Por definición, el concepto de “informalidad” refiere a actividades económicas, empresas o empleos que operan fuera del marco legal, sin registros, impuestos ni protección social, aspecto este que lamentablemente aplica sin dudas a nuestro departamento y nuestro país, por cuanto desde siempre ha sido parte de una problemática muy negativa y perjudicial para el que la practica como para el resto de los ciudadanos, porque conlleva ser parte de un círculo vicioso que no beneficia a nadie, más allá de la “viveza” o la necesidad que las determina en el corto plazo, para salvar –por así decirlo– situaciones que de otra forma no tendrían remedio.
Pero como todo sabemos, sobre todo en épocas de crisis, se acentúa este flagelo –es un término adecuado, por todo lo que significa– en cuanto a la proliferación de actividades no reguladas, sin contrato, sin beneficios sociales (sobre todo cobertura de salud, seguridad social, pensiones), con el agregado del incumplimiento de normas tributarias y administrativas, con la consecuencia de falta de seguridad laboral y baja productividad.
Es decir, se trata lisa y llanamente de una evasión de pagos y aportes que determina que el Estado perciba mucho menos de lo que debería por efectos de la actividad económica y el funcionamiento del tramado socioeconómico, y para colmo de males, como la evasión se agudiza en épocas de crisis, lo que hace esta reducción de aportes y pase parcial o totalmente a la informalidad, es potenciar el problema.
Puede resumirse, sin temor a incurrir en conceptos desajustados a la realidad, que la informalidad es una situación socioeconómica de desprotección legal, lo que sin embargo no obsta para que el comercio informal forme parte indisoluble de nuestro diario vivir, en el área que sea, porque además, para que funcione, en una transacción comercial, necesita de dos partes: del que vende en negro, y el que lo acepta.
Y como es sabido, este escenario recrudece cuando las crisis comienzan a impactar fuertemente en el tramado social, muchas veces ya de por sí muy endeble y vulnerable, con la consecuencia del crecimiento de los niveles de desempleo, debido a que la industria y el comercio se ven obligados a achicar las plantillas de empleados, cuando no –ya en el extremo– resuelven cancelar la actividad por la falta total de rentabilidad.
Se juntan así, valga el dicho popular, el hambre y las ganas de comer: el individuo, tanto en forma aislada como cuando tiene familia para mantener, se enfrenta a la necesidad de rebuscársela como puede para sobrevivir, y una alternativa a su alcance es apelar al informalismo en el desempeño de alguna actividad que le represente ingresos. Una actitud que por supuesto no puede condenarse, cuando lo que está en juego es nada menos que obtener recursos para mantener su familia o sobrevivir en la diaria.
Estar en esta encrucijada es siempre un perder-perder, aunque con el informalismo por lo menos para seguir tirando se pierde menos, aunque en forma indirecta se multiplican los perjuicios. Por un lado, a veces por la competencia desleal con quien cumple con sus aportes en tiempo y forma, porque además no se genera la cobertura social que debe tener toda familia y porque además se restan recursos al Estado para cumplir con las obligaciones que dispone la institucionalidad democrática hacia los ciudadanos, en servicios esenciales como la salud, la vivienda, la seguridad social, dentro de un largo etcétera.
A esta reflexión de carácter general, las circunstancias nos obligan a traerla a colación para Paysandú, donde desde hace años pero con mayor énfasis en los últimos meses, golpea fuertemente el desempleo total o parcial, los envíos al Seguro por Desempleo e incertidumbre sobre la situación de muchas empresas que apenas rozan la rentabilidad o directamente empatan la ecuación económico-financiera, cuando no la pierden directamente.
A la vez, no se necesita tener más de dos dedos de frente para inferir que hay no menos de 500 trabajadores, más sus familias y quienes de ellos dependen, con remuneraciones muy por debajo del promedio que estaban percibiendo, y que por lo tanto deja de circular en el medio una masa de dinero sensiblemente inferior a la que estaba reciclándose. Ello implica menos compras en el comercio local, menos demanda de servicios, de insumos, de materiales de construcción, crecimiento de situaciones de angustia por la incertidumbre, lo que gradualmente va moviendo la aguja, aunque inicialmente no se perciba.
Además, ante la necesidad de cubrir esa diferencia de ingresos, y ante la posibilidad de que en algún momento cercano se pueda perder la fuente de trabajo, es frecuente que los afectados se vuelquen a encarar emprendimientos total o parcialmente de carácter informal, lo que si bien les sirve para capear el temporal en principio, con el paso del tiempo forma parte de la bola de nieve de las consecuencias indeseables de la informalidad en sus implicaciones, contribuyendo al deterioro de la calidad de vida por falta de cobertura, pérdida de empleos de otros trabajadores porque las empresas en que trabajan se ven afectadas por la competencia desleal, y así sucesivamente.
Estamos ante elementos que son parte del esquema descriptivo de situación, y por cierto estamos hablando de consecuencias, pero no de posibles respuestas, porque precisamente estamos ante una conjunción muy compleja de relaciones de causa – efecto.
La causa-efecto por excelencia, en este caso, es el deterioro de fuentes de trabajo y el directo impacto en quienes de ellas dependen, pero asimismo la proyección sobre la comunidad toda, donde cada sector, cada familia, tiene su problema. Por un lado, si bien estamos ante emprendimientos privados –como todos sabemos, en el Estado no hay desempleo, porque nadie pierde su trabajo cuando se cierre eventualmente una dependencia estatal– el Estado debería por lo menos proveer herramientas para corregir las distorsiones que han llevado a que las empresas pierdan rentabilidad, lo que en el caso de Paysandú y gran aporte del Interior del norte del río Negro pasa por el costo adicional, sobre todo logístico –entre otros– que significa emprender lejos de Montevideo, que se agrega al costo país que hace que Uruguay sea un país caro y se pierda competitividad en el contexto global.
En Paysandú tenemos por lo tanto un agravante adicional al costo país que señalábamos, y este impacto se siente por partida doble en nuestro medio, con la informalidad como una de las manifestaciones, pero no la peor ni mucho menos, sino que es la comunidad la que acusa el golpe en su cerno.
El reclamo ante lo que ocurre en nuestro departamento no debería ser una novedad para nuestros gobernantes, pero la constante ha sido la de salir tarde y mal a ensayar alguna respuesta que no mueve la aguja, sino que por el contrario, se le va dando largas y generando expectativas que rara vez se cumplen. Porque buena parte de los problemas que hoy nos acucian podrían haberse evitado o minimizado si se hubiera actuado en tiempo y forma cuando desde acá, desde el Interior todo, se daba la voz de alarma respecto al grave deterioro de la rentabilidad empresarial y las consecuencias en las fuentes de trabajo de nuestros conciudadanos. Con la sangre hoy llegando al río, los plazos urgen más que nunca