En las últimas décadas, el debate sobre la deuda soberana en América Latina se ha mantenido en una jerga técnica que el ciudadano común no siempre entiende o investiga. Se habla de sostenibilidad fiscal, riesgo país y perfiles de vencimiento como si fueran variables aisladas del contexto social. Sin embargo, un reciente y contundente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Who pays the price? Gender, inequality & sovereign debt (2026)” rompe esa visión con una evidencia empírica que es difícil de ignorar: la deuda no es neutral al género y además, tiene rostro de mujer. El informe fundamenta cómo la deuda soberana es un potente catalizador de desigualdad que, en momentos de crisis, extrae su pago directamente del bienestar, el tiempo y la vida de las mujeres.
En primer lugar, para comprender por qué la economía tiene un impacto tan directo en nuestras vidas, es necesario desmitificar qué es, realmente, la deuda soberana. En términos sencillos, podemos imaginarla como el compromiso financiero que asume un país cuando sus ingresos –lo que recauda principalmente a través de impuestos– no son suficientes para cubrir sus planes de inversión o sus gastos de funcionamiento. Ante esta brecha, el Estado acude al mercado para pedir prestado, ya sea emitiendo bonos que compran inversores privados o solicitando créditos directos a organismos internacionales.
Esto, que suele presentarse como un frío balance contable tiene, no obstante, una “letra chica” que afecta el bienestar social. El problema no es solo la deuda en sí, son el llamado servicio de la deuda, un flujo constante de dinero que el país debe desviar mes a mes para pagar intereses y devolver el capital original. Cuando el peso de esos pagos crece, el espacio fiscal se encoge, obligando al gobierno a tomar decisiones difíciles, y la macroeconomía se vuelve personal.
En la práctica, esto significa que cada peso destinado a los acreedores es un peso que deja de invertirse en hospitales, escuelas o en el fortalecimiento de nuestro sistema de cuidados. Así, la deuda deja de ser un concepto abstracto vinculado a quienes entienden de economía para convertir en un factor que condiciona la calidad de servicios públicos y, en última instancia, profundiza las brechas de desigualdad que ya atraviesan la sociedad.
El informe advierte que el aumento del servicio de deuda en los países en desarrollo está agravando la desigualdad de género, amenazando 55 millones de puestos de trabajo femeninos. Tras analizar datos de 85 países en desarrollo, el estudio revela que las mujeres son las principales víctimas de las políticas de austeridad impuestas por el creciente peso de la deuda en muchos países y que los recortes en servicios esenciales están revirtiendo décadas de progreso en desarrollo humano. Es decir, mientras los gobiernos destinan más recursos al pago de intereses, se ven forzados a recortar inversiones en salud, bienestar y sistemas de cuidados, un ajuste que golpea con especial dureza a las mujeres.
Hay un dato en el informe del PNUD al que se debería prestar especial atención: cuando el servicio de la deuda escala a niveles críticos, el ingreso per cápita de las mujeres se desploma un 17%. Podríamos preguntarnos por qué bajo las mismas condiciones de presión financiera, el ingreso de los hombres no muestra variaciones estadísticamente significativas.
La respuesta que da el estudio es que ese 17% corresponde a una brecha de género convertida en variable de ajuste macroeconómico. En América Latina, donde la autonomía económica femenina es el pilar que sostiene a millones de hogares, este desplome de ingresos significa menos libertad, más dependencia y un retroceso de décadas de lucha por la igualdad. De esta manera, la deuda, gestionada bajo las reglas actuales, funciona como un motor que succiona la riqueza generada por las mujeres para alimentar los intereses de acreedores externos.
El impacto en el empleo es igualmente devastador y presenta lo que el informe llama un “efecto cicatriz”: en el corto plazo, un alto servicio de deuda provoca una caida inmediata del 6,3% en el empleo femenino, pero como la economía es un organismo con memoria, a largo plazo, debido a la erosión de la demanda y el recorte de servicios públicos, esa caída se profundiza al 10,6%.
¿Por qué las mujeres pierden más empleos que los hombres ante la deuda? La respuesta reside en la estructura del Estado. El servicio de la deuda desplaza el gasto en sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas, como la educación y la salud, y recorta las vacantes de empleo público, que ha sido históricamente refugio de la formalidad y la profesionalización femenina en varios países de la región, entre ellos el nuestro.
En definitiva, cuando el Estado se achica para pagar, las mujeres son las primeras en ser explusadas del mercado laboral aunque no se van a la inactividad sino que se ven empujadas al trabajo informal por cuenta propia y al empleo familiar no remunerado, lo que implica pérdida de derechos y mayor inseguridad.
Para un país como Uruguay, que ha construido su identidad moderna sobre las bases de una red de protección social robusta y una agenda de derechos de vanguardia, los hallazgos de este informe representan un desafío ético y macroeconómico de primer orden.
Nuestro país es observado por el mundo gracias a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el cual además se aspira a fortalecer en el entendido que para que la mujer trabaje, estudie o participe de la vida pública, el Estado debe co-responsabilizarse del cuidado de niños y ancianos.
En tiempos complejos para la economía y el empleo, el informe del PNUD es un llamado de atención que advierte sobe un impuesto invisible: cuando la presión de la deuda obliga a recortar estos servicios, la carga del cuidado no desaparece, simplemente se “domestica” nuevamente regresando al hogar, por lo que las mujeres son quienes actúan como amortiguador humano frente a la crisis fiscal.
Con un análisis de más de 80 países, el estudio presenta suficiente evidencia de que cada peso que se retrae de una guardería o un centro de día para pagar un cupón de deuda es una hora de trabajo no remunerado que se le impone a una mujer, lo que constituye un subsidio invisible que las mujeres otorgan a la estabilidad macroeconómica de un país.
En este sentido, concluye que es imperativo que las reestructuraciones de deuda incluyan evaluaciones de impacto de género. No se trata solo de la cantidad de deuda, sino de cómo su gestión prioriza o sacrifica los derechos humanos de la mitad de la población. Se necesitan “claúsulas de género” que protejan los presupuestos de salud materna y los sistemas de cuidados, entendiéndolos no como gastos a recortar sino como inversiones estratégicas que sostienen la productividad de una nación. Es un tema del que escasamente se habla pero por el cual las democracias de América Latina, y particularmente Uruguay, deberían alzar la voz, dado que la invisibilización contribuye a aumentar la brecha.
Sé el primero en comentar