Los diputados Mario Colman (Colonia) y Fermín Farinha solicitaron la convocatoria urgente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para analizar el impacto de recientes cierres de empresas, suspensiones de actividades y envíos masivos al seguro de paro que, según detallan, afectan a más de 2.700 trabajadores en forma directa.
El informe, dirigido al presidente de la comisión Gabriel Otero, sostiene que la situación configura un escenario de “especial gravedad” para el empleo nacional y requiere un análisis inmediato y profundo.
El documento enumera una serie de casos que abarcan distintos sectores productivos y de servicios. Entre ellos, la licencia por tiempo indeterminado en la planta de Marfrig en Tarariras y la afectación a unos 800 a 900 trabajadores, la suspensión temporal de actividades en AmBev–Cympay, con el envío de cerca de un centenar de trabajadores al seguro de paro y el cierre de dos plantas de Yazaki, con más de 1.100 trabajadores alcanzados por la medida.
Los legisladores mencionan, además, el cese de operaciones de Ultimate Kronos Group (UKG), con aproximadamente 300 empleos perdidos, la finalización de operaciones locales de Verizon, que afecta unos 265 trabajadores y un proceso de reestructura en Sabre, que desvinculará a 150 o 200 trabajadores. La nómina incluye el cierre de una planta industrial de Fenedur, con unos 40 empleos perdidos, más de 80 trabajadores de Paycueros en seguro por desempleo y una reducción de plantilla superior a 200 personas. A esto se suman más de 200 trabajadores de Fricasa en el seguro desde marzo de 2025 y la situación del sector citrícola, que involucra a más de 3.000 trabajadores en el litoral.
“Es lo que expresamos con el diputado Colman y es que tanto en su departamento como en Paysandú, tenemos realidades que requieren poner una voz de alerta y sobre todo marcar que, dentro de la agenda del gobierno, existan mecanismos para priorizar, incentivar y defender los puestos de empleo”, dijo Farinha a EL TELEGRAFO.
Empleo, una prioridad
Reconoció que existe interés en incorporar otras regulaciones como “la reducción de la jornada laboral o el régimen de preaviso a las empresas, pero desde nuestra perspectiva ahí no está la prioridad, sino en sostener los puestos de trabajo con una política real de empleo. Solicitamos al gobierno que ponga sobre la mesa las líneas de acción en este contexto vinculado directamente a la competitividad, costos del país y temas logísticos”. Farinha recordó que la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, se refirió al traslado de la producción de portland a Minas y a “las áreas de consumo” por los costos logísticos.
“Eso nos genera una clara desventaja competitiva en el Interior, principalmente los departamentos de frontera, porque debemos competir con otras realidades. El empleo debe ocupar los primeros lugares en la agenda política, algo que no está pasando en estos momentos porque las discusiones van por otro lado, como Cardama o la estancia María Dolores”, aseguró. El legislador sanducero precisó que el país ha perdido “unos 96.000 puestos de trabajo” en las últimas décadas y “hoy vemos en Paysandú el impacto sobre la pérdida de empleo de calidad en el ciclo productivo y el giro comercial. Hay que tener reflejos para evitar ingresar en un espiral de difícil retorno”.
Consultado sobre la cantidad de puestos afectados estimados, Farinha reconoció que “es un cálculo austero porque si sumamos la situación de Ancap a futuro o Conaprole, es mayor. Tenemos que levantar una bandera y plantear la voz de alerta en el Parlamento porque el horizonte es complejo y negativo. Hay que dialogar y dar certezas a quienes quieran invertir para que puedan asumir el riesgo y que generen empleo genuino”.
Pedido de explicaciones
Farinha y Colman afirman que los hechos “no constituyen episodios aislados”, sino que reflejan “dificultades estructurales” que impactan en la competitividad y el entramado productivo del país. En ese marco, plantean la necesidad de conocer la evaluación del Poder Ejecutivo, las medidas de contingencia implementadas y las estrategias proyectadas para sostener el empleo. En el pedido de informes solicitan la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para que informen sobre las causas identificadas detrás de los cierres y suspensiones, las medidas adoptadas para mitigar el impacto en trabajadores y comunidades, así como las acciones previstas para prevenir nuevas situaciones similares.
Asimismo solicitaron una evaluación del impacto sectorial en áreas como industria, tecnología, alimentos y bebidas y servicios globales. Ambos diputados proponen convocar a delegaciones de las empresas involucradas y de los trabajadores afectados, con el objetivo de contar con una “visión integral y plural” de la situación.
Consecuencias económicas y políticas
El planteo introduce en la agenda parlamentaria un debate que combina empleo, competitividad y clima de negocios. Además de los impactos directos en el mercado laboral, el documento advierte sobre los efectos indirectos en proveedores, comercios y economías locales. Según los firmantes, la magnitud de los hechos exige “respuestas claras, coordinación interinstitucional y señales firmes en defensa del empleo nacional”.
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