El Poder Ejecutivo firmó ayer el proyecto de ley para extender por cuatro meses y por última vez el seguro de paro a los trabajadores del Frigorífico Casa Blanca (Fricasa). Mediante el texto, el gobierno faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a “extender por razones de interés general” hasta el 31 de octubre el subsidio por desempleo a unos 420 trabajadores que perdieron su fuente laboral a raíz del concurso de la empresa.
La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del cese de los últimos subsidios, que se habían establecido por ley hasta el pasado 30 de junio
Un plan b
El Plenario Departamental del Pit Cnt manifestó su preocupación por la demora en la respuesta, apoyó las movilizaciones de los trabajadores nucleados en Aloef y organizó una recolección de alimentos no perecederos. El dirigente Mathías Machuca destacó la necesidad de poner esta problemática sobre la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales así como de otros actores gubernamentales.
Machuca cuestionó que la Agencia de Desarrollo Paysandú “no sabe bien qué está haciendo, por lo que debería estar trabajando en un proyecto para estos trabajadores”. Adelantó que darán discusión para que “vuelvan a sus puestos laborales”, así como la generación de “un Plan B de reconversión laboral” e insistió en la transformación de la infraestructura a nivel local para esa posibilidad.
Incertidumbre
El dirigente de Aloef, Nelson Medina, recordó que un total de 420 trabajadores se encuentran paralizados desde marzo, con el último vencimiento de los seguros al pasado 30 de junio. Desde entonces no contaban con cobertura médica y la incertidumbre se profundiza ante las dificultades laborales del departamento.
Lucía da Silva, también integrante de Aloef, señaló que la planta permanece totalmente paralizada desde el 1º de marzo, cuando se anunció la detención de las tareas “por un mes ante el aumento del precio del ganado en el mercado así como por la deuda con Conexión Ganadera”.
En ese entonces se sumaron unas 220 personas a otras 180 que se encontraban en el seguro desde febrero de 2025. Da Silva recalcó que desconocen “si la planta volverá a sus funciones, pero hacemos gestiones porque no pretendemos vivir de un seguro de paro, sino volver a trabajar.
Como trabajadores podemos entender los tiempos de la burocracia, pero las familias llevan dos meses sin pagar facturas y sin consultas médicas”.
La dirigente indicó que “los trabajadores no generamos esta crisis y desconocíamos la situación financiera. Movíamos la empresa para sostener la capacidad de exportación que tienen hasta ahora, pero somos quienes pagamos primero ante una situación de crisis”.
Tres escenarios
El abogado de los trabajadores, Julio Logiurato, aclaró “no se ha terminado la relación de trabajo con la empresa, sino que simplemente está suspendida. Por esa razón, no corren plazos para el reclamo de determinados créditos como una indemnización por despido”.
El asesor recalcó que “la relación está suspendida por falta de trabajo y una prueba es que la empresa no ha dado de baja a esos trabajadores. Es decir, dentro de la incertidumbre pueden tener esta certeza y es que esos plazos no están corriendo”.
Reconoció que otros trabajadores, que operaban bajo el rubro construcción, “estaban en una situación diferente porque le plantearon la finalización de contrato y el despido. A esos pocos les corre el plazo, pero es una minoría de 7 u 8 casos.
La otra situación corresponde a los trabajadores que hayan firmado una renuncia, a quienes les corre un plazo de prescripción porque se extingue la relación laboral”.