Los recientes episodios de evasión e informalidad (irregularidades, para usar el eufemismo de forma general) que han sido revelados por investigaciones periodísticas, y que salpican al sistema político—en este caso particular, a jerarcas del gobierno—deben evaluarse en un contexto mucho más amplio, despojado de factores político-ideológicos, y situarse en la realidad crónica de nuestro país.
En Uruguay, la informalidad se presenta en prácticamente todos los ámbitos y tiene una gran relevancia, de carácter cultural. Además, está profundamente arraigado el concepto—bien fundamentado—de que el Estado recauda recursos que no se devuelven en la medida que los ciudadanos esperan o necesitan. Esto se ha traducido a menudo en el dicho de que los uruguayos pagamos impuestos propios de países del primer mundo, pero recibimos servicios al nivel de naciones africanas.
Este concepto, aunque extremo, está estrechamente vinculado a la realidad. Esto nos lleva a la reflexión de que no solo se trata de pagar impuestos y aportes, sino de exigir que estos sean utilizados de la mejor manera posible, en beneficio del ciudadano.
En el caso específico de los aportes laborales, que son fundamentales para la cobertura social y el bienestar de los trabajadores, Uruguay se caracteriza por un fuerte informalismo, a pesar de que ha ido disminuyendo en los últimos años en comparación con décadas anteriores.
La informalidad laboral hace referencia al empleo que no está sujeto a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos y carece de cobertura de protección social y prestaciones laborales. En 2024, la tasa de ocupación informal en Uruguay fue del 22,7%, siendo más alta entre los hombres (23,6%) que entre las mujeres (21,6%). Los departamentos con mayores tasas de informalidad son Artigas, Cerro Largo y Rivera.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año pasado, la tasa de desocupación—que mide el número de personas desocupadas que buscan empleo y están disponibles para trabajar en relación con el total de la fuerza laboral—fue del 8,2%. Por otro lado, la tasa combinada de subocupación y desocupación, que considera tanto a los desocupados como a los subocupados (aquellos que tienen empleo pero no suficientes horas de trabajo), fue del 16,7%.
Los datos también evidencian diferencias entre la capital y el interior del país, con una situación más favorable en Montevideo en comparación con el resto del país. Asimismo, cuando se analizan los datos por género, se observa que las mujeres enfrentan una situación más desfavorable que los hombres. Por edad, los jóvenes tienen mayores dificultades que las personas mayores, y en términos de nivel educativo, las personas con menor formación tienen peores perspectivas laborales.
En cuanto a la informalidad en el ámbito laboral, en 2024 la tasa de ocupación informal fue del 22,7%, cifra apenas superior a la que se obtiene al medir la informalidad a través del no registro en la seguridad social. En ese año, el porcentaje de trabajadores no registrados en todo el país fue del 21,7%: 22,6% en hombres y 20,5% en mujeres.
Sin embargo, al analizar la informalidad según la situación en la ocupación, se observa un alto porcentaje de informalidad entre los trabajadores por cuenta propia. Un 60,9% de estos trabajadores son dueños de una unidad económica informal. Este comportamiento es esperado, dado que los trabajadores autónomos suelen acceder a puestos de trabajo más inestables, tanto temporal como contractualmente.
En el caso de los contratistas dependientes, un 46,5% son informales, mientras que las tasas más bajas de informalidad se encuentran entre los empleados (10,4%) y los empleadores (5,9%). Al desglosar la informalidad según tipo de ocupación, los grupos laborales con mayor informalidad son los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios (43,4%), seguidos por los agricultores y trabajadores calificados del sector agropecuario, forestal y pesquero (37,9%), y las ocupaciones elementales (34,1%). También presentan niveles significativos de informalidad los trabajadores de los servicios y los vendedores en comercios y mercados (29,5%).
En situaciones de crisis, amplios sectores de trabajadores y pequeñas empresas quedan expuestos a la caída de la actividad económica, lo que aumenta la informalidad. Este fenómeno se convierte en una causa y consecuencia de la falta de desarrollo, generando un círculo vicioso de difícil solución.
Desde el punto de vista recaudatorio, la informalidad también constituye un problema, ya que las empresas y trabajadores que no contribuyen al fisco en la misma medida que el resto de la economía debilitan los flancos de un sistema económico formalizado. Como consecuencia, amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, las células del tejido socioeconómico, quedan sin una cobertura adecuada.
Por eso, los esfuerzos en tiempos normales deben centrarse en incorporar a los sectores que operan fuera de la legalidad. Este es un aspecto que ha sido abordado con énfasis en los últimos años, con resultados que se consideraron satisfactorios en su momento, pues la tasa de informalidad se redujo de un 40% crónico a alrededor del 22%, aunque con altibajos, según cifras de organismos del Estado, especialmente del Banco de Previsión Social (BPS).
Un desafío adicional es hacer crecer la economía dentro de un marco de formalidad. Esto beneficia a todos, aunque claramente implica un alto costo en términos de cargas sociales e impuestos.
La falta de cobertura en el sistema de seguridad social genera que muchas personas y microempresas, al vivir al día, no puedan acceder a programas de transferencia de recursos confiables o estables durante determinados períodos. Esto, a su vez, representa un serio desgaste de los recursos del Estado, que es el encargado de esas transferencias para mitigar los efectos de la caída de la actividad económica.
Un alto nivel de informalidad no solo afecta al sistema, sino que pone en riesgo la estabilidad económica general. Lo más grave es que impacta directamente a aquellos que son y serán beneficiarios del sistema, ya que sus prestaciones serán más bajas cuando llegue el momento del retiro. Asimismo, los servicios destinados a las personas en las diversas etapas de la vida, especialmente en la vejez, se verán gravemente afectados.
Por ello, es esencial poner énfasis en campañas que contribuyan a modificar un patrón cultural arraigado, que lamentablemente forma parte de nuestra idiosincrasia: la tendencia a vivir el presente sin considerar las consecuencias del mañana. Es necesario entender que el esfuerzo adicional de hoy redundará en beneficio de todos. Si todos cumplimos, todos pagaremos menos, en lugar de que siempre sean los mismos quienes lo hagan, de manera doble, por ellos y por quienes no lo hacen.