A finales de febrero, el gobierno no pensaba cambiar sus proyecciones económicas ni modificar su ruta fiscal. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguraba entonces que “la casa” estaba “en orden”, durante la presentación de las perspectivas económicas a un año de su gestión.
Hace menos de un mes, el Ejecutivo reafirmaba sus guarismos en materia de endeudamiento y crecimiento, con una previsibilidad asombrosa en un mundo incierto y en un contexto de transformaciones diarias.
En ese momento, las metas fiscales permanecían incambiadas porque, según se afirmaba, no había elementos a la vista que justificaran una modificación del rumbo. Oddone sostenía con absoluta convicción que el equipo económico realizaba un seguimiento del contexto global, no para alterar los objetivos, sino para ajustar acciones.
En aquella conferencia de prensa también aseguraba que las proyecciones no se modificaban porque el equipo macroeconómico no encontraba fundamentos que ameritaran revisar las previsiones ya trazadas. Asimismo, resaltaba el esfuerzo del gobierno por sostener las metas establecidas, con el objetivo de brindar certezas a los inversores y a la producción mediante reglas claras.
Las estimaciones oficiales mantenían una meta de crecimiento del 2,2% para 2026, mientras que los analistas privados advertían que no superaría el 1,8%, e incluso podría ser menor.
El gobierno basaba sus expectativas en la consolidación de algunos indicadores, particularmente del mercado laboral, que mostraban dinamismo a comienzos de 2026.
Mientras tanto, los técnicos privados advertían sobre una posible recesión técnica. Algunos iban más allá y sostenían que la programación financiera aprobada en la Ley de Presupuesto de finales de 2025 había quedado obsoleta debido al contexto internacional y a proyecciones oficiales consideradas excesivamente optimistas.
En esos mismos informes, alertaban sobre la necesidad de ajustar el gasto para evitar un mayor deterioro. El contexto internacional mostraba complicaciones crecientes, particularmente en zonas de conflicto. El cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— impulsó una fuerte suba en el precio del crudo. Esto implica un incremento en los costos de transporte y logística, con efectos negativos sobre la producción y el crecimiento global. A ello se suma una competitividad cada vez más intensa en la región: varias inversiones radicadas en Uruguay han decidido relocalizarse en países vecinos que impulsan reformas y desregulaciones.
En este marco, se impone la reducción del gasto público por sobre el aumento de impuestos, junto con reformas que incentiven la inversión. De lo contrario, el estancamiento presionará el endeudamiento y, en consecuencia, el tope de deuda vigente en la nueva regla fiscal.
Pocos días después, Oddone advirtió que “hay una probabilidad bastante elevada de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026”. Si bien el gobierno no descarta ninguna medida, el ministro anunció que habrá recortes: “No necesariamente un ajuste generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tendremos que diferir”.
El menor dinamismo obligará a introducir medidas fiscales que el Ejecutivo analizará en la próxima Rendición de Cuentas. Según señaló Oddone, si se confirman los datos, este escenario configuraría una recesión técnica, con dos trimestres consecutivos sin crecimiento, en línea con lo que advertían los analistas privados meses atrás.
El ministro reconoció además que este contexto impactará en las cuentas públicas y que la revisión fiscal comenzará en los próximos meses, aunque aseguró que se protegerán “a como dé lugar” los compromisos en políticas sociales vinculadas a la infancia.
No obstante, el panorama también anticipa un mayor endeudamiento, ya que nuevos programas sociales se basan en la concesión de subsidios. Es el caso del fortalecimiento del empleo, una herramienta que no resulta novedosa y cuyos antecedentes no lograron impactos significativos en las estadísticas.
El mundo del trabajo atraviesa una de las mayores transformaciones de las últimas décadas, tanto en las relaciones laborales como en la incorporación de tecnología. En ese contexto, persistir en soluciones “a la uruguaya” parece cada vez menos pertinente.
Es probable que el desempleo descienda a partir del otoño con la implementación de programas como Uruguay Impulsa o los Jornales Solidarios, aunque con un alcance acotado de cuatro meses por beneficiario.
Este sinceramiento oficial también genera tensiones internas. Dos sectores claramente definidos dentro del Frente Amplio mantienen diferencias en torno a determinadas políticas, como la propuesta de un impuesto del 1% a los más ricos, que el equipo económico descarta. Algo similar ocurre con el proyecto de preaviso de despidos impulsado desde el Ministerio de Trabajo, que Oddone considera podría convertirse en una barrera para la contratación.
A su vez, el proyecto de ley que deberá instrumentar el recorte de gastos requerirá mayorías en la Cámara de Diputados. Si bien no es novedoso que las estimaciones oficiales suelan ubicarse por encima de las proyecciones privadas, cada instancia implica el desafío político de explicar los desvíos.
La recuperación de la economía uruguaya, según estas proyecciones, se postergaría hasta 2027, con un crecimiento estimado en torno al 1,7%.
En general, se evita el término “ajuste”, pero Uruguay se encamina a un año con dificultades en el empleo, la producción y la inversión. El impacto será particularmente visible en el mercado laboral, sobre todo en algunas zonas del Interior, además del litoral.
Sin embargo, las consultoras ya registran un deterioro en la opinión pública, con una tendencia desfavorable hacia un presidente que recientemente cumplió un año de gestión. El gobierno y su fuerza política deberán explicar los recortes a su militancia, especialmente cuando deban defender ante sindicatos y bases propuestas como la presentada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de “abrir paquetes de acciones” en empresas estatales.