El Ministerio de Salud Pública apoya las actividades desplegadas durante la Semana Mundial del Parto Humanizado y se encuentra entre sus “prioridades” la difusión de buenas prácticas en las maternidades del país.
La directora departamental de Salud, Ángela Almeida, señaló que el parto es respetado y cuidado “cuando se pone en el centro al niños por nacer, la mujer y su familia con una atención segura, respetuosa e informada. Sobre todo, humanizar el proceso de atención del embarazo parto y puerperio”, dijo a EL TELEGRAFO.
La directora explicó que, ante la posibilidad de ver alterados sus derechos, “una mujer puede hacer escuchar su voz a través de la oficina de atención al usuario de su prestador. De ahí, siempre llega a la dirección de la institución donde se atendió y, obviamente, al Ministerio de Salud Pública”.
Explicó que Paysandú “tiene una ventaja y es que en la ciudad se forman recursos humanos a través de la Escuela Binacional de Obstetricia. Desde ese perfil de derechos, se promueve desde las primeras clases a los estudiantes a escuchar, dejar participar y ejercer una atención humanizada”.
Almeida precisó que hasta el momento no tiene conocimiento sobre la existencia de denuncias por violencia obstétrica. “Recuerdo que cuando estuve en la dirección del hospital, una embarazada propuso su plan de parto y puerperio, donde implementaba algunas medidas o condiciones que hasta ese momento el hospital no las tenía. Pero entre todos, en el servicio de maternidad y la dirección se hizo todo a su alcance para que tuviera su parto como lo había solicitado”, concluyó.
Registros y ley
En 2008 se aprobó la Ley Nº 18.426 de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Allí no menciona la violencia obstétrica como tal, pero en los artículos 3 y 4 se refiere al parto humanizado, al respeto por los tiempos fisiológicos y los deseos de la madre, a la administración de medicación debidamente justificada y al respeto a las pautas culturales.
El término violencia obstétrica se introduce en la legislación uruguaya en la Ley 19.580 de 2018. En su reglamentación, la ley describe con gran importancia el plan de parto.
En 2020, junto a Unfpa, Fondo de Población de las Naciones Unidas, dedicada a la salud sexual y reproductiva, se realizó el Primer Censo Nacional de Obstetras Parteras. Aquel estudio estableció que Montevideo concentra la mayoría de las profesionales en situaciones de multiempleo. En el año 2021 se creó el Primer Observatorio de violencia obstétrica del Uruguay por la organización civil Gestar Derechos. Su propósito central es la generación de bases de datos a través de encuestas nacionales para identificar las percepciones y experiencias de las mujeres.
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