A la salida del Consejo de Ministros de la semana pasada, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que este lunes presentará ante el Gabinete de Seguridad —integrado por ocho ministerios y la Presidencia de la República— el Plan Nacional de Seguridad Pública.
Negro aseguró que el plan es “ambicioso”, con más de 79 acciones y un centenar de medidas proyectadas para desarrollarse durante una década, con instancias de evaluación y monitoreo.
Las autoridades reformulan el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para su aplicación en el denominado “policiamiento inteligente”, orientado a la prevención y disuasión del delito. También incluye el programa Más Barrio, del Ministerio de Vivienda, definido como “un eje fundamental” del proyecto gubernamental que involucra a varias agencias estatales.
En la web del plan, el gobierno sostiene que la seguridad ciudadana es “una responsabilidad compartida” entre el Estado y la sociedad, con planificación a largo plazo y uso de la evidencia que surja de las evaluaciones. La propuesta apunta a que el tema no recaiga únicamente en el desempeño del Ministerio del Interior, sino en “todo el Estado y la sociedad en general”.
Durante 2025 se realizaron rondas de intercambio que perfilaron el contenido del plan. Allí se definió que los homicidios, la violencia de género y contra niños y adolescentes, las armas de fuego y municiones, el narcotráfico y el ciberdelito —incluidos los fraudes informáticos— constituyen los cinco “problemas prioritarios” que atraviesa el país.
Con un horizonte delineado entre 2025 y 2035, el gobierno considera que el plan “es un instrumento estratégico fundamental”.
Las últimas encuestas —como ocurre desde hace más de quince años— ubican a la inseguridad entre los temas de mayor preocupación para cerca de la mitad de la población (46%). Un tercio se muestra preocupado por la situación económica, principalmente por la falta de empleo —uno de cada cinco ciudadanos—, mientras que prácticamente el resto de los temas se ubica por debajo del 5%.
Los sondeos de opinión también indican que el gobierno de Yamandú Orsi no conforma a la mayoría de la población y que se convirtió en el primer presidente frenteamplista en registrar un saldo negativo (-7) a un año de gestión.
El narcotráfico, uno de los escenarios de mayor preocupación para las autoridades dentro de los cinco ejes prioritarios, ha permeado de tal forma en la sociedad que mantiene sus tentáculos dentro del sistema carcelario, con órdenes que parten desde adentro hacia afuera, y aumenta su influencia en las periferias urbanas. El patrullaje de cercanía —táctica visible para la ciudadanía por encima del trabajo de inteligencia y de la persecución del dinero— aparece como la respuesta más evidente al reclamo ansioso del sistema político.
Se trata de una solución lineal para un problema que no lo es. El narcotráfico incrementó su dominio en la misma medida en que aumentó su poder de fuego, mientras crecían los patrullajes, la cantidad de efectivos policiales y el número de personas privadas de libertad.
Además del aumento del delito, también se eleva el nivel de violencia que se traduce en la cantidad de homicidios —otro de los cinco asuntos principales— en todo el país, particularmente en la zona metropolitana.
Uruguay mantiene una de las tasas de prisionización más altas de la región, con 16.000 personas privadas de libertad y otras 10.000 con medidas alternativas a la prisión. Se trata de un récord histórico que no ha mejorado las estadísticas de seguridad ciudadana.
El hacinamiento carcelario alcanza en algunas unidades niveles cercanos al 160%. A esto se suma una infraestructura deteriorada y la ausencia de programas efectivos de rehabilitación —a pesar del nombre del instituto que, tras un proyecto, pasará a llamarse de Reinserción—, con una reincidencia que ronda el 70%.
Es el resultado de un crimen organizado estructurado, profesionalizado y en permanente adaptación de sus métodos frente a la respuesta de un sistema desbordado. Así lo demuestra la evidencia: las mínimas diferencias en los niveles de delito entre una administración y otra no modifican el problema de fondo, pese al esfuerzo por exhibir rigor científico en los documentos de diagnóstico y análisis ya presentados.
Las autoridades saben que el miedo y la alta percepción de inseguridad no pueden medirse con ningún “rigor” absoluto. Una persona que se siente insegura —o no— responderá según su circunstancia particular cuando se le formule la pregunta, y no necesariamente en función de lo que cualquier administración nacional establezca en sus documentos.
Sin embargo, también resulta difícil que los responsables de turno lo comprendan.
Son las mismas autoridades de sucesivos gobiernos las que conocen la transformación del delito y el alcance de la influencia del narcotráfico. No es casual que el país ya no sea solo un espacio de tránsito de drogas, sino también de acopio en su ruta hacia Europa. En ese contexto, el protagonismo de la Hidrovía adquiere relevancia cada vez que se captura a un narcotraficante, como ocurrió recientemente con Sebastián Marset, el llamado “gerente de la Hidrovía”.
Por eso es incuestionable el aumento de la violencia y la criminalidad. Y en este punto no hay lugar para relativizaciones.
Las respuestas fragmentadas limitan la actuación al Ministerio del Interior. La necesaria vinculación con otras problemáticas sociales —como el aumento del consumo de sustancias, la relación entre delito y salud mental o la falta de vivienda— es relativamente reciente y forma parte del conjunto de actores que integran el Plan Nacional de Seguridad.
Hasta ahora, lo que predomina es un aumento de penas acompañado por la posibilidad del juicio abreviado, mecanismo que ha generado más polémicas que consensos. Aunque se incrementó la prisionización, el delito no desaparecerá de las calles: los tentáculos del microtráfico siguen firmes en los barrios, generan inseguridad en las personas y rara vez se reflejan plenamente en las estadísticas. El temor —mucho más extendido de lo que se percibe— desalienta a muchos a realizar denuncias.
Las reacciones, por ahora, son visibles. Cada vez más personas se retiran temprano de plazas y otros espacios públicos, mientras se intensifica el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia en los hogares. Esa es, sin dudas, la mejor estadística para cualquier gobierno.
