Al finalizar el evento “Desayunos Útiles” de Somos Uruguay, donde expuso sobre el tema “Uruguay seguro: gestión y planificación”, el ministro del Interior, Carlos Negro, declaró en rueda de prensa que están “muy preocupados por la salud y el estado de la fuerza policial”.
En medio de intensos cruces políticos y renuncias de jerarcas que acaparan los titulares mediáticos, pasó bastante más desapercibida la afirmación del secretario de Estado: “La fuerza policial efectiva en el territorio no sea quizás los 25.000 funcionarios policiales” con los que se cree se cuenta en la actualidad.
Según el ministro, “en lo efectivo, la cantidad de funcionarios policiales que desempeñan tareas operativas no supera los 4.000”, debido a problemáticas vinculadas a la salud mental.
Negro lamentó que esta situación se vea reflejada en el “alto índice de suicidios en la Policía”, que “duplica el índice general de la sociedad”. El jerarca se refería a 4.000 efectivos por turno, aunque a ese total deben sumarse los funcionarios de la Guardia Republicana, Policía Caminera y agentes de drogas. De acuerdo con el ministro, la tenencia de armas incide en la cantidad de suicidios. Y si bien las certificaciones o bajas no se relacionan exclusivamente con la salud mental, esta representa la mayoría de los casos.
En la actualidad, el Ministerio del Interior cuenta con unos 33.000 funcionarios, de los cuales alrededor de 26.000 son efectivos policiales.
Las declaraciones, planteadas de esta manera, resultaron confusas. El escenario presentado por el ministro no fue respaldado con documentación pública ni con estadísticas que eviten lecturas lineales de los números. Porque, al menos hasta el momento, no existe un informe que contemple bajas, licencias prolongadas, tareas administrativas u otras razones médicas. En cualquier caso, se impone una auditoría interna en el ministerio para conocer el estado real de la fuerza y, fundamentalmente, tener claridad sobre las cifras que se presentan a la ciudadanía.
Por lo demás, ya se sabe que la cantidad de suicidios en la fuerza policial prácticamente duplica la tasa de la población general. El informe presentado hace un año señaló 38,2 casos por cada 100.000 personas, cuando en Uruguay –según la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud– la tasa general es de 18,8 por cada 100.000 habitantes. En general, la instrumentación de políticas eficientes para la atención de la salud mental a nivel nacional es deficiente. Es un desafío que atraviesa distintas administraciones, independientemente de si existió en su momento un contexto de pandemia global, una crisis económica hace más de veinte años o una problemática extendida de consumo de sustancias. En Uruguay ha sido una debilidad persistente.
Existe legislación y, por ende, profuso debate parlamentario, técnico y político sobre el tema. Pero eso no significa que se haya saldado con soluciones visibles.
A mediados del año pasado, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Suicidio, se presentaron cifras por departamento. Lavalleja presentó la tasa más elevada, con 39,5 casos cada 100.000 habitantes; seguido por Rocha, con 37,6, y en tercer lugar, Paysandú, con 37,3 cada 100.000 habitantes.
La instalación de recursos adecuados en los departamentos donde las estadísticas marcan cifras críticas también es un problema. Por ejemplo, los centros de atención para jóvenes de 14 a 29 años, denominados “Ni silencio ni tabú”, pertenecientes al Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, están presentes en Canelones, Cerro Largo, Florida, Montevideo, Río Negro y Rocha. Es decir, sólo uno de los departamentos con tasas elevadas cuenta con estos talleres específicos.
El financiamiento es necesario para comprometer recursos técnicos y obtener instalaciones adecuadas donde desarrollar programas de prevención. Pero también es imprescindible el apoyo comunitario mediante una fuerte divulgación pública. De lo contrario, la capacidad de atención de los distintos servicios seguirá siendo limitada.
Por lo tanto, no parece tratarse solo de un asunto presupuestal, sino también de gestión. Y de cómo llegar con los mensajes a una población sensible, con altas probabilidades de perpetuar el estigma asociado a las enfermedades mentales.
Desde todo punto de vista, es necesario ser cuidadosos con los anuncios, porque también pueden constituir obstáculos para que las personas busquen ayuda cuando la necesitan. Las estadísticas demuestran la falta de protocolos para atender casos de emergencia, y muchas personas deben esperar o ser hospitalizadas.
En este escenario, se evidencia la desigualdad en la distribución de los servicios sanitarios y en la calidad de la atención, lo que obliga a pacientes de escasos recursos a enfrentar largas esperas. Y en ese “mientras tanto”, pueden sufrir nuevas crisis que, con frecuencia, conducen al uso acelerado de tratamientos farmacológicos, postergando un abordaje más integral que facilite una recuperación efectiva.
Es imprescindible un trabajo coordinado entre las autoridades del gobierno, la sociedad civil y la comunidad. Pero ese esfuerzo conjunto para fortalecer el sistema de atención debe ir acompañado de mensajes claros, que eviten ingresar en un terreno minado por la polémica. Porque se trata de un tema sensible, persistente y que ha atravesado las distintas orientaciones políticas que han gobernado el país.
Al menos hasta ahora, se han establecido enfoques aislados para atender el problema, sin políticas públicas consensuadas. Con declaraciones más o menos altisonantes que describen un panorama ya conocido por todos, pero sin medir las reacciones de una población que, por otro lado, sigue preocupada por la seguridad ciudadana y a la que se le presenta una fuerza policial debilitada.
