De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP), correspondiente a la semana 40 y que registra datos hasta el 4 de octubre, en todo el país se han declarado oficialmente 3.146 mordeduras de perro, de las cuales 247 corresponden al departamento de Paysandú.
En todos los casos se evidencia un incremento respecto a años anteriores. Sin embargo, es necesario alertar sobre el subregistro existente, lo cual impide dimensionar con precisión la magnitud del problema. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de denunciar estas situaciones, pero la pauta cultural de la población no está alineada con esta necesidad.
Las razones pueden ser diversas. La principal —aunque no la única— es la desazón que genera la falta de medidas coercitivas que obliguen a los dueños de los animales involucrados a asumir responsabilidades por los hechos.
El incremento sostenido de animales de compañía quedó registrado en el último censo de 2023. Se estima que hay casi 1,5 millones de perros en el país, lo que aumenta el riesgo potencial de mordeduras. A esto se suma la falta de socialización adecuada y la carencia de normas básicas de conducta canina. Pero, sobre todo, existe una evidente falta de asunción de responsabilidades cuando ocurren estos episodios.
No todos los perros son potencialmente peligrosos, así como no todas las personas están capacitadas para tener un animal de compañía en su hogar.
En lo que va del año, se han registrado casos fatales y otros con lesiones de extrema gravedad en distintas partes del país. Si la denuncia tuviera consecuencias concretas, sería posible visualizar el impacto del aumento de estos hechos. Pero tanto las personas afectadas como sus familias saben que eso no ocurrirá, y en casos fatales la ausencia de responsables visibles es constante, aunque especialistas insisten en promover acciones judiciales para reparar los perjuicios.
El artículo 10 de la Ley 18.471, de protección, bienestar y tenencia responsable de animales, es claro. Lo que no está tan claro es su aplicación. El texto establece que los propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas “deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el riesgo de accidentes por mordeduras”. Agrega que, “tanto en la vía pública como en los lugares donde habitan”, sus propietarios deberán adoptar rigurosas medidas de seguridad en el sentido referido. Un gravísimo ataque ocurrido en Fray Bentos hace una semana fue elevado a la Justicia y al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), mientras se aguarda la evolución de la persona lesionada. El animal involucrado permanece bajo custodia de su dueño y con estrictas medidas de seguridad.
En este caso, no existían reportes previos, y la reacción del pitbull se produjo en cuestión de segundos. La vivienda contaba con rejas y un cartel de advertencia que decía “Cuidado con el perro”, elementos que, claramente, no pueden considerarse medidas de seguridad suficientes.
Respecto a los perros potencialmente peligrosos (PPP), la Resolución Nº 2/019 advierte que no se refiere únicamente a razas específicas, sino también a ejemplares que, por sus características morfológicas, agresividad, tamaño o potencia mandibular, tengan el potencial de causar daños graves o muy graves, incluso la muerte, tanto a personas como a otros animales.
En este punto, varios proyectos de ley han sido presentados en la legislatura anterior, pero sin mayor tratamiento parlamentario. Por ejemplo, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch propuso una iniciativa en 2021 y volvió a presentarla en mayo de este año. El proyecto establece la esterilización obligatoria de estos perros dentro de plazos definidos por la ley, así como la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños.
Además, indica que estos animales deben mantenerse en instalaciones adecuadas y no podrán circular en espacios públicos o comunes sin correa y bozal apropiados, y siempre bajo la responsabilidad de una persona mayor de edad. También en 2021, el diputado del Frente Amplio, Javier Umpiérrez, presentó un proyecto que exigía licencia y seguro de responsabilidad civil para poseer perros peligrosos, aunque la propuesta tampoco prosperó.
Por su parte, los diputados colorados Felipe Schipani y Elianne Castro han propuesto la creación de un registro de PPP, la imposición de multas a quienes no los inscriban, y la obligatoriedad de capacitación y medidas de seguridad para su tenencia y circulación.
En la exposición de motivos, se destaca que las mordeduras de perro son un problema de salud pública que también afecta al bienestar animal, y se resumen los datos del MSP que muestran un incremento constante en los últimos años.
La Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados tiene actualmente al menos tres proyectos en estudio, y los legisladores prevén unificar criterios en una propuesta común. Las dificultades a sortear son múltiples. Una de las más complejas es cómo hacer efectiva la aplicación de sanciones a propietarios irresponsables. ¿Qué medidas realmente garantizarán que una persona imprudente no pueda seguir teniendo animales a su cargo?
El INBA cuenta con recursos y herramientas muy limitados. Dispone de apenas 21 funcionarios para atender la problemática en todo el país, mientras recibe alrededor de 550 denuncias mensuales, que no pueden ser gestionadas en tiempo y forma.
Entonces, nos enfrentamos a una institucionalidad debilitada, a una legislación existente pero interpretada de maneras diversas, a la urgente necesidad de establecer medidas coercitivas claras, a pautas culturales que naturalizan conductas negligentes, a la moda de ciertas razas sin preparación alguna, a la falta de seguimiento a las denuncias y al desconocimiento generalizado de la obligatoriedad de la castración, el chipeo y el uso de medidas de seguridad en la vía pública.
Todo esto impide que el futuro de la convivencia entre personas y animales de compañía sea, al menos por ahora, esperanzador.
