Los diversos informes que han estudiado el mercado laboral uruguayo en los últimos años son bastante coincidentes. Unas 600.000 personas mantienen problemas de empleo, mientras algunos indicadores muestran ingresos más favorables. Es decir, el problema de fondo persiste y las condiciones críticas se mantienen.
Por un lado, el último informe del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, a cargo del economista Javier de Haedo, señala que durante 2025 hubo 591.000 personas con problemas de empleo. Se trata de desocupados, subocupados u ocupados sin aportes a la seguridad social.
El informe compara esta cifra con la de 2019, antes de la pandemia y también con un mal desempeño del empleo, cuando el registro alcanzó a 610.000 personas con problemas laborales. A pesar del incremento en la cantidad de ocupados, más de un lustro después la cifra es bastante similar.
Por otro lado, el Instituto Cuesta Duarte, dependiente del Pit-Cnt, sostiene que medio millón de ocupados gana 25.000 pesos líquidos al mes.
En Uruguay, esto representa el 30% de los trabajadores. La economista Alejandra Picco concluye que la economía uruguaya es más rica y que, en promedio, los salarios son más altos, pero también hay más pobreza, más desigualdad y más trabajadores con ingresos sumergidos.
Según este estudio, el 45% del sector rural, el 42% del servicio doméstico, el 39% de restaurantes y hoteles y el 39% del comercio se destacan por la alta incidencia de salarios sumergidos. Estos porcentajes pesan en el total y afectan a la misma población de siempre: jóvenes, mujeres, trabajadores del interior y de pequeñas localidades. Es una población que deberá esperar al menos diez años para dejar de percibir ingresos sumergidos.
Este panorama demuestra con claridad las dificultades existentes para mejorar los índices de pobreza. A pesar de que algunos indicadores sociales muestran mejoras, esto no se refleja plenamente en el crecimiento económico.
Las estadísticas también indican que más de uno de cada cinco trabajadores es informal. No aporta a la seguridad social y forma parte de este universo de “veinticinco mil pesistas”, que se encuentra en una situación de pobreza persistente.
Las proyecciones para este año no muestran cambios significativos. El salario crecerá 1,5%, se mantendrá la cantidad de ocupados y se perfila una desaceleración de la inflación.
En medio de este panorama, 2025 cerró con un déficit fiscal de 4,9% del PBI, producto del incremento del gasto público debido a pagos atrasados y a gastos no personales. Este 2026 tendrá un cierre similar y los mayores ingresos por impuestos se verán recién en 2027.
Durante su Rendición de Cuentas, el presidente Yamandú Orsi enfatizó la recuperación de puestos de trabajo en el país. Sin embargo, se avecinan cierres y reestructuras empresariales.
El impacto en algunas industrias implica que unas 3.000 personas tengan comprometido su ingreso a lo largo de este año.
Las afectaciones alcanzarán a nuevos rubros, como las industrias tecnológica y alimentaria, con mayor impacto en el sector citrícola. Marfrig, AmBev–Cympay, Paycueros, Fricada, Yazaki, Sabre, Fenedur y otras empresas revisan sus números, a pesar del discurso presidencial del pasado 2 de marzo. Esos son los casos conocidos, pero existen otros que se resuelven de manera menos visible.
Si bien la cantidad de empresas que abren supera a la de las que cierran —de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que registró el cierre de más de 7.000 y la apertura de más de 10.000—, es importante observar qué hay detrás de cada emprendedor.
Junto al Instituto Nacional de Estadística, la agencia analizó que casi la mitad de los propietarios de una microempresa lo hizo por necesidad (48,8%), mientras que el 38,5% declara haber aprovechado una oportunidad. En su mayoría, se trata de empresas que buscan mantener un número reducido de empleados. Es decir, tampoco existe en el horizonte una expectativa clara de expansión.
Las empresas mencionadas y otras más tienen un fuerte impacto sobre el empleo indirecto, que es elevado en Uruguay. Se repite así el fenómeno de una lenta reinserción laboral: la demanda local no absorbe rápidamente esa mano de obra, con el consiguiente subempleo.
Por el momento se observa que las multinacionales, que toman decisiones a escala global, resuelven su reubicación dentro de un bloque cada vez más competitivo, como el Mercosur.
En cualquier caso, el mercado laboral plantea desafíos que persisten a través de las distintas administraciones. No ha sido posible amortiguar los impactos territoriales porque —al menos en Uruguay— no es lo mismo que una empresa se instale al norte del río Negro o en el área metropolitana. De hecho, el tema aparece cuando se discute la pertinencia de los negocios del portland de una empresa pública como Ancap.
El otro aspecto dificultoso es elevar la complejidad del empleo para lograr una resiliencia que tampoco es igual en cada territorio. En Paysandú ha costado mucho desarrollar esa resiliencia en materia laboral y la reconfiguración empresarial se llevó miles de puestos de trabajo en las últimas décadas.
Todo esto ocurre en el marco de la estabilidad macroeconómica que reiteran los distintos discursos presidenciales. Sin embargo, a lo largo y ancho del territorio se espera la reinstalación del programa Uruguay Impulsa —antes Jornales Solidarios— para enfrentar el problema del desempleo y brindar nuevas oportunidades a miles de personas.
Es una herramienta que permite resolver la situación inmediata de cada postulante. Pero no soluciona —ni solucionará— el problema de fondo, que ya es estructural para una amplia franja de la población del país.
