Cuando empieza a quedar atrás el recuerdo de las peripecias vividas durante 25 años de marchas y contramarchas para, finalmente, concretar el eternamente postergado acuerdo Mercosur–Unión Europea, y a pocos días de su entrada en vigencia provisoria, el escenario ha cambiado: la pelota está ahora en la cancha de los países sudamericanos, centrada en las negociaciones entre los socios del bloque regional por el reparto de las cuotas de acceso al mercado europeo.
Según los analistas, estas negociaciones están estancadas. Sin embargo, en el gobierno uruguayo persiste el optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo a tiempo, aunque se reconoce que el objetivo es difícil, ya que se trata de una negociación “compleja” que involucra múltiples interlocutores y cuotas sobre diversos productos, de acuerdo con información publicada por Búsqueda en base a fuentes del Poder Ejecutivo.
En este sentido, las fuentes añadieron que se continúa trabajando con la meta del 1.º de mayo, definida por la Unión Europea como fecha de entrada en vigencia provisional, para que los beneficios del acuerdo puedan aprovecharse “de la mejor manera”.
Ambos bloques acordaron conceder acceso a sus mercados mediante cuotas para productos sensibles como carnes, arroz, azúcar, etanol, miel y lácteos. Sin embargo, se estableció que, si el Mercosur no llega a tiempo con la distribución interna, Europa no asignará previamente las cuotas, sino que estas se irán ocupando a medida que ingresen los productos exportados.
El problema es que el Mercosur dista de ser un frente homogéneo. Existen conflictos de intereses entre sus Estados miembros, que además compiten entre sí en los mercados internacionales. Uno de los puntos más sensibles en estas negociaciones es el referido a la carne bovina.
Más allá del respaldo político al acuerdo, conviene tener presente que no todo serán beneficios. Su entrada en vigencia no será neutra ni favorecerá a todos los sectores por igual. En el caso del Mercosur, el acceso al mercado europeo para los principales productos de exportación estará condicionado por cuotas que, además, deberán distribuirse entre países que compiten entre sí.
Precisamente, la distribución de la cuota cárnica dentro del Mercosur aparece como uno de los temas centrales para el sector. Así lo señaló en su momento el presidente de la Federación Rural (FR), Rafael Normey, quien recordó que en la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), realizada este verano, se actualizó la información sobre el estado parlamentario del acuerdo en cada país y el alcance de las salvaguardias europeas, aunque la discusión específica sobre la distribución de cuotas aún no había sido abordada en profundidad.
Tras la aprobación formal, el foco deberá trasladarse a la administración interna de las cuotas, en particular la de carne vacuna. Normey planteó que la aspiración del sector es que la negociación inicial se dé entre los privados de los cuatro países del bloque y que luego ese entendimiento sea respetado a nivel político. “Queremos que los privados podamos ponernos de acuerdo y que eso se respete a nivel político”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que los privados conocen el funcionamiento real del mercado y pueden dimensionar con mayor precisión hasta dónde es viable cada planteo. Avanzar en una definición exclusivamente política, sin ese consenso previo, podría generar distorsiones entre lo acordado y la realidad comercial.
Entre otros aspectos, los socios del Mercosur deben definir cómo repartirán la cuota de 99.000 toneladas de carne bovina, que pagará un arancel de 7,5 %, menos de la mitad del actual. Esta cuota comenzará con 9.075 toneladas al entrar en vigor el acuerdo y aumentará progresivamente hasta alcanzar el total al cabo de cinco años.
No obstante, la carne no es el único tema en discusión. Existen otros productos en los que cada país tiene intereses particulares, lo que da lugar a negociaciones cruzadas y a la posibilidad de ceder en un rubro para obtener ventajas en otro.
Uruguay, según lo señalado por la Cancillería, priorizó obtener condiciones favorables en cuotas de carne bovina, arroz, miel y lácteos. Sin embargo, este cruce de intereses no será fácil de resolver ante posiciones firmes de algunos socios. Brasil, de acuerdo con fuentes políticas y diplomáticas, mantiene la postura más rígida, mientras que Argentina y Uruguay exploran alternativas diversas.
Paraguay, por su parte, ya ha presentado propuestas orientadas a ampliar su participación por encima de sus niveles históricos, en función del crecimiento que ha experimentado su economía en los últimos años.
Sin duda, estos planteos y conflictos de intereses introducen un grado de incertidumbre para los operadores respecto al acceso al mercado europeo en varios productos, ya que aún no existe claridad sobre el resultado final de la distribución de cuotas entre los países de la región.
Se requiere, por tanto, una importante dosis de visión e inteligencia para negociar: ceder en aquellos rubros donde el país tiene escaso potencial y concentrarse en los de mayor interés, en una dinámica propia de la lógica intrabloque.
El escenario actual, además, difiere del de años anteriores, como 2017 o 2019. Paraguay ha fortalecido su perfil exportador y han surgido nuevas normativas, como las vinculadas a la deforestación, ámbito en el que Uruguay considera estar mejor posicionado.
Por último, el acuerdo no solo abre mejores perspectivas para nuestros productos de exportación —lamentablemente aún mayoritariamente primarios y con escaso valor agregado—, sino que también habilita el ingreso desgravado de bienes semiterminados y terminados provenientes de países altamente industrializados y con tecnologías de punta. Esto podría generar mayores dificultades para las ya debilitadas industrias locales, afectadas por altos costos internos y un tipo de cambio desfavorable, entre otros factores. Por ello, será necesario actuar con extrema precisión en las negociaciones internas del bloque, sin perder de vista que los actores externos también juegan con fuerza.