La Fiscalía de Cuarto Turno de Paysandú, a cargo de la doctora Cecilia Irigoyen, logró llevar a término un complejo caso que, tras un extenso proceso judicial, culminó con una condena firme.
De acuerdo a información obtenida por EL TELEGRAFO en Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa, quedando firme en todos sus términos la sentencia dictada contra G.M.E.B., quien fue condenado como “autor penalmente responsable de reiterados delitos de contacto a menor a través de medios informáticos o de comunicación con fines ilícitos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de abuso sexual agravado, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado y un delito de fabricación de material pornográfico utilizando personas menores de edad”.
El condenado se desempeñaba como funcionario policial y docente en Secundaria, circunstancia que fue especialmente considerada en el marco de la investigación por la situación de confianza y asimetría generada con la víctima.
El caso se remonta al año 2020, en contexto de pandemia, cuando el imputado “inició contacto con una adolescente de 16 años a través de redes sociales”. El vínculo comenzó “bajo la excusa de brindarle apoyo en un trabajo educativo, lo que fue utilizado por el adulto para captar la voluntad de la menor y derivar la relación hacia aspectos personales y privados”.
La denuncia fue presentada en octubre de 2020 por los padres de la adolescente ante la Comisaría Especializada en Violencia Basada en Género, luego de constatar que su hija mantenía comunicaciones de carácter privado con el adulto, 27 años mayor. Dichas comunicaciones incluían mensajes de texto, audios, imágenes y videos de contenido íntimo.
De acuerdo a lo informado, el imputado “se valió de esa relación para manipular a la víctima durante aproximadamente cinco meses, logrando concretar diversas conductas no consentidas, así como la producción de material de contenido íntimo”, en lo que desde Fiscalía se describió como un caso típico de “grooming”.
La investigación fue formalizada el 5 de octubre de 2022 y el juicio oral se desarrolló en abril y mayo de 2024. La causa fue formalizada el 5 de octubre de 2022 y el juicio oral se desarrolló entre abril y mayo de 2024.
Por Sentencia Nº 113/2024, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 8º turno lo condenó a ocho años y dos meses de penitenciaría. Además, se dispusieron medidas accesorias como la pérdida de la patria potestad, la inhabilitación por 10 años para ejercer funciones en ámbitos educativos, de salud o cualquier actividad con contacto directo con menores o personas con discapacidad, la reparación integral a la víctima y su inscripción en el registro correspondiente.
El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones de 4º turno en diciembre de 2024. Posteriormente, la Defensa recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia, que finalmente rechazó el planteo mediante Sentencia Nº 108/2026 del 26 de febrero de 2026. Desde el 6 de marzo de 2026, el condenado cumple prisión efectiva en la Unidad del INR de Río Negro, donde comparte celda con otro policía condenado por una causa similar.
Desde Fiscalía se destacó “la importancia del caso, tanto por la investigación realizada como por tratarse de una clara maniobra de captación de menores a través de medios digitales, lo que refuerza la necesidad de denunciar este tipo de situaciones”.