El contrato del Estado uruguayo con la empresa española Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por offshore patrol vessel, según su denominación en inglés) ha desatado una profunda polémica en la que se entremezclan, por un lado, el estado de las obras realizadas hasta el momento y, por otro, el contenido de un contrato que no se ha dado a conocer a la opinión pública, lo que despierta todo tipo de suspicacias. El valor total del contrato asciende a 92 millones de dólares por ambas naves.

Con el propósito de esclarecer esta situación, recurrimos al resumen publicado por la revista Forbes Uruguay, que detalla cronológicamente las gestiones realizadas tanto por el presidente Lacalle Pou como por el presidente Orsi. En diciembre de 2021, el gobierno de Lacalle Pou anunció un proceso licitatorio para la compra de dos patrullas oceánicas, nuevas o usadas. A esa instancia se presentaron empresas de China, Holanda y Francia. La propuesta técnica mejor calificada fue la china, lo que generó el malestar de Estados Unidos, que a comienzos de 2022 manifestó su disconformidad al gobierno uruguayo. Luego de un período de incertidumbre, el Ejecutivo anunció en enero de 2023 que dejaba desierta la licitación, alegando que los precios eran demasiado elevados (casi 200 millones de dólares por ambas patrullas), decisión que provocó el descontento de China.

En abril de 2023 surgió una alternativa: dos buques que la Armada de Noruega iba a descartar. Sin embargo, esa opción también fue desechada porque las embarcaciones excedían la profundidad de los muelles del puerto de Montevideo. Tras esos dos intentos frustrados, el gobierno decidió contactar —vía telefónica— a distintos astilleros capaces de construir patrulleras según una serie de requisitos básicos de infraestructura. En julio de 2023 se resolvió adjudicar al astillero Cardama la construcción de dos OPV por 82 millones de euros, la oferta más económica, y en diciembre de ese año se firmó el contrato con la empresa española.

El plazo original para la presentación de garantías era de 45 días. Sin embargo, a Cardama le resultó difícil encontrar instituciones que otorgaran ese tipo de avales, lo que dilató el proceso durante diez meses. En octubre de 2024 apareció la empresa EuroCommerce LTD como alternativa, aunque su aval era por un año y no por los cuatro años del contrato. En setiembre de 2025, ya con Orsi en el poder, venció el plazo para la renovación de la garantía de fiel cumplimiento por 4,5 millones de dólares que debía presentar Cardama, y el Ejecutivo resolvió ejecutarla. Tras una visita del embajador uruguayo en Londres a la sede de EuroCommerce, se constató que en esa dirección funcionaba una inmobiliaria y que la firma era una empresa de papel a nombre de un ciudadano ruso. En octubre, el gobierno comunicó en conferencia de prensa —a la cual, llamativamente, no asistió la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazzo— su decisión de rescindir el contrato por sospecha de fraude contra el Estado. Según el presidente Orsi, las acciones iniciadas por el Estado uruguayo contra Cardama se debieron a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”. El Poder Ejecutivo presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal contra Cardama por la irregularidad constatada en la garantía de fiel cumplimiento del contrato, valuado en más de 92 millones de dólares. También anunció su intención de iniciar una demanda civil contra el astillero español. Cardama, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró no haber incumplido el contrato, se mostró sorprendida por la decisión del gobierno y ofreció sustituir la garantía de EuroCommerce por una nueva. Integrantes de la oposición advirtieron sobre la posibilidad de que se inicie un juicio millonario contra el Estado. Si bien inicialmente trascendió que el avance de la construcción de la primera patrulla era del 60 %, posteriormente un informe de la Armada lo situó en apenas un 20 % del cronograma previsto. El gobierno ya había desembolsado unos 30 millones de dólares para la construcción de las OPV.

Días después, el tono del Poder Ejecutivo cambió por completo. Tanto el presidente Orsi como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, manifestaron públicamente que si aparecía un nuevo aval como garantía, el contrato con Cardama podría continuar. “Si consiguen otra garantía, veremos”, dijo el presidente en rueda de prensa. Oddone había declarado previamente que, si la garantía era sustituida por otra con sustancia, el contrato debía seguir adelante. En resumen, Orsi tuvo que “recular en chancleta”, una tarea de por sí complicada, pero que en este caso suma la gravedad de exponer al país a juicios millonarios por no haberse asesorado previamente desde el punto de vista jurídico. No cabe duda de que Orsi fue elegido legítimamente por la mayoría de los uruguayos y de que Gabriel Oddone es un reconocido especialista y académico en materia económica, pero ninguno de los dos es abogado. Este asunto debería haber sido estudiado por profesionales del Derecho. Al fin y al cabo, nadie llama a un electricista para reparar una silla de totora. Por algo existe el dicho: “Zapatero, a tus zapatos”.

El enrevesado proceso de la construcción de estas patrulleras deja abiertas algunas preguntas que no pueden ser eludidas. ¿Por qué el gobierno de Lacalle Pou adjudicó la construcción de las naves a una empresa sin antecedentes en el ámbito militar? ¿Por qué esa administración esperó diez meses por una garantía que debía presentarse en 45 días? ¿Por qué se desoyó el informe del estudio jurídico Delpiazzo, que advirtió reiteradamente sobre “dificultades” y “desprolijidades” en el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo? El abogado José Miguel Delpiazzo declaró que “preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor Mario Cardama, una y otra vez”, según informó La Diaria. ¿Por qué el Estado uruguayo no inició acciones legales cuando supo que apenas el 20 % de la obra estaba ejecutada?

A esta altura, resulta evidente que tanto el gobierno anterior como el actual han manejado el tema de la construcción de las patrulleras cometiendo una serie de omisiones que arrojan sombras sobre todo el proceso. Errores antes y errores ahora, cuyo desenlace ya conocemos: ni Orsi, ni Lacalle Pou, ni Javier García, ni Sandra Lazzo pondrán un peso de su bolsillo para pagar los platos rotos cuando Uruguay sea condenado al pago de daños y perjuicios por haber rescindido el contrato de manera indebida. Los que terminaremos pagando esos millones de dólares seremos los uruguayos de a pie o, como decía el periodista Tomás Linn, “los nabos de siempre”. Nada nuevo bajo el Sol: los políticos de todos los partidos juegan con el dinero que es de todos, pero cuando pierden, quienes pagamos somos nosotros, no ellos.