Anafap, asociación que reúne a las empresas administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP, dio a conocer una declaración a raíz de la información trascendida sobre los cambios que se propone instrumentar el gobierno en el sistema jubilatorio a partir del proceso de diálogo social. Aunque el documento final se presentará la semana próxima, en principio el 28 de abril, trascendieron detalles sobre la propuesta en la que se trabaja para el futuro funcionamiento del sistema, tal como se había comprometido tras conocerse que no prosperaba el intento de referéndum realizado contra la reforma de la Seguridad Social (Ley N.° 20130), aprobada durante el pasado período de gobierno.
Anafap advirtió respecto a una supuesta recomendación para trasladar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente estatal único. Al respecto se expresan en cuatro puntos, en el primero de los cuales plantean que no existirá una “mejora prometida para el trabajador”, en la medida que “aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%”. Agregan que el costo actual “sería absorbido por un nuevo ente estatal, que requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”.
También aluden a un cambio en el vínculo con el público, debido a que “el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo estatal” y debido a ello las decisiones “pasan a tomarse con la lógica de administrar una masa cautiva”, en lugar de la de ofrecer un servicio a un cliente.
Es en el tercero de los puntos en el que afirman que se trata de una estatización de los fondos, en la medida en que se reemplaza un sistema que tiene una lógica de competencia “por un organismo estatal único. Es por definición una estatización”. Al respecto agregan que Uruguay “tiene experiencia con la administración estatal de funciones de la seguridad social. Esa experiencia, observable por cualquier ciudadano, no respalda la idea de que (…) vaya a mejorar la atención al afiliado. La evidencia apunta en sentido contrario”.
El último punto en la declaración alude a que es un paso en contra de algo sobre lo que la ciudadanía ya se expresó en rechazo. “En 2024, más del 61% de los uruguayos rechazó en las urnas una reforma que buscaba eliminar las AFAP. Promotores de aquel proceso reconocieron públicamente que una medida como la que hoy se recomienda constituye un avance en la dirección de lo que entonces se propuso”, indicaron. Concluyen que, aunque valoran la tarea llevada adelante en este ámbito de Diálogo Social, la trayectoria hacia donde se embarcaría –el cambio de sistema– tiene un fin declarado y acercarse a él supone irreversiblemente desconocer el pronunciamiento en las urnas, y sostienen que “lo que está en discusión es si el trabajador uruguayo seguirá teniendo un administrador responsable frente a él, elegido por él y exigible por él, o pasará a depender de un organismo estatal único frente al cual no tendrá derecho de elección ni de reclamo”.
