Los aparatos eléctricos y electrónicos forman parte de nuestra vida desde hace ya un buen tiempo, pero en los últimos años se han masificado a medida que las tecnologías y los materiales se abarataron, al igual que mejoró la calidad de las baterías. Incluso muchos objetos que antes no eran necesariamente artesanales, pero sí empleaban otro tipo de tecnología, hoy funcionan en modo eléctrico o electrónico. Es el caso de las afeitadoras, que además se han diversificado en una amplia gama de dispositivos destinados a distintas necesidades de estos “raros peinados nuevos”, a decir de Carlos García.
Naturalmente, a medida que su uso creció, también explotó la cantidad de marcas —y de productos genéricos a los que el importador les coloca la marca que quiere— y las distintas escalas de calidad. Antes, si uno quería comprar una máquina de tocar discos, había dos o tres opciones en el mercado y alguna más pensada para profesionales. Hoy basta un clic para comprobar la saturación de la oferta. Y eso sin mencionar lo más obvio: teléfonos celulares, computadoras y juguetes eléctricos y electrónicos.
Al mismo tiempo que esta oferta se multiplica —habría que ver qué ocurre con la demanda, porque datos precisos no hay—, también aumentan de forma considerable los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que quedan obsoletos y terminan en el reciclaje. Y aquí aparece el problema. En el mejor de los casos, esos residuos se reciclan; sin embargo, en Uruguay estamos más cerca del peor escenario, porque hoy no existe una política de recuperación y disposición final que esté realmente operativa. Y se dice “hoy” porque la semana próxima esto debería cambiar radicalmente, cuando se cumpla el plazo para que entren en vigencia los planes de gestión de residuos que involucran a importadores y fabricantes de juguetes. Y se dice “deberían”, en condicional, porque —según un artículo de El Observador— esto no estaría ocurriendo en la mayoría del sector: simplemente “dejaron para último momento”, afirma la nota.
El funcionamiento de estos planes se basa en el concepto de “responsabilidad extendida del productor”, es decir, de quien pone el producto en el mercado. Esto no es nuevo: ya se aplicó con buenos resultados en sectores como el de los neumáticos y los envases de agroquímicos. Claro que se trata de rubros que no tienen ni por asomo el volumen ni la complejidad del de los aparatos eléctricos y electrónicos, pero el antecedente existe y vale mencionarlo.
Aunque el artículo alude a la cercanía de la zafra navideña, es probable que la mercadería ya esté en plaza o en tránsito, con procesos de compra culminados, que es justamente donde se aplican las restricciones del decreto en caso de incumplimiento. El Decreto 292/024, vigente desde 2024, obliga a fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos a adherir a un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Ambiente. El proceso se activa cuando los empresarios realizan el trámite en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): para ingresar la mercadería al país deben elegir a qué plan de gestión están adheridos o presentar una carta de intención especificando a cuál se sumarán, para que el Ministerio habilite la importación. Así lo explicaba Matías Silva, responsable de gestión de residuos de Depósito Pedernal, entrevistado en la nota mencionada.
El objetivo de la normativa es recuperar en el próximo año un 40% de los residuos eléctricos y electrónicos generados; la meta sube al 60% en 2028 y al 85% en 2029. Según Silva, estas metas son ambiciosas para el mercado uruguayo, y citó el caso de uno de los mayores importadores con los que trabaja, que genera 35.000 kilos mensuales de RAEE. Sus mediciones muestran que “la vida útil de los electrodomésticos en Uruguay es entre un 50% y un 60% más larga que en Europa”, región tomada como referencia para el decreto.
Hasta aquí todo parece claro, y habrá que ver qué ocurre con la adopción de estas disposiciones por parte de los importadores. Pero queda pendiente el resto: para instrumentar este sistema se necesita una política de comunicación y concientización dirigida a los usuarios; es necesario definir qué sucede con los equipos una vez recuperados; si existe o no un dispositivo de reciclaje o de aprovechamiento de piezas reutilizables. Y, sobre todo, cómo se cubrirán los costos de todas estas operaciones —recepción, acopio, traslado, clasificación, etc.— porque si la idea es trasladar ese peso al precio final y que termine pagándolo el consumidor, poco favor se le hará al comercio en momentos en que ya acusa el golpe del llamado “efecto Temu”, que el gobierno pretende combatir mediante un nuevo gravamen cuyo efecto, en el mejor de los casos, sería limitado.
A esta altura, y a tan pocos días de que venza el plazo, hay muchas más incertidumbres que certezas.
