En cada elección nacional y departamental se repiten, una y otra vez, las mismas prácticas y promesas clientelísticas: se compran votos con dinero, se paga por colocar carteles en el frente de las casas o por asistir a actos (en los cuales se pasa lista bajo la amenaza de perder el trabajo si no se concurre), se prometen cargos que llagarán tarde, mal o nunca y por sobre todo se juega con la necesidad de la gente, corrompiendo la política y debilitando la democracia como sistema de convivencia. Quienes defienden esas prácticas responden, como si de un mantra se tratara, “que eso siempre pasó”, “que así es la política” y que “eso nunca va a cambiar”. Uno de los problemas que afrenta América Latina en su conjunto es, precisamente, la debilidad (cuando no la carencia) de instituciones fuertes que se ven opacadas por los liderazgos caudillistas que han gobernado nuestro continente desde antes de su proceso independentista. En efecto, en América Latina (y la famosa “Patria Grande” que no se concreta por nuestras propias debilidades) sobran personalidades fuertes, falta de controles, corrupción y arbitrariedad sin importar los partidos que gobiernen, pero falta institucionalidad democrática.
Los investigadores María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks consideran que “la debilidad de las instituciones políticas socava tanto el desempeño económico como la estabilidad y la calidad de la democracia y que América Latina existen incentivos para crear instituciones débiles”. Para estos autores, “una institución fuerte es aquella que modifica lo que sucedería si la institución no existiera, es decir, que logra cambiar el comportamiento de los actores, cumpliendo con ello el objetivo para el cual fue creada”.
Los académicos mencionados destacan, asimismo, “los factores que provocan la debilidad institucional, esto es, el incumplimiento, la inestabilidad y la insignificancia. El incumplimiento ocurre cuando los actores relevantes ignoran a la institución en lugar de cumplir con sus disposiciones, reduciendo con ello la influencia que puede tener en su comportamiento. ¿Cómo se incumple con una institución”? Murillo, Levitsky y Brinks identifican diversas causas: “en primer lugar, se encuentra la no aplicación por parte del Estado, y sucede, por ejemplo, cuando los funcionarios locales se niegan a ejecutar sus disposiciones.
En segundo lugar, la aplicación selectiva sobre algunos individuos o grupos, la cual se puede facilitar incluso desde el diseño mismo de la institución al establecer ambigüedades que permiten que los responsables de la institución actúen con gran discrecionalidad. De igual manera, la ausencia de sanciones fuertes a quienes no cumplan con lo dispuesto por la institución se convierte en un incentivo para ignorar o desafiar a la institución. (…) Por último, la insignificancia se refiere a aquellas instituciones de las cuales se acepta cualquier resultado que se obtenga. De modo que, si la institución no existiera, se seguiría produciendo el mismo resultado en los actores relevantes. Por lo tanto, estas instituciones son triviales ya que no cumplen un papel efectivo como guías del comportamiento de los actores”.
Un ejemplo claro de la debilidad institucional mencionada es la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la cual es un servicio descentralizado, que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura y tiene, al menos en teoría, independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Tiene personería jurídica. La dirección y administración de la Jutep es ejercida por un Directorio integrado por tres miembros rentados: un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal, que serán designados por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. El desempeño de la Jutep en diversos casos en los últimos años ha dejado en claro que se trata de un organismo al servicio del partido gobernante de turno para justificar desde decisiones políticas o hasta de dudosa legalidad (poco importa si es el Partido Nacional, el Frente Amplio o la ya deshilachada Coalición Republicana); en todos los casos la Jutep dice, hace y vota en favor del gobierno que se encuentre en el poder. De acuerdo con su página web, la Jutep “es el órgano autónomo encargado de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia”.
Ante tantos papelones de la Jutep, referentes de diversas tiendas políticas se han manifestado sobre la posibilidad de modificar la institucionalidad de ese organismo cuyo desprestigio, falta de rigor y capacidad de ser influenciado poco llaman la atención a cualquier ciudadano. En efecto, Pedro Bordaberry presentó una propuesta para cambiar el diseño institucional de la Jutep a través del proyecto de presupuesto, mientras que el nacionalista Martin Lema y hasta el ministro de Educación y Cultura se manifestaron al respecto. Como en tantos temas nacionales (salud, seguridad, educación, pobreza infantil) es urgente un acuerdo político a nivel parlamentario para rescatar a la Jutep de la propia dinámica perversa a la cual la obligaron los que hoy se rasgan las vestiduras mientras piden (o aceptan) supuestas modificaciones.
De otra forma, el organismo que debería velar por la transparencia y legalidad en el sistema político no será más que una herramienta para justificar maniobras turbias, un camino que poco favor le hace a la democracia y que a la postre termina erosionando la credibilidad de todo el sistema político.
Con el reciente fallo donde los políticos al frente de la Jutep terminaron respaldando la claramente inconstitucionalidad de la función de Alvaro Danza al frente de ASSE –que además fue señalado por el informe técnico llevado a cabo por la propia Jutep–, quedó en evidencia la imperiosa necesidad de cambiar el funcionamiento del organismo o en su defecto, de eliminarlo. El papelón ya se hizo y al mejor estilo venezolano –donde de igual forma el Consejo Nacional Electoral “decretó” el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024–. Evitemos seguir avanzando en ese sentido, porque ya sabemos cómo termina la historia.