En la vasta y compleja problemática del tránsito, todo análisis que se haga debería agregar, a la necesaria objetividad que debe tener toda evaluación, la cuota fundamental de aterrizar la realidad por encima de la teoría. Ello implica considerar, en este caso, los medios con que cuentan quienes realizan los controles, los instrumentos legales que pueden aplicar en cada situación, su efectividad y las posibilidades punitivas cuando se enfrentan al desconocimiento sistemático de las obligaciones por parte de quienes se resisten a cumplir con las normas, por mil y una razones que, en su fuero interior, consideran justificadas.
Recientemente, en la información policial sobre uno de los incontables accidentes que ocurren a diario en las calles de nuestra ciudad, se daba cuenta de que uno de los vehículos protagonistas tenía una deuda de patente de unos seis mil dólares, es decir, el equivalente a buena parte —si no a todo— de lo que vale el vehículo en el mercado. Sin embargo, ello no ha obstado para que el automotor haya seguido circulando raudamente por la ciudad, como probablemente lo seguirá haciendo después de este accidente, porque el vehículo no fue incautado.
En el mismo sentido, horas atrás la información recabada en el lugar de otro accidente señalaba que un vehículo que se desplazaba por una arteria del norte de la ciudad ingresó raudamente a una calle preferencial y entró en colisión con otro automotor. Los efectivos actuantes de Movilidad Urbana, al requerir la documentación correspondiente, se encontraron con que quien conducía este vehículo no contaba con la habilitación correspondiente y que, además, el automotor en cuestión adeudaba un monto sideral por sucesivas multas que no ha pagado a lo largo de los años.
Sin embargo, tampoco este vehículo fue incautado pese a la serie de violaciones a la normativa, simplemente porque contaba con seguro, ya que las normas solo habilitan la incautación cuando no se cuenta al menos con el SOA (Seguro Obligatorio Automotor).
En buen romance, si el propietario de un automóvil, camioneta, moto o cualquier otro vehículo incumple con las normas de contar con carné de conducir, no paga patentes ni multas, puede igualmente seguir circulando. En cambio, se le retira el vehículo si no cuenta con el seguro correspondiente. Por supuesto, quien actúa de este modo podría continuar así indefinidamente mientras pague el seguro, que resulta mucho más barato que abonar la patente y las multas, sobre todo si se limita a pagar únicamente el SOA.
Esta incongruencia es solo una de las muchas que presenta el sistema, que resulta permisivo para quienes adoptan una determinada forma de vivir al margen de las normas. Saben que nadie los va a molestar y que les resulta muy barato mantenerse en esa situación, porque seguirán circulando hasta que la unidad se les caiga a pedazos o hasta que la vendan a otras personas a quienes tampoco les importe continuar al margen de las reglas.
Es decir que, más allá de la educación vial que se tenga y del cabal conocimiento de las normas, siempre existe un porcentaje de personas que opta por situarse en la vereda de enfrente del ordenamiento legal simplemente por su forma de vida. En muchos casos, también puede tratarse de limitaciones económicas que consideran que los habilitan a adoptar esta conducta dentro de su escala de prioridades.
El punto es que salen a la calle muchas veces con un verdadero “misil” sobre ruedas: con frenos precarios en el mejor de los casos, sin luces, con cubiertas desgastadas y con un estado general deplorable del automotor. No es extraño, entonces, que protagonicen accidentes de los que luego no se hacen responsables. Ello ocurre, entre otras razones, porque nunca hubo una inspección de las autoridades municipales ni del propio seguro sobre el estado general del vehículo, algo que solo suele realizarse cuando se tramita un cambio de padrón o de propiedad, entre otros procedimientos. De lo contrario, se puede circular aunque el vehículo se esté cayendo a pedazos, siempre que se tenga el SOA. Mientras tanto, la mayor parte de la población, felizmente, cumple como puede con lo establecido por la normativa legal y las ordenanzas, de acuerdo con su situación socioeconómica. Además del costo significativo que implica la ecuación seguro–patente, cuando por alguna infracción —voluntaria o no— se aplica una multa, el monto suele resultar muy gravoso para un ciudadano promedio que conduce un vehículo de bajo valor. El costo se vuelve muy difícil de afrontar, y mucho más aún si, como ocurre ahora nuevamente desde el 1º de marzo, el pago de la patente queda condicionado a que antes se abonen las multas. Para un jubilado o un trabajador esto puede significar un desajuste económico imposible de afrontar y, ante las prioridades del día a día, optar por postergar indefinidamente estos compromisos, lo que resulta perjudicial tanto para el propio conductor como para la Intendencia.
Ni que decir cuando la infracción corresponde a un exceso de velocidad detectado por radar, ya que el monto muchas veces poco tiene que ver con llevar las multas a un plano de razonabilidad, como se ha planteado en el Congreso de Intendentes. En el afán de recaudar o de castigar —tal vez ambas cosas—, muchas veces lo que se logra es sacar del sistema a personas que no forman parte del grupo que decide, por cuenta y riesgo, situarse deliberadamente al margen de él.
Estos son apenas algunos trazos, en una visión necesariamente limitada de la problemática del tránsito, que tiene un sinfín de aristas más. Nos encontramos ante una complejidad extrema entre lo ideal —que, al fin de cuentas, sería que nadie cometiera infracciones— y la realidad. Lo que no se ha logrado ni por asomo hasta ahora es alcanzar cierto equilibrio entre la parte punitiva y la voluntad y/o capacidad de pago de los conductores.
Asimismo, también está en cuestión, en muchos casos, la justicia o no de la sanción, la situación socioeconómica de los involucrados y el objetivo de las intendencias de seguir utilizando una herramienta que está directamente vinculada al pago de la patente de rodados y que constituye, por lo tanto, uno de los ejes centrales de su captación de recursos.
No hay una salida fácil, y siempre habrá reparos y omisiones. Como señalábamos en un comentario anterior sobre el tema en esta misma página editorial, más allá de los números fríos existe una multiplicidad de aspectos a tener en cuenta. Y sobre ellos hay tantas opiniones como conductores, cada uno desde su propio interés y forma de pensar dentro de la diversidad del tránsito.
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