Una vez más, desde el sector productivo surge una advertencia que Uruguay conoce desde hace mucho tiempo: somos un país caro. La afirmación formulada por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, durante el cierre de la Expo Prado, no constituye una novedad ni debería sorprender a nadie. Por el contrario, lo verdaderamente preocupante es que, después de tantos años de diagnósticos, debates, anuncios y propuestas, el problema continúe presente y siga condicionando las posibilidades de crecimiento, inversión y generación de empleo.
Que Uruguay sea un país caro es consecuencia de una característica estructural de su economía. Lo dicen productores, comerciantes, industriales, exportadores y también consumidores, que enfrentan cotidianamente precios elevados en relación con los ingresos y con los costos que deben asumir las empresas para producir. Lo contradictorio es que, si el diagnóstico se conoce desde hace tanto tiempo, todavía no se haya conseguido modificar sustancialmente las condiciones que lo generan.
Ese debería ser el centro de la discusión. No alcanza con reafirmar que Uruguay tiene problemas de competitividad. Tampoco alcanza con atribuirlos exclusivamente al precio del dólar, a los salarios, a los impuestos, al costo de la energía, a la infraestructura o a la dimensión del Estado. Todos esos factores forman parte de una ecuación que, en conjunto, determina cuánto cuesta producir en el país y qué posibilidades existen de vender lo producido dentro y fuera de fronteras.
El propio debate actual permite advertir esa complejidad. La caída del Producto Bruto Interno de 0,5% interanual en el segundo trimestre de 2026 no puede explicarse simplemente por el comportamiento del tipo de cambio. El Banco Central señaló que la retracción estuvo asociada principalmente a la caída del sector agropecuario, pesca y minería, mientras otras actividades mostraron crecimiento.
Pero reconocer que el dólar no explica todo no significa desconocer su importancia, y lo que viene atado con él en nuestra economía, en el diario vivir. Un tipo de cambio favorable no es sinónimo de competitividad, pero sí constituye una variable de marcada incidencia si se pudiera aislar para competir en los mercados con nuestros precios. Pero en una economía como la uruguaya, el valor del dólar tiene efectos sobre una enorme cantidad de precios y decisiones. Buena parte de los costos internos, directa o indirectamente, termina acomodándose a esa referencia. Y esto genera una situación particularmente compleja: el dólar que puede favorecer la competitividad de los sectores exportadores también tiene consecuencias sobre los precios internos y, por esa vía, sobre la inflación.
Allí aparece un dilema de hierro del que nuestro país no ha conseguido salir.
Si el dólar sube, mejora los ingresos en pesos de quienes exportan y alivia parcialmente —y temporalmente— la relación entre costos e ingresos de los sectores que venden al exterior. Pero, al mismo tiempo, un aumento significativo del tipo de cambio se traslada irremediablemente a precios —como indican experiencias nefastas de otras épocas—, especialmente en una economía que importa una parte importante de sus bienes, insumos y componentes.
Ese traslado dinamita inevitablemente el objetivo de estabilidad de precios.
Si, en cambio, el tipo de cambio permanece contenido y la inflación interna avanza por encima de la evolución del dólar, los costos medidos en dólares aumentan. El resultado es conocido: Uruguay se vuelve relativamente más caro frente a sus competidores, y eso es lo que viene pasando desde hace ya demasiados años.
El problema, entonces, no consiste simplemente en tener un dólar más alto. La cuestión de fondo es cómo conseguir que el país pueda mantener una inflación baja y estable sin que la corrección de los precios internos termine deteriorando permanentemente la competitividad.
Es justamente por eso que no debería plantearse una falsa oposición entre estabilidad de precios y competitividad. La estabilidad monetaria es un activo demasiado importante como para ponerlo en riesgo. Uruguay ha conseguido en los últimos años una situación de inflación muy diferente de la que caracterizó otras etapas de su historia. En agosto de 2026, la inflación interanual se ubicó en 4,55%, prácticamente en torno a la meta de 4,5%, mientras las expectativas permanecen relativamente alineadas con ese objetivo. Ese logro no debería ser cuestionado, pero, como contrapartida, no se ha resuelto el problema de los costos, que tiene que ver con la relación de los insumos y precios con los ingresos que se perciben.
Precisamente porque no parece razonable solucionar la competitividad mediante una aceleración inflacionaria o una devaluación permanente, el desafío consiste en actuar sobre las demás variables que hacen caro producir en Uruguay.
Y esta es la parte más difícil, a la que no se le ha encontrado la vuelta en el transcurso de los años.
Cabe preguntarse —y sobre todo, actuar en consecuencia— por qué producir resulta costoso aun cuando se dejen de lado las oscilaciones del dólar: el peso de los impuestos sobre las empresas, el costo de la energía y de los combustibles, qué ocurre con los costos laborales, cuánto cuesta transportar la producción, qué dificultades existen para acceder a los mercados internacionales y cuánto tiempo y recursos demanda cumplir con las exigencias administrativas.
También debe preguntarse —ya sabemos la respuesta— si el Estado tiene una estructura y un funcionamiento compatibles con las exigencias que enfrenta el sector privado.
El reclamo de Ferber en este sentido toca un punto sensible. No parece razonable pedir permanentemente eficiencia, productividad, inversión y adaptación a empresas y trabajadores mientras el Estado posterga reformas que pueden mejorar su propio funcionamiento. La competitividad no es solamente una responsabilidad de quienes producen. También depende de la calidad y del costo de los servicios públicos, de la infraestructura, de las reglas de juego y de la capacidad del Estado para resolver en tiempo y forma los problemas que afectan la actividad.
Tenemos de por medio los problemas de los puertos, las rutas, la logística, la conectividad, la energía y los procedimientos necesarios para exportar. En un país pequeño, alejado de los grandes centros de consumo y que necesita vender buena parte de lo que produce al exterior, cada costo adicional tiene una importancia considerable. Ni que decir de las cuentas públicas. Un Estado que gasta más de lo que puede sostener genera necesidades de financiamiento, presión tributaria y menor margen para reducir costos o promover inversiones. La discusión fiscal, entonces, no es ajena a la competitividad. Forma parte de ella. Además, si un país no logra generar condiciones para aumentar sostenidamente la inversión, difícilmente podrá elevar la productividad. Y sin un incremento de la productividad, los aumentos de costos terminan trasladándose a precios o reduciendo los márgenes empresariales.
Ese es quizás uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico: Uruguay lleva demasiado tiempo discutiendo cómo repartir una estructura de costos que debería estar procurando reducir, y mientras pasan los gobiernos y se sigue con los parches, con el seguir pateando la pelota hacia adelante para que se arreglen los que vengan, siempre seguiremos con el problema sin resolver y potenciado, lamentándonos de que no se haya hecho en su momento lo que había que hacer. Como tampoco se hace ahora, para no pagar los remedios amargos pero necesarios, con efectos iniciales traumáticos y los consecuentes costos políticos.
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