El prosecretario de Presidencia, Dr. Jorge Díaz, disertó en Paysandú sobre la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, iniciativa que calificó como una prioridad para el actual gobierno. La conferencia, organizada por el Centro de Estudios Paysandú (CEP), se llevó a cabo en el Gran Hotel Paysandú ante una sala colmada de público.
Díaz recordó que la propuesta “estaba en el plan de gobierno, se discutió en el congreso, se aprobó en el congreso, estuvo en las medidas que anunciamos en Colonia en setiembre de 2024 y el Consejo de Ministros a iniciativa del presidente Yamandú Orsi lo incluyó en las 63 prioridades de gobierno”. En ese marco, afirmó que el proyecto “ya está en manos del presidente de la República, que una vez que entienda pertinente lo remitirá al Parlamento para su discusión. Supongo que será una vez que finalice la discusión presupuestal”.
UNA POLÍTICA PÚBLICA DE JUSTICIA
El jerarca refirió que “en la institucionalidad de la mayoría de los países occidentales existe el Ministerio de Justicia”. Explicó que la creación del nuevo ministerio responde a la necesidad de estructurar y coordinar de manera integral a los múltiples organismos que forman parte del sistema de justicia. “Un Ministerio de Justicia debería encargarse de coordinar, diseñar, de ser un puente entre los distintos organismos del Estado que trabajan en la administración de justicia”, señaló.
Agregó que, más allá del Poder Judicial, existen instituciones clave como la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Inisa, el INAU, cuya labor requiere mayor articulación. “Si ese conjunto tan grande de organismos no está estructurado, pensado y organizado en su conjunto, lo que pasa es que hay grandes problemas de coordinación y se duplican esfuerzos”, advirtió.
Entre los cometidos que debería asumir el ministerio, Díaz destacó la mejora del acceso a la justicia. “Tenemos muchos abogados que no tienen clientes y miles y miles de personas que no tienen abogado. Este problema no lo resuelve la oferta y la demanda del mercado. El Estado tiene mucho que hacer”, sostuvo.
Otro aspecto clave, añadió, es la necesidad de introducir mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. “En Uruguay el sistema de justicia no se mide, no se sabe cuánto llevan en promedio los procesos”, afirmó, subrayando la importancia de establecer objetivos claros y rendir cuentas ante el Parlamento y la ciudadanía.
PENAS Y MEDIDAS CAUTELARES
Díaz también planteó que un Ministerio de Justicia debería promover políticas alternativas a la reclusión, frente al crecimiento sostenido de la población carcelaria. “Tenemos 16.500 presos y subiendo. En el año 2000 teníamos 5.000”, señaló, al tiempo que mencionó el uso de dispositivos de prisión electrónica como una herramienta válida.
En la misma línea, consideró fundamental desarrollar políticas públicas tanto para las medidas cautelares como para el cumplimiento de penas, con un enfoque que trascienda la privación de libertad como única respuesta.
SEGURIDAD JURÍDICA Y DEFENSA DEL ESTADO
El prosecretario incluyó dentro de los cometidos del eventual ministerio la modernización y coordinación de los registros públicos, desde el de la propiedad inmueble hasta el registro civil. En definitiva, “es un tema de seguridad jurídica”, afirmó, señalando la necesidad de avanzar en la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas.
Asimismo, indicó que el ministerio debería asumir un rol central en la defensa jurídica del Estado, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, explicó que “estamos proponiendo en el presupuesto la creación de una Secretaría de Litigio Estratégico para que lleve los juicios a nivel internacional con los estudios jurídicos internacionales” en aquellas “causas que tengan interés estratégico”, explicó.
Hacia el cierre de su exposición, Díaz enfatizó que la propuesta se ajusta estrictamente a los límites constitucionales. “El artículo primero de la ley es que el Ministerio de Justicia no cumple función jurisdiccional, y segunda cosa que no hace ni va a hacer, porque es un Ministerio de Justicia pensado para la Constitución uruguaya, es no cumplir ninguna de las funciones administrativas que la Constitución le asigna a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, aseguró.
Y concluyó con una frase: “Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución absolutamente nada”.
