Hasta el momento no se han articulado políticas eficaces que mitiguen la problemática de las personas en situación de calle. Cada mes, unas cien personas terminan viviendo a la intemperie y, al menos en Montevideo, se estima que unas diez mil estarán en esa condición para el año 2030. En Paysandú se calculan alrededor de cien personas en situación de calle, aunque la comunidad considera que la cifra real es mucho mayor.
Una cosa es carecer de una vivienda donde resguardarse, y otra distinta es la situación de quienes pasan el día deambulando pero tienen un lugar donde dormir por la noche. Son realidades diferentes, igualmente complejas, aunque para buena parte de la población ambas se perciben como un mismo fenómeno: la ocupación del espacio público durante todo el día para pedir dinero, consumir sustancias —principalmente alcohol— e interactuar con los transeúntes.
El deterioro de la convivencia es evidente y la tendencia a la naturalización del problema se vuelve cada vez más generalizada. Las reacciones sociales van desde la empatía hasta el fastidio, pero en todos los casos plantean desafíos a las autoridades, que no han logrado contener el fenómeno a pesar de la creación de nuevas estructuras estatales a lo largo de distintas administraciones.
Esa nueva institucionalidad ha estado integrada por investigadores, comunicadores y profesionales con formación en temas sociales como la pobreza o las adicciones. Sin embargo, el problema persiste. Parece difícil trasladar el conocimiento técnico y académico a la práctica efectiva en el territorio.
Una vez más, se intenta explicar la multicausalidad del fenómeno, algo ya sabido y repetido en numerosas ocasiones. Sin embargo, comienza a instalarse la percepción de que esa explicación se ha convertido en una excusa para justificar la falta de resultados concretos.
Los sucesivos gobiernos recurren al concepto de la “frazada corta”, y las discusiones presupuestales ya no despiertan mayor interés. Luego, al momento de la rendición de cuentas, exhiben incrementos en el gasto social. Pero, al mirar alrededor, las personas en situación de calle siguen allí, y su número crece año tras año.
Entre las múltiples variables analizadas, una de las principales es el acceso a la vivienda, cada vez más difícil para los sectores de menores ingresos. El metro cuadrado en Uruguay es de los más caros de la región. A ello se suma la crisis laboral, que impide a muchas personas reconstruir un proyecto de vida.
No obstante, vale preguntarse si este colectivo se siente realmente afectado por esas dos problemáticas. En su mayoría, se trata de personas que alguna vez tuvieron una vivienda y una familia, vínculos que se rompieron por el consumo de drogas u otros hechos delictivos. Algunos contaban con empleo y una vida estable, que se desmoronó por las adicciones.
Es decir, para este grupo específico, el problema no radica tanto en las condiciones estructurales de vivienda o trabajo —que sí afectan a otros sectores—, sino en una cadena de decisiones personales que los condujo a su situación actual. No eligieron estar en la calle, pero inevitablemente terminaron allí.
Existen diversos planes de asistencia, pero sin un seguimiento a largo plazo resulta imposible evaluar si los proyectos destinados a estas personas son realmente exitosos. A pesar de las importantes inversiones sociales anunciadas por los distintos gobiernos, los resultados no alcanzan frente al aumento sostenido del fenómeno en todos los departamentos.
El problema ni siquiera logra estabilizarse, a pesar de los nuevos programas y transferencias. Requiere un análisis despojado de ideologías para entender por qué estas personas no logran sostener un proyecto de vida o una oportunidad laboral. Además, preocupa que la población en situación de calle muestre rostros cada vez más jóvenes.
Muchos son consumidores de sustancias más potentes, que provocan un deterioro psicológico acelerado y una fuerte dependencia en poco tiempo. Es la expresión de un fenómeno que se dejó crecer y hoy resulta muy difícil de revertir. Un problema que se analizó en exceso desde los discursos políticos, mientras se buscaban responsables en lugar de soluciones concretas.
Durante años se ensayaron distintas respuestas legislativas, entre ellas la internación compulsiva, considerada en su momento un intento equivocado de resolver un problema social desde una mirada represiva. Sin embargo, fueron los mismos que la cuestionaron quienes debieron aplicarla por orden del Poder Ejecutivo, al comienzo del invierno, cuando aumentaban las muertes por exposición al frío y el tema se transformaba en un hecho político. Lo que se aseguró que nunca sería el “Plan A” terminó convirtiéndose en una herramienta implementada directamente desde Presidencia, no desde el Ministerio de Desarrollo Social.
Hoy, la internación compulsiva se considera una medida más dentro del conjunto de respuestas posibles, utilizada especialmente durante las alertas rojas decretadas por el gobierno. Pero en Uruguay, los “procesos de diálogo”, las discusiones y los debates políticos sobre temas sociales suelen ser excesivamente largos. La costumbre de parlamentar incluso sobre cuestiones básicas debe ser revisada, porque en un Estado en consulta permanente se pierde un tiempo valioso.
El fenómeno golpea a las puertas de todos, y era solo cuestión de tiempo que, una vez finalizadas la alerta roja y el operativo Plan Invierno, estas personas regresaran al único lugar que aún reconocen como propio: la calle.
