La cita “Todavía hay jueces en Berlín” —“Es gibt noch Richter in Berlin”— nace de una leyenda ilustrada del siglo XVIII, situada en la Prusia de Federico II el Grande, uno de los monarcas más poderosos de Europa. Según el relato, el rey quiso derribar un molino que afeaba la vista desde su palacio de Sans-Souci. El molinero se negó a venderlo. Ante la amenaza de expropiación, respondió con una frase que atravesaría los siglos: “Todavía hay jueces en Berlín”.
El episodio resume un principio fundamental: el poder no es absoluto cuando existe un sistema judicial capaz de limitarlo. En una época dominada por el despotismo ilustrado, la historia funcionó como una declaración de principios del Estado prusiano: la ley por encima del soberano, los tribunales como último dique frente a la arbitrariedad. Hoy ese despotismo ya no tiene nada de ilustrado… más bien de laqueado. Y aparece como aliado de los atropellos, traicionando su esencia.
Por eso la frase sobrevivió al molino y al rey. Invocarla es ratificar que la justicia no depende de la benevolencia del poder, sino de instituciones que se atreven a contradecirlo. Cuando se dice que “aún quedan jueces en Berlín”, se afirma que el poder sin fundamento todavía puede perder.
Ese mensaje solo cobra pleno sentido si la ley es universal, si no reconoce excepciones por rango, fuerza o conveniencia. El imperio de la ley adquiere significado en su aplicación igualitaria: obliga tanto al débil como al poderoso. Allí donde la ley se fragmenta, deja de ser ley y se convierte en instrumento. En última instancia, nos recuerda que la justicia solo es justicia cuando no pide permiso al poder para existir.
Jueces y freno constitucional
El freno constitucional no es una concesión moral del poder, sino una arquitectura de desconfianza. Parte de una premisa incómoda y realista: todo poder tiende a excederse si no encuentra límites verificables. Por eso el constitucionalismo se funda en la previsión del abuso. La ley suprema no organiza el poder para que funcione mejor, sino para que no se desborde. Allí donde el mando no reconoce una instancia que pueda detenerlo, corregirlo o anularlo, la autoridad deja de ser política y se vuelve personal. La referencia a Federico II el Grande es oportuna, tanto como reconocer que, para encontrar una referencia principista sobre el imperio universal de las leyes y el rigor en su cumplimiento y en sus restricciones, no es necesario buscar tan lejos cuando en estas tierras contamos con una figura mayor que nos remite al período fundacional de nuestro país.
José Artigas comprendió tempranamente esa lógica. Su concepción republicana no descansaba en liderazgos providenciales, sino en la sujeción del poder a normas comunes, incluso —y sobre todo— cuando ese poder se ejerce en nombre del pueblo. El freno constitucional es, en ese sentido, una garantía contra la tentación de confundir representación con propiedad, mandato con dominio. No protege al Estado frente a los ciudadanos, sino a los ciudadanos frente al Estado. Y recuerda una verdad esencial: la soberanía solo es legítima cuando acepta ser limitada por la ley que ella misma instituye y cuando reside esencialmente en la nación.
Rispideces
La relación entre Trump y Powell se originó en 2017, cuando Trump, ya como presidente de Estados Unidos, nominó a Powell para presidir la Reserva Federal. La elección respondió menos a una afinidad ideológica que a una apuesta por la continuidad institucional: Powell no era un economista académico, sino un abogado con trayectoria en los mercados financieros y experiencia previa dentro del propio organismo. Era una decisión orientada a asegurar el control político de la Fed.
Pero Powell no tomó ese camino: reafirmó la independencia de la Fed en materia de política monetaria. Ese fue el origen del enfrentamiento. Trump esperaba una autoridad monetaria alineada con su conducción política, mientras Powell se atuvo al mandato legal de estabilidad de precios y empleo. Desde entonces, la relación quedó sometida a una tensión entre el poder político y la autonomía del banco central, que pronto derivó en un conflicto personal.
El punto del conflicto
En sentido estricto, el conflicto entre Donald Trump y Jerome Powell fue institucional. Trump concebía la política monetaria como una herramienta subordinada a su estrategia económica y electoral: tasas de interés bajas para estimular el crecimiento, sostener los mercados y reforzar su narrativa de éxito. Powell, en cambio, se atuvo al mandato legal de la Reserva Federal: estabilidad de precios y máximo empleo, con independencia del poder ejecutivo.
Cuando la Fed subió las tasas para contener riesgos inflacionarios, Trump lo interpretó como una deslealtad; Powell lo entendió como una obligación institucional. Las diferencias pasaron así a ser de lógica profunda: la del poder político que busca resultados inmediatos y la de una institución diseñada precisamente para resistir esa presión.
Los jueces de Washington D. C.
El conflicto entre Donald Trump y Jerome Powell tuvo finalmente un desenlace judicial explícito cuando un juez federal desestimó las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra la Reserva Federal y su presidente. El juez James E. Boasberg concluyó que no existía evidencia alguna de delito y que el objetivo real de la investigación abierta por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, no era esclarecer irregularidades, sino acosar y presionar a Powell para que cediera o abandonara el cargo. En su auto, Boasberg fue inequívoco: “Su único crimen ha sido disgustar a Trump”.
La decisión no solo anuló la ofensiva judicial, sino que dejó constancia escrita de un uso instrumental del aparato penal con fines políticos, reafirmando el principio que estaba en juego desde el inicio: la independencia institucional no se negocia bajo presión del poder ejecutivo.
La ley solo cumple su función cuando es universal y vinculante, incluso para quien gobierna. Allí donde el poder no reconoce límites, la legalidad se degrada en herramienta. El Estado de derecho comienza cuando el mando acepta ser contenido. Cuando el Estado de Derecho vence al Estado de Opinión.
Pero para ello necesitamos más jueces como James E. Boasberg, en Washington.
