Sin dudas, en el marco de los debates y pases de facturas entre partidos políticos, cada gobierno que llega al poder tras el pronunciamiento popular en las urnas suele atribuir culpas —por lo que ocurre o por lo que ocurrirá— a la “herencia maldita” recibida del anterior. Esto adopta diversas formas, incluyendo determinados “maquillajes” acentuados durante la campaña electoral para evitar el castigo ciudadano en las urnas.
De esta regla general no escapa ningún partido, tanto los que hoy están en el gobierno como los que se encuentran en la oposición. Uno de los cuestionamientos más comunes es que unos y otros acusan a sus predecesores de haber ingresado en un “carnaval electoral” previo a las elecciones, con un aumento sustancial del gasto público para aparentar que la situación era mejor de lo que realmente era, trasladando además el costo de ese endeudamiento hacia el futuro, independientemente de quién gobierne.
En este contexto, uno de los parámetros de mayor incidencia ha sido el déficit fiscal heredado, es decir, la diferencia entre el gasto estatal y los ingresos. En ese sentido, no hay partido en condiciones de arrojar la primera piedra. Si nos situamos en los dos últimos actos electorales, tanto el Frente Amplio como la Coalición Republicana legaron prácticamente un déficit del 4% del Producto Bruto Interno al gobierno siguiente.
Sin embargo, no se trata solo del déficit fiscal en sí, sino también de las herramientas con que cuenta o recibe el gobierno para intentar equilibrar la economía. No es lo mismo enfrentar un déficit en un contexto de buena actividad económica, que ofrece cierto margen de maniobra, que hacerlo en un escenario con parámetros poco alentadores, donde los ajustes necesarios pueden profundizar las distorsiones existentes.
Sobre este tema se ha pronunciado en los últimos días el economista Javier de Haedo, al referirse al dato del PBI de 2025. Según su análisis, 2024 “legó” gran parte del crecimiento al año siguiente, mientras que 2026 comenzó “prácticamente cero a cero”.
En 2025, la economía uruguaya creció un 1,8% en comparación con el año anterior. Este porcentaje resultó inferior al proyectado por el gobierno a mediados de ese año, cuando se discutía en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, que estimaba un crecimiento de 2,6%.
No obstante, gran parte del incremento económico observado en 2025 se explica por un “arrastre estadístico” proveniente de 2024, según argumentó de Haedo.
Se trata de un indicador que se traslada de un período al siguiente y que “puede cuantificarse como la diferencia entre sus valores en el cierre del período y su promedio”, de acuerdo con lo señalado por el economista en su Monitor de Coyuntura del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
En el caso del Producto Bruto Interno (PBI), el arrastre consiste en la diferencia entre el nivel del cuarto trimestre y el promedio anual. “Cuando se dice que en 2025 el PIB creció 1,8%, se refiere a la variación entre los promedios anuales y no a las variaciones entre los extremos del año informado (que fue de 0,1%)”, explicó.
De este modo, de Haedo sostuvo que 2024 “legó” un crecimiento de 1,6% a 2025, es decir, fue heredado de ese año; mientras que del año pasado al actual se trasladará un arrastre negativo de 0,1%.
“Por lo tanto, casi todo el crecimiento económico informado para el año pasado en realidad corresponde al registrado durante el año anterior. Mientras tanto, el partido que se está disputando en 2026 arrancó prácticamente cero a cero”, evaluó.
Para de Haedo, “el partido” recién comienza, ya que ahora podrá implementarse el nuevo Presupuesto Quinquenal aprobado por este gobierno, el cual ha sido calificado como excesivamente optimista por distintos especialistas en economía, no necesariamente vinculados a la oposición política.
Debe tenerse presente que, en base a los datos de las cuentas nacionales, los analistas coinciden en que ajustarán a la baja sus proyecciones de crecimiento del PBI para 2026. En la misma línea se ubica el Ministerio de Economía y Finanzas. El economista Aldo Lema señaló que las cifras del cuarto trimestre de 2025 deberían motivar una nueva revisión a la baja en las expectativas de crecimiento para este año, que actualmente se ubican en torno al 1,5%.
También la consultora PwC, que ya había ajustado sus previsiones recientemente, considera que el crecimiento en 2026 no superará ese guarismo. Por su parte, la consultora Exante estima que la expansión se acercará más al 1%. La economista Florencia Carriquiry, integrante de esta firma, evaluó que el Ministerio de Economía probablemente se enfoque en recortar gastos de funcionamiento y algunas inversiones. Asimismo, advirtió que uno de los principales riesgos para 2026 radica en el débil desempeño del consumo interno, influido en gran medida por la situación del mercado laboral.
Si bien existen datos positivos en cuanto a la recuperación del salario real, también debe considerarse que muchas empresas se encuentran afectadas en su rentabilidad por el actual escenario socioeconómico. Resulta difícil sostener aumentos del salario real sin que ello impacte negativamente en la generación de empleo, e incluso podría derivar en la pérdida de puestos de trabajo o en un incremento de la informalidad.
En este sentido, la economista señaló que “si bien los salarios reales continuarán creciendo —lo cual es positivo para el consumo—, el empleo ya comienza a mostrar signos de enfriamiento en los últimos meses”, en alusión a reestructuras y cierres de empresas recientemente anunciados.
Por su parte, la consultora CPA Ferrere estima que la economía crecerá apenas por encima del 1% este año, en un contexto de mayor incertidumbre y deterioro de los términos de intercambio, además de un consumo interno que podría moderarse ante el menor dinamismo del empleo. A ello se suma la incertidumbre —e incluso dudas— respecto al alcance y la efectividad de las medidas que implementará el gobierno para mejorar la competitividad.
Esta desaceleración económica, además, se produce en un contexto internacional complejo, especialmente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente y el consecuente aumento en los precios del petróleo. Las previsiones, por tanto, incorporan una elevada cuota de incertidumbre, lo que lleva a los actores económicos a actuar con mayor cautela y adoptar posturas defensivas para preservar la rentabilidad de sus emprendimientos, antes que embarcarse en nuevas inversiones. Esto resulta, cuanto menos, preocupante en un país que necesita más que nunca de la inversión para crecer y corregir sus desequilibrios económicos.
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