Los refugios de animales de compañía en Uruguay están superpoblados. Las oenegés, conformadas por equipos voluntarios sin recursos del Estado ni compensaciones para sus integrantes, continúan su tarea a fuerza de colaboraciones.
En general, las comunidades perciben a estas organizaciones como las encargadas de un trabajo que tiene, necesariamente, que liderar el Estado y cada gobierno llevar adelante una política pública en este sentido.
La dotación de recursos económicos –en primer lugar– para sostener al personal y la logística es fundamental.
Pero no hay. Y en ese punto la Ley 18.471 de Tenencia Responsable y Bienestar Animal no se cumple.
La inoperancia pública sumada a la desidia de quienes ejercen el abandono es un combo hostil para la parte más débil, que son los animales de compañía. A esto, podemos sumarle la cantidad de caballos que deambulan en las ciudades o centros poblados, con los peligros que conlleva para el tránsito en sociedades que –se supone– evolucionan. Entonces, es un problema y no hay excusas.
Sin embargo, en las redes sociales las opiniones apuntan a quienes tratan de resolver del problema y exigen buenas condiciones al momento de entregar un animal en adopción. Lo cual es claro y obvio.
En cuanto a las políticas públicas, ante la ausencia de una fuerte campaña de concientización sobre el maltrato animal y la falta de recursos para encarar una campaña de control de la población canina y felina, la problemática permanecerá incambiada. Porque en el presupuesto pasado se discutió la pertinencia salarial de sus integrantes, cuando la columna vertebral del problema son los animales en la vía pública y su proliferación.
En medio de tantas explicaciones, la biología sigue su curso y se incrementa la cantidad de perros y gatos. Los mitos de la primera cría, la argumentación de la falta de recursos lleva a preñeces no deseadas y a la conducta tan “deshumananizada” del abandono.
Así aparecen tirados en el vertedero municipal, en las volquetas e incluso a las puertas de los refugios camadas de cachorros por falta de responsabilidad y prevención.
Algunas estimaciones señalan que existen más de dos millones de animales de compañía viviendo en hogares uruguayos, lo que resulta que en dos de cada tres haya al menos un perro o gato.
En este contexto, el país registra más de 300.000 animales en situación de calle según datos del último censo realizado en 2023. Es decir, es un subregistro porque el problema tuvo un franco crecimiento ante la falta de programas enfocados a esta problemática.
El Parlamento analiza tres proyectos de ley con un punto en común y es la tipificación del maltrato animal como un delito que integre el código de proceso penal. También se encuentran a estudio las penas, porque no habría voluntad para la prisión. Pero estas normativas demoran en su tratamiento ante la compleja trama que implica legislar a favor de los animales.
El peligro, como ya ha ocurrido en el país con otras normativas, es que termine en letra muerta. Porque su cumplimiento implica el seguimiento y para eso hace falta el involucramiento de varios organismos, como Ministerio del Interior o gobiernos departamentales. Y es posible comprender que, cada uno dentro de sus prioridades, trabajará acorde a lo que interprete. Una cuestión difícil de amalgamar en un país dividido por los conceptos de las “competencias” e “incumbencias”.
Las causas para el abandono y maltrato de un animal de compañía o de producción –como el caballo– son múltiples y complejas. Pero una sociedad que ejerce cada vez más violencia, no resulta extraño comprender las razones de esta problemática tan extendida en el territorio.
Las protectoras critican la falta de respuesta institucional a las denuncias presentadas con pruebas, incluso demandan una mayor protección cuando deben asistir a una requisa. Esas cuestiones, que ya deberían estar aceitadas, cambian conforme pasan las administraciones y estas organizaciones son las únicas entidades que le dan visibilidad al problema. Por eso, la sociedad apunta el dedo hacia allí.
Pero las soluciones demoran en llegar y es así que demuestran que a nadie le importa nada. Hasta que ocurre un siniestro de tránsito grave o fatal. O hasta que la sensibilidad aprieta la garganta cuando se divulgan videos a través de las redes sociales que demuestran que cualquier persona puede ir más allá de lo imaginable con el maltrato extremo. Da la impresión que el ser humano está dispuesto a tolerar aún mucha más violencia.
Sin embargo, era posible hacer algo antes que sucediera el problema. Pero no se hizo y las consecuencias siguen a la vista.
Los domingos se organizan jornadas de adopciones en la sede de la oenegé Amigos de los Animales. Si bien cada adopción le salva la vida a quien tuvo la suerte de ser elegido para tener un hogar, el problema se repite a las pocas horas.
La semana anterior fueron ingresados más de veinte animales encontrados en distintas condiciones, cuando el fin de semana anterior se habían entregado 14. La cuenta no da, tampoco los recursos económicos para sostener un problema que es de todos.
La voluntad humana está, pero se agota. Se cansa de pedir respuestas, apoyo, una política de Estado que se ocupe y el reclamo de conciencia social que no debería siquiera mencionarse. Porque se supone que si tenemos un animal de compañía que comparte la vivienda y el tiempo con el resto de sus integrantes, debería ser la responsabilidad de cada uno.
Pero es sorprendentemente inagotable la fuente de excusas, argumentos y justificaciones para ejercer la violencia.
Lo cierto es que no hace falta ser animalistas ni tener un refugio para comprender que es intolerable este problema. Porque las jaurías no son causadas por los perros, ni los caballos se soltaron solos de una cuerda para salir a la vagar por la ruta.
Siempre, absolutamente siempre, estuvo una mano humana que no cuidó y que creyó, sistemáticamente, que el problema es de otro.
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