Un análisis del economista Jorge Caumont, en el suplememento Economía y Mercado de diario El País, es ilustrativo sobre el desfasaje que existe, a lo largo ya de varios años, entre parámetros de la economía del Uruguay, y que dan cuenta de que hay áreas que no cierran, que no convergen para hacer que estemos ante una ecuación de equilibrio, y que por lo tanto que hay temas pendientes y factores distorsionantes que hay que tener en cuenta a la hora de las decisiones y el rumbo a seguir.
El economista da cuenta de que “desde hace varios años observo que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, y que los salarios nominales suben, marcándose así un desajuste significativo entre ambas variables. Se trata a mi juicio de conceptos cuya relación observada durante cierto lapso, sin que ocurra de manera similar en otros socios comerciales, da una idea de la evolución de la competitividad de la producción transable uruguaya con el exterior”.
Agrega que ello afecta además “la producción que localmente sustituye importaciones, y la producción que se exporta. Desde el comienzo de 2020 hasta hoy, los salarios han subido 53,3 por ciento, y el valor del dólar lo hizo en 7,2 por ciento, lo que implica que los salarios han aumentado en el lapso indicado, 43 por ciento en dólares”. Considera que “además, en igual período y de acuerdo con el incremento del índice general de precios al consumo (IPC), que ha sido del 46 por ciento, los precios en dólares en nuestro país han aumentado un 36 por ciento”, en tanto que esa combinación de la diferente evolución de las variables mencionadas “se da con la inflación en tendencia bajista, que la ha llevado en los últimos doce meses hasta setiembre al 4,25 por ciento, un buen registro por debajo de la meta del 4,5 por ciento que desde hace tiempo fijó la autoridad monetaria y que ahora la espera modificar”.
Esta lectura de datos igualmente da para sacar algunas conclusiones, que responden a una situación que se ha venido observando a lo largo de varios años y que no solamente implica al gobierno actual y al anterior, sino que da la pauta de que en materia de economía, por encima de matices entre las respectivas administraciones, tal como viene la mano, hay muy poco margen de maniobra para zafar de este esquema rígido entre tipo de cambio, inflación, salarios, competitividad y nivel de actividad.
El eje está dado por elementos “duros de matar”: el valor del dólar y su efecto de “sicosis” en los operadores de la economía y el ciudadano común: cuando el dólar insinúa una tendencia alcista, por algún tiempo más o menos sostenido, cunde el síndrome del “sálvese quien pueda” y se fijan precios al alza, en tanto cuando la cosa es a la inversa, como ahora, hay cierta tranquilidad en la plaza pero rara vez la cotización que se da en moneda nacional baja en igual medida que la evolución de la divisa.
Pero a la vez, también se ha reajustado al alza la equivalencia en dólares de los salarios y pasividades, en todo este período, y la consecuencia beneficiosa es que esta estabilidad favorece el consumo, porque a una inflación “planchada” se le agrega un reajuste del 36 por ciento en la equivalencia en dólares, y por lo tanto hay un plus de valor adquisitivo para el promedio de los productos importados.
Ocurre que hay perdedores en esta ecuación: primero, la competitividad y por ende el sector exportador, y no tanto el de los productos primarios, por aquello de las ventajas comparativas para producir, sino aquellos que aspiran a dotar a su producto de algún valor agregado, y se encuentran con que el costo país, sobre todos los salarios altos en dólares así como la carga impositiva, disparan la ecuación y no pueden competir en los potenciales mercados compradores. En la misma situación se encuentran aquellos que trabajan en sectores que venden en el mercado interno pero que compiten con los productos importados más baratos por efectos del tipo de cambio y el costo país.
Falta mencionar otro perdedor, entre tantos, y es lo que tiene que ver con el empleo, porque cuando resulta más barato importar que hacerlo acá, se pierden puestos de trabajo –bien lo sufrimos en Paysandú cuando resulta tan barato ir a comprar a Colón– pero además porque la economía es un laberinto de vasos comunicantes y cuando se pierden fuentes de trabajo, no hay otras que las sustituyan, a la vez que hay empresarios que se pasan total o parcialmente al sector informal, al igual que quienes de él dependen. Por lo tanto, se reducen las horas trabajadas y la economía comienza a debilitarse porque los capitales de riesgo se retraen o se esfuman y solo queda el Estado, que se nutre de recaudar en el sector privado de la economía. Ya hemos tenido sobre todo en los últimos meses la desaparición de fuentes de trabajo, que en el caso de multinacionales se trasladan hacia otro país porque la ecuación no les da, entre los salarios altos en dólares, las cargas tributarias y los servicios caros que están en ese nivel porque el Estado necesita recaudar para sostener su burocracia y financiar gastos de funcionamiento e inversiones.
Y aquí vienen al caso reflexiones aportadas al semanario La Mañana por el Ec. Martín Alesina, investigador de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) en el sentido de que en el presupuesto se han incluido elementos que determinan un incremento del 10 por ciento en el gasto en términos reales en este quinquenio, a la vez que subrayó que “Uruguay necesita ser más competitivo. Uruguay es caro y va a seguir siéndolo, –al menos en el corto y mediano plazo– y lo que hay que hacer es buscar medidas para alivianar los costos”, pero se preguntó cómo lograr una tasa de crecimiento aceptable “con una inversión tan baja”.
El objetivo planteado ideal de la inversión “es del 20 por ciento y cuando vemos los números no llega al 17 por ciento”, en tanto acotó que “los problemas de competitividad siguen estando”, mientras que las medidas que se han anunciado hasta ahora “no logran mover la aguja de la competitividad”.
En este sentido reflexionó que “la gran reforma estructural que hay que hacer es la revisión a fondo del gasto público”, para aliviar el peso del Estado e incidir en los costos que se aplica a los sectores reales de la economía por las estructuras que no se han tocado. Consideró que ya el sector exportador ha asumido que en este gobierno no se va a modificar el valor del dólar, por lo que “entienden que ahora el reclamo más apropiado es el de los costos de producción, costos de la energía, costos laborales, costos de trámites, costos de generar nuevas inversiones”. Porque, de seguir así la situación, “Uruguay va a seguir siendo muy poco competitivo y va ser más difícil generar más inversión”.
Estas reflexiones son absolutamente válidas, y van en línea con lo que hemos venido reclamando desde esta página editorial, ya desde hace varios años. Y no se ha hecho porque siguen primando los inmediatismos, las dificultades que implican las reforma estructurales, porque se choca con los lobbies de los sectores –sobre todo del Estado– que no aceptan que siquiera se roce algunos de sus privilegios, y porque además todo lo que se hace desde el gobierno, desde el sistema político se mide en costos electorales, y no hay ninguno que quiera pagar esos costos en las elecciones siguientes. Como dijera el expresidente José Mujica: “No me la llevan”, y tampoco pudo cumplir Tabaré Vázquez con “la madre de todas las reformas” del Estado. Tan duro como irritante, pero cierto e incontrastable. Es la realidad en la que se debate nuestro país desde hace largo tiempo, y que nos mantiene dentro del corral de ramas de la mediocridad y la resignación, aunque no se diga.
