El Proyecto de Presupuesto Departamental 2026–2030 se presenta, desde sus primeras páginas, como una definición política antes que un mero cuadro de ingresos y egresos. El texto sostiene que la planificación no se agota en “la mera previsión de recursos”, sino que exige “ordenar prioridades” y, sobre todo, “proyectar inversiones estratégicas capaces de transformar realidades en el territorio y en la vida cotidiana de nuestra gente”.
En continuidad con el período anterior, la Intendencia afirma haber fijado “como línea directriz aumentar el porcentaje de recursos destinados a inversiones”, argumentando que es allí donde “radica el valor público” y donde se determina “un retorno directo a los contribuyentes”. Para que ese giro sea posible, el mensaje presupuestal anuncia “una política de racionalización” del gasto de funcionamiento y “una estrategia de optimización de procesos”, orientadas a concretar “un sostenido y significativo aumento de los niveles de inversión”, que luego deberá verse en “una ejecución efectiva y transparente”. La frase final –ejecución efectiva– es, probablemente, la vara con la que la ciudadanía medirá todo el quinquenio.
CAMINERÍA Y CONECTIVIDAD: LA INVERSIÓN COMO EQUIDAD
Se asegura que “el mantenimiento y la ampliación de la red vial seguirá siendo una prioridad”. El presupuesto define que “la inversión en caminería y conectividad territorial es, a la vez, una política de equidad: acerca servicios, reduce aislamientos, mejora la competitividad productiva y fortalece el desarrollo local”.
Esa prioridad se operacionaliza dentro del Programa 2000, donde Obras se describe como responsable de “hacer ciudad y hacer territorio”, garantizando movilidad, conectividad y respuesta ante situaciones críticas como “deterioro vial” e “inundabilidad”. Y lo hace desde una “lógica integrada: infraestructura + planificación + control + ejecución + mejora del hábitat”, con intervención en ciudad, centros poblados, área rural y corredor termal, acompañando la descentralización y coordinando con municipios en rubros como “caminería rural, bituminización, cordón cuneta, alumbrado y mejoras de infraestructura local”.
DE LA PLANIFICACIÓN A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
El documento insiste en un cambio de enfoque al producir y ejecutar mejor desde el propio gobierno departamental. En el Programa 2000, la planificación se alinea a “eficiencia en el uso de recursos”, “priorización de inversión”, “fortalecimiento del rol del funcionario municipal como ejecutor de obras” y modernización “para brindar mejores servicios y mayor previsibilidad a la ciudadanía”. En Vialidad y Construcciones, por ejemplo, el presupuesto plantea reforzar la planificación de intervenciones “por corredores, conectores y zonas prioritarias”, atendiendo patologías viales y obras complementarias de drenaje y soporte urbano, junto con el trabajo con el nivel municipal, especialmente “en caminería rural y bituminización”.
¿CUÁNTA INVERSIÓN ESTÁ EN JUEGO? CIFRAS QUE DAN ESCALA
El Programa 2000 define líneas de inversión y metas operativas –caminería, drenajes, alumbrado, gobernanza territorial–, pero no detalla un plan de obras con proyectos nominados por barrio o localidad; eso quedará para planes anuales, licitaciones y definiciones con los municipios.
El documento incluye números que ayudan a dimensionar la apuesta. En el capítulo de inversiones del Programa 2000 aparecen montos para “Vías de comunicación” y “Otras construcciones de dominio público” en la órbita de Obras, con cifras que trepan fuerte a lo largo del quinquenio. Por ejemplo, para “Vías de comunicación” se consignan –en pesos uruguayos– 3.100.000 (2026), 18.900.000 (2027), 53.150.000 (2028), 34.850.000 (2029) y 73.000.000 (2030), mientras que “Otras construcciones de dominio público” concentra montos aún mayores: 334.576.250 (2026), 333.417.967 (2027), 267.071.002 (2028), 163.781.917 (2029) y 67.435.521 (2030). Son cifras que, aunque requieren lectura técnica para asociarlas a obras concretas, muestran la magnitud del componente inversión dentro del área.
