durante y después de la pandemia.
En la región, el trabajo infantil se sitúa en torno al 10%, mientras que Uruguay está por debajo del promedio, con menos del 7%. En 2021, el INAU recibió 1.026 solicitudes de trabajo de adolescentes entre 15 y 18 años. En 2022, la cifra ascendió a 1.666, lo que representó un aumento del 48%. Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes y es, en parte, un síntoma de la formalización temprana del trabajo en esta etapa de la vida.
A pesar de las cifras presentadas, los datos muestran una tendencia a la baja del trabajo infantil con el paso del tiempo. Es importante recordar que hace quince años la situación era el doble de grave. Y, como ocurre con todos los fenómenos sociales, se requiere de políticas sostenidas en el largo plazo para confirmar y sostener las tendencias. Los gobiernos siempre supieron que las problemáticas sociales que se repiten entre generaciones no se resuelven de un período a otro.
Por lo tanto, no deberían sorprenderse.
