El edil departamental Marcelo Tortorella planteó la necesidad de respaldar un proyecto de ley que habilite a las Intendencias a actuar como querellantes en causas vinculadas a la Ley de Faltas, con el objetivo de dar respuesta a situaciones de vandalismo, ocupación de espacios públicos, daños a bienes municipales y otras conductas que afectan la convivencia ciudadana.
La propuesta fue analizada en la Comisión de Legislación del Congreso Nacional de Ediles, a partir de una iniciativa del diputado por Maldonado Diego Echeverría. Según explicó Tortorella, el proyecto apunta a dotar a los gobiernos departamentales de “herramientas clave para que las Intendencias operen como querellantes para la aplicación de la Ley de Faltas”.
La Ley 19.120, conocida como Ley de Faltas, modificó el Código Penal en materia de faltas y estableció normas sobre conservación y cuidado de los espacios públicos. Entre otros aspectos, prevé penas de 7 a 30 días de trabajo comunitario para determinadas conductas, como desórdenes en espectáculos públicos, agravio a la autoridad, venta no autorizada de entradas, abuso de alcohol o estupefacientes en espacios públicos, deterioro de instalaciones, monumentos o semáforos, y ocupación indebida de espacios públicos.
Tortorella sostuvo que uno de los problemas actuales es que muchas denuncias no logran avanzar en el sistema. “Hoy vemos con frustración que muchas denuncias que realizan las mismas Intendencias o los ciudadanos quedan en la nada”, afirmó. A su entender, ello ocurre en parte porque la Fiscalía General de la Nación “concentra sus mayores esfuerzos en delitos graves, por lo que las faltas muchas veces no reciben el impulso procesal necesario”.
“Con este proyecto, si bien las Intendencias no sustituyen a la Fiscalía en sus funciones, se convierten en un aliado para poder accionar ante el Poder Judicial”, señaló. En ese sentido, explicó que los servicios jurídicos de las administraciones departamentales quedarían habilitados a “formular acusación directamente ante el Poder Judicial”, evitando que los expedientes se “empantanen” por falta de tiempo o por la recarga laboral de los fiscales.
El proyecto establece que los gobiernos departamentales, por intermedio de las intendencias respectivas, podrán presentar querella ante el juzgado competente cuando se trate de faltas penales vinculadas a materias de su competencia. Actualmente, la Intendencia puede denunciar, pero muchas veces depende de que Fiscalía impulse el procedimiento. Con este proyecto, la Intendencia podría sostener la causa, pedir medidas, comparecer a la audiencia y formular acusación.
No sustituye a Fiscalía, pero puede actuar aunque Fiscalía no esté. El artículo 2 establece la legitimación activa de las Intendencias. El texto plantea que las Intendencias podrán intervenir “en calidad de parte actora”, incluso “en ausencia de representante de la Fiscalía General de la Nación”.
Esto no significa que Fiscalía desaparezca del proceso. De hecho, el proyecto dispone que Fiscalía debe ser notificada electrónicamente, con un plazo no menor a tres días hábiles antes de la audiencia. Pero la novedad es que la causa no dependería exclusivamente de que Fiscalía comparezca o impulse el trámite.
Para Tortorella, esto supone “reconocer a los gobiernos departamentales una legitimación activa que hoy no tienen”.
El edil también vinculó la iniciativa con la actuación policial. “La Policía hace su parte, interviene y documenta la falta, pero si luego no hay una parte interesada que siga la querella ante el juzgado, todo el trabajo policial pierde impacto y efectividad”, expresó. Por eso, agregó, “queremos que el Policía sepa que, cuando actúe ante un desorden en el espacio público, la Intendencia estará ahí para sostener esa acusación ante el juez”.
La iniciativa incluye además la posibilidad de orientar las penas de trabajo comunitario a la reparación directa del daño causado. En esa línea, Tortorella mencionó ejemplos concretos, como limpiar graffitis o reparar contenedores vandalizados. “Así garantizamos también el efectivo cumplimiento de la reparación directa de los daños causados”, indicó.
El texto del proyecto también incorpora medidas cautelares o provisionales, como la prohibición de acercamiento a determinado radio del lugar donde se cometió la falta, por un plazo máximo de 30 días, a efectos de preservar pruebas o evitar un agravamiento de las consecuencias. Además, plantea que la incomparecencia de Fiscalía no suspenda la audiencia ni provoque la clausura del proceso.
Para Tortorella, el respaldo político al proyecto debe ser claro. “Nuestra posición en el Congreso Nacional de Ediles, así como de la presidenta de la Comisión, la edil Adriana Velázquez, es avanzar decididamente en el apoyo a este proyecto de ley, porque es lo que la población está reclamando y requiere una definición política y jurídica”, afirmó.
La Comisión volverá a tratar el tema en su próxima reunión en Minas, instancia para la cual se convocó al diputado Echeverría, autor del proyecto, y también a la Fiscalía General de la Nación. “El ciudadano espera respuestas, y para eso es necesario que las Intendencias tengan las herramientas legales para defender el orden y la convivencia en cada rincón del departamento y del país”, concluyó Tortorella.
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