De acuerdo al análisis técnico del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau), la aprobación del Plan Estratégico de Gestión 2025–2029 de la Dirección General Impositiva (DGI) marca un cambio en la forma de gestionar el cumplimiento tributario, y para las empresas este cambio implica un desafío concreto. El organismo busca avanzar desde un modelo concentrado en detectar incumplimientos una vez producidos hacia un esquema preventivo, basado en riesgos, datos, asistencia y acompañamiento a los contribuyentes.
Pero para las empresas, ya no alcanza con presentar las declaraciones juradas en plazo. La información que genera una empresa debe ser coherente desde el origen y mantener consistencia entre la contabilidad, la facturación, las declaraciones y los datos que la DGI recibe de otras fuentes.
La presidenta del Cceau, Cra. Silvia Leal, advierte que esta transformación vuelve más relevante el control interno y el asesoramiento profesional. Según explica, una empresa puede cumplir formalmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, presentar diferencias entre sus registros y la información disponible para la Administración.
Destaca que el nuevo modelo contempla tratamientos diferenciados de acuerdo con el nivel de riesgo y una utilización creciente de los datos como activo estratégico. A esto se suma el intercambio de información con otros organismos y el uso de herramientas como la facturación electrónica, los controles automatizados, la información precargada y el análisis masivo de datos.
Considera que la DGI dispone actualmente de información procedente de declaraciones juradas, pagos, facturación electrónica, retenciones, compras, ventas, proveedores, clientes y terceros. El creciente cruzamiento de esos datos permite reducir el tiempo entre la generación de una inconsistencia y su eventual detección.
Una diferencia que anteriormente podía permanecer sin advertirse durante años puede ser identificada hoy dentro del mismo ejercicio, incluso antes de que exista una fiscalización tradicional. Esto no significa necesariamente que todas las empresas enfrentarán más inspecciones, sino que los controles tenderán a estar mejor focalizados sobre situaciones consideradas de mayor riesgo, explica la profesional, puntualiza la presidenta de la gremial.
En este contexto, mantener información ordenada, coherente y correctamente respaldada se vuelve una herramienta de prevención. La factura es solo una parte del respaldo. Otro aspecto que adquiere importancia es la documentación de las operaciones. Contar con una factura constituye un elemento fundamental, pero no necesariamente alcanza para demostrar la realidad y características de una transacción.
Dependiendo del caso, la empresa debe poder identificar al proveedor, explicar qué bien o servicio adquirió, demostrar su relación con la actividad, acreditar la forma de pago y conservar contratos, constancias de entrega u otros antecedentes.
Entre las situaciones que requieren especial atención se encuentran las diferencias entre facturación y declaraciones juradas, los gastos con respaldo insuficiente, las compras que no presentan una relación clara con la actividad, los créditos fiscales deficientemente documentados y los saldos con socios o partes vinculadas que carecen de una explicación razonable.
La premisa es que detrás de cada comprobante debe existir una operación real, explicable y demostrable.
La digitalización también está modificando la relación entre contribuyentes y Administración. Sin embargo, el hecho de que la DGI disponga de más información y pueda generar declaraciones automáticas o precargadas no elimina la necesidad de revisión profesional.
Los sistemas trabajan con los datos disponibles y aplican criterios generales. La realidad de una empresa puede requerir correcciones, complementos o tratamientos específicos que no quedan reflejados automáticamente.
Por eso, una declaración precargada debe ser entendida como un punto de partida y no necesariamente como una declaración definitiva. La tecnología puede procesar información y realizar cálculos, pero la interpretación de esa información en función de la actividad y las circunstancias particulares de cada empresa continúa requiriendo conocimiento técnico y criterio profesional.
Ante este escenario, el Cceau recomienda a las empresas reforzar sus controles internos y revisar la coherencia de la información desde el momento en que se genera cada operación.
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