Uruguay Natural: la ecología no da réditos

Hay una diferencia sustancial entre las acciones y el discurso para captar votos desde la oposición y gobernar cuando se tiene la responsabilidad de administrar un país. En la oposición, es relativamente sencillo convertirse en portavoz de determinadas demandas, acompañar reclamos sectoriales, recoger las banderas de minorías organizadas –por más menores que sean-- y prometer que, llegado el momento, esas reivindicaciones ocuparán un lugar central en la agenda pública. El problema aparece después, cuando las urnas otorgan la responsabilidad de gobernar y esas mismas promesas deben enfrentarse a una realidad mucho más compleja: la de una sociedad entera, con intereses contrapuestos, recursos limitados y decisiones que inevitablemente favorecen a unos y afectan a otros.
Es allí donde aparecen las contradicciones. Y en este sentido, la historia política reciente de Uruguay ofrece varios ejemplos, como es el caso del tema de la forestación y las plantas de celulosa. Durante años, sectores del Frente Amplio cuestionaron con dureza el modelo forestal y expresaron reparos respecto de la instalación de plantas de celulosa en el país, en la década de 1980. Se trataba de una postura que encontraba eco en sectores ambientalistas y en parte de la militancia que había hecho de la defensa del medio ambiente una de sus banderas.
Sin embargo, cuando la coalición de izquierda llegó al gobierno, la realidad terminó imponiendo otra mirada. La forestación pasó a ser reconocida como una actividad de enorme importancia económica, generadora de inversiones, empleo, exportaciones y movimiento en el interior del país. Las plantas de celulosa, que en otro momento habían sido objeto de fuertes cuestionamientos, terminaron siendo respaldadas desde el gobierno y consideradas parte de un modelo productivo que Uruguay no podía simplemente ignorar.
Por supuesto, un gobierno puede y debe modificar posiciones cuando la evidencia demuestra que la realidad es diferente de lo que se pensaba desde la oposición —o, mejor dicho, de lo que se decía—, porque muchos de los dirigentes sabían que la cosa no era tan fácil y, sin embargo, la ponían en blanco y negro para captar incautos. El problema está en esa facilidad con que muchas veces se presentan determinadas posiciones como principios inamovibles mientras se está en la oposición y luego, cuando llega la hora de gobernar, esos principios pasan a ser relativizados en nombre de la responsabilidad, porque simplemente eso hace la diferencia entre la demagogia y la responsabilidad.
Gobernar es, precisamente, hacerse cargo de esas responsabilidades. Algo similar vuelve a plantearse ahora con la discusión sobre la represa de Casupá. Sectores ambientalistas que históricamente han acompañado a la izquierda o han encontrado en ella un interlocutor político natural levantan reparos frente a un proyecto que, paradójicamente, un gobierno de izquierda está dispuesto a llevar adelante.
Aquí vuelve a aparecer la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando una fuerza política que durante años se embanderó con las causas ambientalistas llega al gobierno y debe decidir entre determinadas demandas de esos grupos y una necesidad que considera estratégica para el conjunto de la población?
La respuesta no puede ser otra que gobernar, lo que significa, muchas veces, decir que no y dar la espalda incluso a quienes ayer fueron aliados electorales estratégicos, cumplida ya la etapa de juntar los votos.
Por supuesto, las minorías tienen derecho a organizarse, reclamar, protestar y tratar de influir en las decisiones públicas. Es parte esencial de la democracia. Pero una cosa es escuchar a las minorías y otra muy distinta es gobernar exclusivamente en función de sus demandas.
Y aquí aparece otro ejemplo revelador: el concepto de “Uruguay Natural”, durante años utilizado como “marca país”, particularmente en materia turística pero también en la producción industrial y agrícola, como en cualquier otra área.
La expresión no era casual. Uruguay pretendía proyectarse al mundo como un país asociado a la naturaleza, al ambiente, a la tranquilidad y a una determinada calidad de vida.
Pero hoy se ha optado por quitar la palabra “Natural” de la marca turística. Es cierto que una modificación de una marca institucional puede responder a razones de marketing y no necesariamente a un cambio ideológico. Pero también es legítimo preguntarse si detrás de estas modificaciones existe una percepción política más amplia: que determinadas etiquetas, particularmente aquellas asociadas al ecologismo ya no generan necesariamente el mismo rendimiento electoral o comunicacional ante las mayorías.
Porque también aquí hay una diferencia entre una identidad que puede ser atractiva para determinados sectores y una propuesta capaz de convocar al conjunto de la sociedad.
Uruguay tiene motivos para sentirse orgulloso de su política ambiental y de la transformación de su matriz energética; en este aspecto, la incorporación masiva de fuentes renovables fue una decisión trascendente y permitió modificar sustancialmente la estructura de generación eléctrica del país. Pero tampoco corresponde convertir ese logro en una especie de argumento definitivo que cierre cualquier discusión.
Ocurre que para el ciudadano común también importa cuánto paga en su factura, o si al abrir la canilla de su casa sale agua potable. Y para una empresa importa cuánto representa la energía dentro de sus costos de producción. Un país puede exhibir una matriz energética moderna y renovable y, al mismo tiempo, continuar enfrentando problemas de costos internos que afectan la competitividad y el bolsillo de los consumidores, como es precisamente el caso de nuestro país.
Lo mismo ocurre con las políticas destinadas a determinados grupos o minorías. No puede soslayarse que, durante las últimas décadas, la izquierda incorporó con fuerza reivindicaciones vinculadas a distintos colectivos. Algunas de ellas respondieron a problemas reales y merecieron respuestas legislativas y políticas, pero nuevamente aparece el problema de los límites, por cuanto una cosa es la garantía de derechos y otra es transformar determinadas reivindicaciones sectoriales en una suerte de doctrina política que debe ser aceptada sin discusión por toda la sociedad.
Allí es donde determinadas políticas vinculadas a sectores feministas, por ejemplo, generan rechazo en una parte importante de la población, al ser percibidas como mecanismos de privilegio, imposición cultural o discriminación inversa, que es precisamente el camino que se ha tomado.
Porque una cosa es captar el voto de una minoría y otra muy diferente es sostener indefinidamente todas sus demandas cuando se gobierna para tantas personas que piensan diferente. Y aquí aparece la esencia de la política para el acceso al poder y la forma de retenerlo: se opta por aquello que en su momento puede rendir, pero cuando ya no lo hace, y en cambio es un contrapeso, se lo descarta, con una palmadita piadosa en la espalda.
Y no tienen que quejarse los ahora apartados, porque las cosas son así desde que el mundo es mundo, sobre todo en política, y gobernar consiste precisamente en administrar esas contradicciones, dejando el juicio final para el ciudadano a la hora de emitir su voto.
Porque allí, inevitablemente, llega el momento en que los eslóganes deben compararse con la realidad de los resultados.