El presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, estuvo en Paysandú para evaluar y obtener información sobre la situación de crueldad extrema con una perra que apareció descuartizada en el fondo de una vivienda. Luego de la denuncia presentada ante la Policía, el caso se encuentra en plena investigación. Vieta se reunió con el jefe de Policía de Paysandú, comisario general Alejandro Sánchez, y con integrantes de la oenegé Amigos de los Animales, quienes tomaron el primer contacto con este aberrante hecho.
El presidente del INBA junto a la directiva de la oenegé Laura de León asistió a la vivienda de la denunciante para recoger su testimonio y nuevos datos que posibiliten esclarecer esta situación.
“Está en manos de Fiscalía, tiene varias aristas y esperamos que junto a la Policía puedan dilucidar al responsable o los responsables. Cuando finalice la investigación, el INBA tomará cartas en el asunto pero las herramientas que tenemos hoy, son sanciones económicas”, dijo Vieta a EL TELEGRAFO.
Explicó que realiza una ronda de contactos con legisladores, a fin de obtener respaldo político para la iniciativa. “Entendemos que el maltrato animal tiene que ser tipificado (como delito). El instituto solo puede poner una sanción económica y quienes llevamos adelante el instituto creemos que las herramientas que tenemos hoy no alcanzan. Por eso es sumamente necesario endurecer las penas y sanciones para cambiar nuestra sociedad”, agregó.
Capacitación
En los próximos días, personal del instituto llegará a Paysandú a brindar capacitaciones y “trabajar en equipo con los efectivos policiales sobre bienestar animal, tenencia responsable, cómo actuar en diferentes casos y el abordaje que puede hacer la policía. Lo venimos haciendo en otros departamentos, son líneas de acción conjuntas y es una propuesta del jefe de Policía para mejorar el servicio a la sociedad”.
El INBA
En la citada comisión parlamentaria, los legisladores consideran la necesidad de una mayor descentralización para lograr autonomía técnica y económica en el instituto creado en la Ley de Urgente Consideración. La estructura actual se financia mediante una tasa del 4% aplicada a la venta de raciones para animales. El 80% de los fondos recaudados se destinan al INBA y el restante 20% a la Comisión de Zoonosis.
Sin embargo, Vieta explicó que los recursos económicos recorren un trámite burocrático. “El dinero primero va a Rentas Generales, de ahí se dirige al Ministerio de Ganadería que luego lo deriva al instituto. Todo eso demora un tiempo y para estas situaciones se requiere otra velocidad”.
El INBA cuenta con una plantilla de 21 funcionarios para todo el país. De ese total, solo 3 inspectores están encargados de cubrir la fiscalización y atender los casos en el Interior. El organismo recibe entre 400 y 550 denuncias al mes por situaciones como maltrato, abandono y caballos sueltos. Vieta aseguró que el cumplimiento es “prácticamente imposible” y reclamó al menos un funcionario por departamento.
Vieta señaló que la tasa del 4% de la venta de ración para animales corresponde a unos 80 millones de pesos anuales. “Seguramente será mayor porque se viene incrementando la compra de raciones. También generamos nuevas fuentes de financiamiento con el collar inteligente para perros y gatos que puedan ser geolocalizados con un reloj inteligente que, además, indicará el estado de salud”.
Castraciones
El presidente del instituto adelantó que el organismo aprobó para Paysandú “dos millones de pesos que llegarán en breve porque queremos continuar con las castraciones masivas. Hace casi un mes se votaron para los 19 departamentos un total de 45 millones de pesos que es más de un millón de dólares. En esta primera instancia, utilizamos el censo del INBA para ser equitativos con todos”.
Luego de una reunión con directores municipales, comenzaron a definir los nuevos acuerdos entre las intendencias y el instituto. “Ahora se encuentra en la etapa de una redacción diferente al acuerdo anterior para brindarle una mayor espalda a los gobiernos departamentales”.
Caballos sueltos
La problemática de los caballos sueltos se aborda “entre la Policía y los gobiernos departamentales”. Vieta aseguró que “el Decreto 233 es muy claro y señala que la Policía es la primera que debe atender esta problemática”. En los últimos días, en Montevideo y San José comenzó una campaña de requisa de animales sueltos en la vía pública, “de manera integral junto a los ministerios de Defensa e Interior, las intendencias, municipios, INBA, Ministerio de Ganadería junto a Sanidad Animal y la Dirección General de Servicios Ganaderos. Esperamos prontamente hacer este operativo en Paysandú”.
Amigos de los animales
De León subrayó que las protectoras coinciden con lo manifestado por Vieta, en tanto “pedimos desde hace años que el maltrato y abandono sean tipificado como delito y pase al Código Penal. De lo contrario, esto no se detiene y seguirán ocurriendo hechos más atroces”. Recordó que es un pedido de largo aliento que el instituto salga de la órbita del Ministerio de Ganadería y “vuelva al Ministerio de Educación, de donde lo sacaron, o a los ministerios de Ambiente o Interior, porque la Policía actúa en los casos maltrato”.
Las protectoras reconocen que los recursos obtenidos por las ventas de raciones “no alcanzan, así como tampoco la cantidad de funcionarios que son solo tres para el Interior”. Adelantó que esperan por la firma del acuerdo entre el instituto y la intendencia para retomar las castraciones masivas, así como los convenios con las protectoras.
Con respecto a este caso de maltrato extremo, “concurrimos con Vieta a la vivienda de la mujer que tenía esta perra y constatamos que es imposible que el animal salga por sí solo del fondo porque tiene muros altos y tampoco hay otros elementos que pudiera usar para saltar. No hay sangre en ningún lugar del patio. La mujer relató que fue con su hijo a la plaza y cuando regresó se encontró con el hecho. Nos llevamos otra perra que estaba en la vivienda, por temor a que le ocurra lo mismo”.
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