Presupuesto: chocan dos miradas sobre impuestos, empleo y prioridades para el quinquenio

K48108 Nicolás Olivera y Jorge Larrañaga tienen una mirada diferente de la administración de los recursos departamentales. En la foto cuando fueron proclamados candidatos a la Intendencia. Al centro Gabriela Gómez.

El tratamiento del presupuesto departamental 2026-2030 deja planteada una diferencia de fondo entre el proyecto remitido por el Ejecutivo y los aportes presentados por Paysandú Para Arriba. Más allá de los artículos concretos y de las modificaciones puntuales, lo que aparece sobre la mesa es una discusión sobre el perfil que debe tener el próximo quinquenio. Si debe sostener la línea de gestión impulsada por la Intendencia o si, por el contrario, requiere una corrección de rumbo en áreas que el grupo de Larrañaga entiende hoy insuficientemente contempladas.

CONTINUIDAD O CORRECCIÓN DE RUMBO

En el mensaje presupuestal, el Ejecutivo plantea una administración enfocada en la continuidad de la transformación iniciada en el período anterior, con énfasis en la modernización institucional, la descentralización, el desarrollo territorial, la transformación digital, la consolidación de Paysandú como ciudad universitaria y el fortalecimiento de áreas como turismo, cultura, deportes, juventud y la costa. En esa lógica, el presupuesto se presenta como una herramienta para consolidar procesos ya iniciados y ampliar la capacidad de gestión del gobierno departamental.

Paysandú Para Arriba, en cambio, parte de un diagnóstico distinto. Sostiene que, aun en un escenario de crecimiento real del presupuesto, el texto oficial no coloca en el centro dos preocupaciones que considera decisivas para el departamento, como lo son el empleo y la seguridad. Al mismo tiempo, cuestiona que el proyecto aumente la presión tributaria y expanda la estructura estatal cuando, a su juicio, debería priorizar un mayor alivio para contribuyentes, productores y comerciantes.

LA DISCUSIÓN POR LOS TRIBUTOS

Uno de los puntos de mayor contraste aparece en materia tributaria. El proyecto del Ejecutivo incluye un nuevo impuesto para la gestión del medio ambiente y de los espacios públicos, aplicable a inmuebles urbanos y suburbanos, mientras que el documento de aportes de Paysandú Para Arriba advierte que esa línea profundiza una orientación recaudatoria que no acompasa la realidad económica de muchas familias y empresas.

Allí se refleja una de las diferencias más nítidas entre ambas visiones. Para el oficialismo, el presupuesto busca asegurar sostenibilidad, planificación y financiamiento de servicios; para Paysandú Para Arriba, el texto debería contener señales más claras de alivio fiscal.

SE CUESTIONA AUMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN

Asimismo, el documento elaborado por el equipo de Jorge Larrañaga enfatiza en el hecho que el presupuesto introduce un cambio sustancial en la forma de calcular la contribución inmobiliaria.
“El proyecto dispone que el valor imponible pase a fijarse en el 50% del valor de mercado de los inmuebles”, en lugar del tradicional valor catastral. Este cambio, se advierte, “puede generar variaciones significativas en el monto a pagar por los contribuyentes”.

Para Larrañaga, el impacto no se limita a un ajuste técnico, sino que implica un incremento concreto en lo que deberán abonar los propietarios. En ese sentido, el texto sostiene que estas modificaciones forman parte de un esquema que “aumenta impuestos considerablemente”, entre ellos, la creación de un impuesto adicional que se aplicará conjuntamente con la contribución inmobiliaria urbana y suburbana”, lo que, en conjunto, “implica un incremento real de la carga tributaria para distintas categorías de contribuyentes”.

EMPLEO Y SEGURIDAD COMO EJES

La propuesta modificativa también intenta introducir nuevas prioridades. Entre ellas figura la creación del fondo rotatorio “Heroica Emprende”, pensado para facilitar el acceso al crédito de microemprendimientos, con foco en jóvenes, desempleados, monotributistas sociales y mujeres jefas de hogar. Además, plantea que en compras y contrataciones se valore especialmente a las empresas que acrediten una fuerte presencia de mano de obra local, con el propósito de que el presupuesto tenga un impacto más directo en la generación de empleo sanducero. A esto se suma la intención de jerarquizar la seguridad ciudadana como uno de los ejes a incorporar en la discusión presupuestal, algo que la propuesta alternativa considera necesario ante una realidad que entiende cada vez más demandante en esa materia.

LA MIRADA SOBRE EL INTERIOR

También en el capítulo de la descentralización aparecen diferencias. Aunque el Ejecutivo reivindica ese eje como una de las claves del nuevo período, Paysandú Para Arriba entiende que en la distribución efectiva de recursos persiste una distancia importante entre la capital departamental y el interior. Por eso, sus aportes insisten en reforzar el peso presupuestal de los municipios y en dar mayor equilibrio territorial a la asignación de fondos.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

La controversia no pasa solamente por números o artículos aislados. Lo que se discute es qué señales políticas debe dar el presupuesto más importante del quinquenio. De un lado, el Ejecutivo defiende una hoja de ruta basada en inversión, modernización, desarrollo territorial, costa, turismo y fortalecimiento institucional. Del otro, Paysandú Para Arriba busca reorientar parte de ese rumbo hacia el empleo, la seguridad, una menor presión tributaria y una mayor atención al interior.

En términos formales, la aprobación del presupuesto requiere mayoría absoluta del total de integrantes de la Junta Departamental, es decir, al menos 16 votos sobre 31 ediles, según lo establecido en la Constitución de la República.

La composición actual del cuerpo refleja un escenario que obliga a negociar. El Partido Nacional cuenta con 20 ediles, de ellos 12 responden al intendente Nicolás Olivera y 8 al sector de Jorge Larrañaga. El Frente Amplio tiene 10 ediles y el Partido Colorado 1, correspondiente a David Helguera.

De acuerdo con las posiciones conocidas hasta el momento, el edil colorado acompañaría al oficialismo, lo que permitiría alcanzar 13 votos. En ese contexto, la aprobación del presupuesto dependerá de al menos tres votos adicionales, que podrían provenir del sector de Larrañaga o del Frente Amplio, cuya postura aún no ha sido definida públicamente, aunque algunas fuentes manejan la posibilidad de una abstención.