El 2023 fue el año más caluroso del cual se tiene registro, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de Naciones Unidas que advirtió que las condiciones meteorológicas y climáticas extremas fueron la causa fundamental y el principal factor agravante que desencadenó desplazamientos, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y problemas de salud en 2023.
Con una temperatura media global cerca a la superficie de 1,45 °C por encima de los niveles preindustriales, se batieron récords con respecto a los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas en superficie y en los océanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo, lo que motivó una “voz de alarma sobre el estado del clima mundial” por parte de la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.
En este sentido, cabe señalar que los glaciares a los que se dio seguimiento sufrieron la mayor pérdida de hielo registrada desde mediados del siglo XX, con un deshielo extremo en el oeste de Norteamérica y Europa, mientras que las concentraciones observadas de los tres principales gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) alcanzaron niveles récord en 2022 y siguieron aumentando en 2023.
Según el estudio, el costo de no hacer nada para mejorar este estado de situación es muy grande: se estima que entre 2025 y 2100 las afectaciones pueden alcanzar los 1.266 billones de dólares pero los expertos de ONU creen que es posible que esta cifra sea una subestimación y han solicitado a los gobiernos la adopción de medidas climáticas en forma inmediata, lo cual es una petición lógica dado que está demostrado que las promesas y las palabras no pueden hacer la diferencia ni aportar soluciones si no son seguidas por acciones.
Algunos organizaciones como WWF están advirtiendo que 2024 podría ser peor o al menos no hay razón para creer que sea distinto ya que el cambio climático está empeorando las tormentas, los incendios forestales y otras amenazas, al punto que algunas compañías de seguros de Estados Unidos están dejando de dar cobertura a ciertos lugares de Florida y California, exigiendo a los propietarios el pago de cargos adicionales para asegurar sus casas.
Por otra parte, la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo ha pasado de 149 millones antes de la pandemia de COVID-19 a 333 millones en 2023 en 78 países supervisados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
De esta manera, la crisis climática continúa perfilándose como el gran desafío que enfrenta la humanidad por su capacidad de afectar más severamente a las poblaciones más vulnerables dado que está estrechamente entrelazada con la crisis de desigualdad y se traduce en inseguridad alimentaria, desplazamiento de la población de sus lugares habituales de residencia y la pérdida de biodiversidad.
¿Y por casa como andamos? La verdad es que aunque tiene muy baja contribución de gases de efecto invernadero, Uruguay es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Somos pequeños, con una economía muy dependiente de las cadenas agroindustriales y de servicios, con una ubicación en la cuenca del Río de la Plata que expone a su población, infraestructura y producción a diferentes amenazas de origen climático.
Nuestras costas, por ejemplo, son bajas y están muy expuestas al aumento del nivel del mar, tenemos zonas de ecosistemas frágiles así como agroecosistemas sujetos a sequías periódicas y áreas urbanas afectadas por inundaciones, olas de frío y de calor, tornados, granizadas, heladas, lluvias intensas y tormentas severas.
Hace unos días el Ministerio de Medio Ambiente presentó un plan para enfrentar la acción del cambio climático en seis ciudades costeras: La Paloma (Rocha), Piriápolis (Maldonado), Atlántida (Canelones), Playa del Cerro (Montevideo), Kiyú (San José) y Colonia del Sacramento (Colonia). Allí se realizaron estudios de afectaciones por aumento del nivel del mar y eventos extremos en playas, así como la necesidad de obras, definiéndose medidas de adaptación para cada uno de estos lugares, tales como reposición de arena donde sea necesario; medidas basadas en la naturaleza como cercas captoras de arena o recuperación de hábitats (humedales, bañados, vegetación) y colocación de espigones.
Es algo que se necesita emprender con urgencia dado que se han hecho numerosos estudios y existe un plan de acción (Plan Nacional de Adaptación Costera) que fue diseñado en forma participativa hace algunos años e, incluso, fue presentado en la Conferencia de Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático desarrollada en la ciudad de Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021.
Es importante dejar en claro que la zona costera marítima de Uruguay –450 kilómetros corresponden al Río de la Plata y los 220 restantes al océano Atlántico– concentra al 70% de la población del país, y ya está sufriendo una serie de efectos como consecuencia del cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar y la erosión.
Precisamente, la erosión y las inundaciones costeras son los principales impactos del cambio climático en la costa uruguaya. En este sentido, las estimaciones indican que actualmente aproximadamente el 42% de la costa del Río de la Plata y el 32% de la costa atlántica están sujetas a la erosión, sobre todo durante eventos extremos como tormentas causadas por la acción del viento y las olas.
Las inundaciones repentinas causadas por una combinación de efectos meteorológicos e hidrológicos y la ocurrencia de eventos extremos que incrementan el nivel del mar y la energía de las olas, ha provocado el deterioro y la pérdida de playas y dunas, así como daños a las infraestructuras costeras. El costo económico de la erosión costera alcanza los 45,5 millones de dólares anuales y se espera que este valor aumente un 25% a finales del siglo XXI, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
Seguramente se necesitan otras medidas y entre ellas que los planes municipales eleven las cotas para edificar. Es necesario adaptarse y desarrollar acción climática, es decir, políticas, medidas o programas con miras a reducir el impacto del cambio climático, volvernos más resilientes. Porque de lo contrario, nuestra zonas costeras de humedales y playas bajas serán las más perjudicadas por el aumento de la erosión e intrusión salina de acuíferos y también habrá perjuicios para el turismo, importante vía de generación de ingresos y empleo en los departamentos costeros. Y esos son daños y costos que todos pagaremos muy caro.