Más específico aún, el cuadro de inversiones de la Dirección de Vialidad y Construcciones registra un aumento sostenido hacia el final del período, con un total anual que pasa de 145.358.516 (2026) y 159.658.165 (2027) a 165.347.542 (2028), para saltar a 274.766.850 (2029) y 285.323.365 (2030).
En Alumbrado también aparece un volumen de inversión anual identificado en el capítulo correspondiente, con cifras de 13.786.000 (2026), 16.700.000 (2027), 13.800.000 (2028), 9.700.000 (2029) y alrededor de 10 millones en 2030. En un rubro muy sensible en barrios y localidades, esa inversión se vincula a una modernización que el documento describe como el pasaje a “un modelo de gestión moderna, con tecnología de punta, monitoreo remoto, racionalización energética y aplicación progresiva de energías alternativas”.
RESILIENCIA CLIMÁTICA, DRENAJES Y CIUDAD PREPARADA
Uno de los elementos que ha cobrado fuerza en tiempos recientes, es la resiliencia climática. El Programa 2000 incorpora, como línea estratégica, la “integración institucional” de planificación, normativa y control mediante la Unidad de Planificación y Gestión Territorial (UPGT), definida como un “modelo de gobernanza territorial moderno, transparente y orientado a la resiliencia climática”. Además, coloca en el centro una “transformación digital transversal” en procesos de obras y territorio, con trazabilidad y datos para mejorar decisiones.
La UPGT aparece como intento de ordenar el mapa, al actualizar instrumentos, mejorar fiscalización, digitalizar expedientes y dar coherencia técnica a la relación entre crecimiento urbano y capacidad de servicios, en una realidad de obras que no conectan entre sí. Drenajes insuficientes, intervenciones que se repiten en el mismo punto sin resolver la causa, y expansión urbana que agrega presión sobre infraestructura existente.
En paralelo, el documento suma una mirada ambiental urbana que también impacta en la experiencia cotidiana. Se incorpora la necesidad de diseñar e implementar un “Plan Maestro de Arbolado” como estrategia integral para preparar la ciudad frente a desafíos climáticos “actuales y futuros”, integrándolo al desarrollo urbano y a la mejora de espacios públicos. Puede parecer un tema secundario, pero en clave de adaptación climática –sombra, confort térmico, calidad del aire, escurrimientos y suelo– es parte de la infraestructura que no siempre se mide en metros de pavimento, pero se siente en la calle.
DISCIPLINA FISCAL Y EL “RIESGO” DE LOS INGRESOS
El propio documento advierte que las estimaciones de ingresos deben actuar “con prudencia y realismo financiero” y sostener un presupuesto “justo”, con “sostenibilidad y disciplina fiscal”. Esa prudencia no es abstracta, el articulado incluye normas de equilibrio. Por ejemplo, se dispone que, para mantener equilibrio presupuestal, los gastos mantendrán “una razonable relación con las reales recaudaciones”. Y, si no se perciben fondos nacionales o específicos previstos, se prevé “la disminución de partidas asignadas a los Programas de funcionamiento e inversiones” por el mismo valor de lo no percibido, dando cuenta a la Junta Departamental.
Esto es, parte de la capacidad de invertir depende de que los ingresos efectivamente lleguen; si no llegan, se recorta. Para barrios y localidades, eso vuelve aún más importante el seguimiento, estableciendo qué queda priorizado y qué se posterga si hay ajustes.
LA MEDIDA REAL: OBRAS QUE CAMBIEN RUTINAS
Invertir más, modernizar procesos, planificar con datos, coordinar con municipios y asegurar equidad territorial. Proyecta al Programa 2000 como “una plataforma integrada para invertir mejor, planificar con mirada de largo plazo” y asegurar crecimiento “ordenado, resiliente y equitativo”. El documento del presupuesto promete que la ejecución será “efectiva y transparente”. Para el ciudadano, la inversión se vuelve real cuando cambia rutinas, cuando una calle deja de romperse a los pocos meses, cuando un barrio deja de inundarse, cuando un camino rural no se corta con la lluvia, cuando una localidad gana iluminación y espacios públicos sostenibles, y cuando el interior comprueba que la municipalización no fue una formalidad, sino una herramienta para decidir y recibir obras con criterios claros. El presupuesto tiene cinco años para cumplir su propósito original, el de transformar el territorio y la vida cotidiana.
Be the first to comment