Pasó el Diálogo Social. El proceso participativo convocado por el gobierno con el propósito de escuchar a todos los actores, de todo el país, para hablar sobre seguridad social y sentar las bases de una nueva reforma. Pasó, y dejó algunos titulares y muchas más incertidumbres que certezas, e incluso algunas heridas abiertas y algunas otras que se habrán de abrir más adelante, cuando se frustren expectativas que se generaron. También dejó una gran sombra de duda —que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, intenta despejar cada vez que sale— sobre si la confiabilidad y la estabilidad de la que el país ha hecho bandera a lo largo de este siglo, sigue siendo la premisa que era, dicho esto por el asunto de las AFAP, por supuesto.
Pero no es a eso que debemos referir hoy, sino a otros actores que participaron del Diálogo Social, que debieran ser el principal sujeto de los desvelos de los sistemas previsionales y de cuidados, y que sin embargo una vez más, como tantas veces, los vemos teniendo que salir a la calle a reclamar para hacer valer sus derechos.
Hablamos de jubilados y pensionistas, que con temperaturas de un dígito se concentraron en plena 18 de Julio, en Montevideo, para una movilización en la que repitieron reivindicaciones históricas, podría decirse, pero no porque no sean nuevas son menos relevantes; al contrario, esta permanente postergación habla de en qué lugar coloca nuestra sociedad a los adultos mayores.
Porque ojo, no podemos desconocer que se ha querido situar como objetivo a la pobreza infantil y que ello es estratégico porque el país tiene un problema de natalidad que es una amenaza para las próximas décadas, pero no puede ser la estrategia que nos lleve a ello una que se base en tirar de la frazada y dejar al descubierto el otro extremo de la pirámide poblacional.
¿Qué se reivindicó en esa concentración y movilización?: una partida fija en junio y diciembre, algo que equivalga a un aguinaldo; soluciones habitacionales, viviendas para jubilados; revisar los costos de órdenes y tiques en la salud; prótesis, lentes y audífonos para jubilados, un beneficio que se reconoce a los trabajadores activos, pero que “cuando dejamos de trabajar y más lo necesitamos porque vamos perdiendo la visión con la edad, no lo tenemos”, señaló Estela Ovelar, la secretaria general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). “Son temas que están quedando, por una seguridad social justa, solidaria, y sin lucro”, agregó, al igual que el recordatorio de que “los tiempos de espera de las personas mayores, no son los mismos que una persona más joven”.
Ovelar planteó que es una falsa oposición la que se pretende establecer entre combatir la pobreza infantil y atender la situación de las personas mayores. “Dejemos de enfrentar pobreza infantil con adultos mayores, porque muchos de esos niños por debajo de la línea de pobreza están sostenidos por la magra jubilación de sus abuelos, o por mujeres en hogares monoparentales con trabajos más precarios que eso después no resuelve”, dijo. Y le asiste razón. Porque en el Uruguay real, no el que figura en los papeles que ven pasar sobre sus escritorios los administrativos en calefaccionadas oficinas públicas, en el Uruguay de los barrios populares, desde donde ir al centro —donde se encuentran esas oficinas— es un viaje que puede llevar todo un día, las economías familiares son complejas y diversas.
En un país donde la inflación en las pantallas del INE y del Ministerio de Economía está en el piso históricos, pero donde llegar a fin de mes para una parte de la población es sinónimo de endeudarse para pagar deudas y rezar para que llegue San Aguinaldo, las jubilaciones de los mayores son un pilar básico para el sustento de varios miles. Mejorar los ingresos de esa población no solamente tiene efecto en los bolsillos de los jubilados y pensionistas. No es especulación, es plata que se va a gastar y va a dinamizar la economía.
Claro, está el detalle de dónde sacar los recursos necesarios para atender esta necesidad, y no vamos a caer en el barato recurso de reclamar postergaciones de obras como los accesos a Montevideo desde el Este del país, o la reforma que se anunció en los alrededores del Palacio Legislativo, también en Montevideo, pero mucho menos, por supuesto, vamos desde acá a siquiera sugerir la posibilidad de seguir contrayendo deuda para simplemente funcionar.
Que tenemos un estado sobredimensionado no es novedad ninguna. Es un diagnóstico en el que hay prácticamente unanimidad, solo que a algunos les parece bien, y hasta consideran deseable que hubiese más aun presencia y control estatal en todos los órdenes de la vida, a costa de la asfixia de un sector privado que siempre termina pagando la fiesta, a golpe de impuesto tras impuesto y de encarecimiento del costo de vida a segmentos de la población que de forma alguna podrían considerarse “privilegiados” en el sentido en que lo expresó Artigas en su célebre Reglamento de tierras de 1815.
