La situación del empleo en Paysandú ha dejado de ser un tema de indignación para transformarse en un tema de resignación. Desde hace mucho tiempo los sanduceros hemos aceptado, casi como un hecho del destino, que los pocos puestos de trabajo que aún existen se vayan perdiendo o simplemente se precaricen, sumidos en la informalidad al pasar de empleos registrados a empleos “en negro” o al transformarse en changas esporádicas para “ir tirando”. Entretanto, quien ha perdido su empleo busca la forma de “rebuscarse” y el consumo y el pago de tributos municipales (contribución inmobiliaria, patente, etcétera) cae en picada, acelerando un círculo vicioso donde nadie nada gana.
En nuestra edición del día de ayer informábamos que “los trabajadores de AmBev-Cympay nucleados en el SOEN fueron convocados por la gerencia a una reunión donde anunció una “parada” de la producción en la planta sanducera a partir del 1º de marzo, el ingreso al seguro de desempleo al 90% de los trabajadores de la planta –unas 90 personas aproximadamente– y reconoció que ‘no está descartado’ el cierre”. El caso de esta empresa no es una situación aislada sino una perla más en el collar del desempleo sanducero que por cierto ya es lo suficientemente largo y pesado como para que nos preguntemos, parafraseando a los personajes de la novela “Conversaciones en la Catedral” de Mario Varga Llosa… ¿cuándo se jodió Paysandú? Ajustando esa interrogante a nuestra realidad departamental, deberíamos preguntarnos… ¿En qué momento nos transformamos en una sociedad que comenzó a caminar hacia atrás y a renunciar al progreso de su gente? ¿Qué fue lo que cambió en todos estos años?
Lo que cambió en nuestro país durante esos años se puede resumir en una sola oración: altos costos y el sindicalismo extorsivo. En efecto, Uruguay es un país tremendamente caro en términos internacionales, fruto de cargas impositivas tan ridículas como necesarias para solventar un aparato público lleno de cargos inventados, funcionarios “ñoquis” y cargos que los políticos de todos los partidos sin excepciones reclaman para sus militantes más cercanos. Desde hace muchas décadas el Estado Uruguayo es un botín que cada cuatro años se disputan los políticos que si bien “nos endulzan los oídos” cada cuatro años con promesas que queremos escuchar, sólo están preocupados porque “le renueven la beca” y seguir viviendo cuatro años a costillas de “los nabos de siempre”, o sea los contribuyentes que saben bien lo que son las 8 horas (no como los políticos) y deben pagar peso sobre peso tarifas ridículamente costosas y un combustible absurdamente caro. Hasta el embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong reconoció hace algunas semanas que “Uruguay es un país muy lindo, para nuestro círculo diplomático (es) el mejor destino. La única desventaja aquí es el costo de vida, es relativamente caro, no solo (respecto) a América Latina, sino también en todo el mundo. Si puede ayudar a bajar un poco el costo de vida, entonces no solo mejora mucho la vida del pueblo, si no que eleva mucho la competitividad económica de Uruguay”.
Y cuál es la respuesta del gobierno para procurar bajar el “costo país”. Pues muy por el contrario, todo lo que se les ocurre es aumentarlo directa o indirectamente, porque para gastar plata sí tienen excelentes ideas, pero para ahorrar o hacernos más competitivos, nada. Mientras tanto distraen la atención de los ciudadanos, quienes creen que el futuro del país se juega en las lanchas encargadas al astillero Cardama o en la capacidad productiva de la estancia María Dolores. Al igual que el tero, los políticos uruguayos gritan lejos del nido para desviar el foco de los grandes temas. Si a eso le sumamos un poco de fútbol, el combo perfecto para nublar la capacidad crítica de la población está lista. Al igual que en la Antigua Roma, todo se trata de “pan y circo”.
A todo lo anterior se le suma el sindicalismo extorsivo llevado adelante por la casta sindical, el cual ha comenzado a dar sus nefastos frutos. Sabido es que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentará un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores. Algo parecido a lo que sucedía en la dictadura cuando los militares aplicaban la censura previa para saber de qué iba a escribir un periódico, aunque hoy es Castillo que quiere saber qué piensa hacer usted con su empresa y ver si lo van a autorizar o no. ¿Cuál es el motivo por el cual se impulsa esta iniciativa? La posibilidad de que la “patota sindical” del Pit Cnt, brazo de “acción” del Frente Amplio pueda presionar a los empresarios para lograr mejores indemnizaciones para ellos mientras el resto de los “perejiles” que compongan la plantilla de la empresa se arreglaran como puedan. En efecto, en los últimos tiempos se han ido de Uruguay o han reducido su operación en nuestro país una gran cantidad de empresas internacionales, entre las cuales se cuentan BASF y Sabre, últimas protagonistas involuntarias de una sangría que no para y a la cual se sumará, más temprano que tarde, Conaprole, una empresa que está sufriendo el asedio sistemático e implacable de “la patota sindical”, y que por lo visto sigue el camino de la emblemática empresa ONDA de transportes, que en los ’90 terminó cerrando cuando ya no le quedaban más pasajeros porque no se podía confiar en que el ómnibus saliera a destino, por los paros sorpresivos del sindicato.
Por lo pronto, exigir a las empresas un preaviso de cierre o despidos masivos lo único que puede lograr es desestimular la inversión en Uruguay, más cuando el Ministerio de Trabajo y el Pit Cnt están alineados al Partido Comunista. Y eso los empresarios lo tienen muy en cuenta.
Esto ocurre justo en un momento en que el país necesita imperiosamente atraer inversiones, porque el presupuesto dispuesto por el gobierno para el quinqueño está supeditado a un crecimiento que difícilmente se pueda cumplir.
Paradójicamente, en su discurso al asumir como presidente de la República el 1º de marzo de 2025, Yamandú Orsi expresaba lo siguiente: “El país necesita recuperar la senda de crecimiento que permita generar, a partir del desarrollo más intensivo del conocimiento y de la inversión, no solo mayor cantidad, sino también calidad de trabajo que permita un piso de dignidad salarial y, con ello, una mejor distribución del ingreso”. La realidad cuando aún no se ha cumplido un año desde esa fecha es totalmente diferente: Uruguay no tiene desarrollo, no tiene inversión, no tiene mayor cantidad ni mayor calidad de trabajo. En cuanto a la distribución del ingreso… es muy difícil pensar en la distribución cuando el ingreso ni siquiera existe. Y para colmo: todas las políticas llevadas adelante por Orsi y Castillo suman más costos al país en lugares de reducirlo.
Las palabras del presidente Orsi sonaron muy lindas en el recinto parlamentario, pero han sido y son palabras huecas y sin sentido que chocan de frente con una realidad donde la incapacidad del gobierno no sólo para frenar la pérdida de empleo sino también para aumentarlo, son las caras visibles de un gobierno paralizado, incapaz de reaccionar, inoperante y sumergido en disputas políticas menores y no en los grandes problemas del país.
