Acallados los festejos inherentes al resultado de la contienda electoral, y la consecuente asunción del gobierno el 1º de marzo de 2025, se puede decir que recién a partir de la aprobación del Presupuesto Quinquenal en el Parlamento, ha llegado la hora de la verdad para este gobierno, porque de lo que se trata ahora es de plasmar en la ley madre la forma de financiar los compromisos asumidos ante la ciudadanía en la campaña electoral.
Es el nudo gordiano de toda gestión, precisamente, el contar y a la vez distribuir criteriosamente los recursos para poder llevar a cabo los enunciados generales propuestos en la plataforma de gobierno ante la ciudadanía, en un país en el que históricamente se cuenta con recursos insuficientes, y de lo que se trata es de conjugar los recursos generados con las necesidades de las respectivas dependencias que han hecho llegar al Poder Ejecutivo sus requerimientos de dinero para poder cumplir cabalmente con sus políticas.
Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas envió el mensaje primario que contiene la ley presupuestal del quinquenio surgieron desde todos los ámbitos reclamos y reparos de los sectores que se sintieron perjudicados por el recorte de dinero, tanto desde el punto de vista de los ministerios como de otras dependencias públicas y privadas que requieren dotaciones presupuestales del Estado, e incluso desde diversos departamentos los legisladores que los representan han formulado reparos a esta distribución, que en muchos casos va en desmedro de las expectativas que se habían generado en las respectivas comunidades.
Nada nuevo bajo el sol, porque por regla general siempre el Presupuesto es un claro ejemplo del síndrome de la sábana corta, que no da para tapar al mismo tiempo la cabeza y los pies, y ante las demandas tras la presentación oficial, se da paso a negociaciones y gestiones de representantes de los involucrados ante el Parlamento para tratar de obtener más recursos que lo previsto inicialmente en la ley. Y como no hay magia posible en estas circunstancias, de lo que se trata es de una reasignación y redistribución, solo que la ecuación es rígida inevitablemente por las leyes de la economía y las matemáticas. Para una misma torta, es decir los recursos que capta el Estado, esta redistribución significa sacarle a unos para darle algo a otros, en base a prioridades pero también, aunque no se lo diga expresamente muchas veces, como consecuencia de la acción de los grupos que hacen “lobby” en el Parlamento y pueden generar mayor presión a la hora del tironeo por más dinero, como ha ocurrido históricamente durante los sucesivos gobiernos.
Tras estas negociaciones –no serán las únicas– en conferencia de prensa dirigentes del Frente Amplio anunciaron términos de la reasignación de dinero en el presupuesto, por valor de unos 500 millones de pesos, más de la mitad de los cuales tiene como destino la UdelaR, a la que no se había aumentado las partidas en el proyecto original.
Al respecto, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci dijo que la votación del presupuesto en general “fue histórica, de 84 en 99, en un gobierno sin mayoría” en la Cámara de Diputados.
A su vez “esta reasignación va en línea con las prioridades que definió el Frente Amplio y el gobierno”, dijo Ana Olivera, coordinadora de la bancada oficialista, quien destacó que de ese total, 290 millones de pesos se volcarán a la UdelaR, de los cuales 60 millones van para el Hospital de Clínicas.
A su vez, la Universidad Tecnológica (UTEC) tendrá una reasignación extra de recursos por 80 millones de pesos, en tanto Olivera también destacó 3 millones de pesos para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la llamada junta anticorrupción, y dinero extra para el Ministerio de Educación y Cultura, en su plan de alfabetización en las cárceles. Para la Fiscalía General de la Nación irán 40 millones de pesos destinados a la equiparación salarial de los fiscales con los jueces, lo que se hará en el curso de los cinco años de gobierno. También mencionó las políticas para combatir la violencia de género, y dijo que si bien habían planteado presupuesto extra para la compra de tobilleras electrónicas, el Ministerio del Interior les adelantó que en noviembre llegará una partida especial de estos mecanismos de control a distancia.
A su vez, para el diputado Tucci, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, “no debe pasar desapercibida la votación histórica de 84 votos en 99, en un gobierno que no tiene mayoría en Diputados. Es mérito de la bancada de gobierno y de la colaboración de las bancadas de los otros partidos”, al acotar que votarán la propuesta de los dos diputados de Cabildo Abierto para asignar más recursos a sanidad militar y para aumentar el salario de los soldados. Precisamente los dos diputados de Cabildo Abierto votaron el viernes la creación de nuevos impuestos, y con ello el FA obtuvo la mayoría necesaria de 50 en 99.
Sí, es cierto, en el marco de las gestiones por los recursos, en un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias propias, es fundamental la negociación con legisladores de otros partidos, y en este caso, ante la necesidad de contar con dos diputados más para aprobar el proyecto, el Frente Amplio encontró los votos en Cabildo Abierto, en un ámbito de intercambio de “gentilezas”: la dotación presupuestal para recursos con destino al personal de las Fuerzas Armadas, a cambio del apoyo en otros puntos ríspidos de la ley en la que no se contaba con el apoyo de los legisladores de la Coalición Republicana. Tampoco nada nuevo bajo el sol: es un yo te doy lo que pides si tú me das los votos, en una conciliación de intereses político-estratégicos, sobre todo cuando un pequeño partido tiene la llave de las mayorías en el Parlamento, haciendo valor oro esta diferencia a la hora de la votación.
Pero es oro para unos y otros. Por ejemplo, en las últimas horas el Frente Amplio logró aprobar en el marco del Presupuesto Quinquenal, con los votos de Cabildo Abierto, la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico, que funcionará en la esfera del de Presidencia y será dirigida por el exfiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, en lo que se considera como contar con un cuerpo permanente de abogados para dar seguimiento a los procesos arbitrales que enfrenta el país, según la argumentación oficial.
Como en tantos temas, en este tema hay dos bibliotecas: para la oposición es una concentración más de poder en la Presidencia de la República, bajo el argumento de la defensa de los juicios del Estado. A la vez, para el oficialismo “es de suma importancia para defender a nuestro país”.
El punto es que más allá de la importancia real del tema y las prioridades, con posturas encontradas, de los enunciados sobre políticas de austeridad y equilibrio, restricciones fiscales, etcétera, en cada presupuesto se siguen creando dependencias dentro del Estado, con la correspondiente necesidad de infraestructura de recursos humanos y materiales. Además, muchas veces superponiendo competencias con otras dependencias ya existentes, malgastando recursos y pasando a segundo plano legítimas reivindicaciones y planteos de recursos muy reclamados para sectores postergados.
Que en el mejor de los casos deberán esperar a las rendiciones de cuentas, pero siempre corriendo el albur de quedar con las manos vacíos a la hora de la verdad. Como decíamos, nada nuevo bajo el sol.
