En el marco de la problemática de la seguridad social, tanto en nuestro país como a nivel global, se observan tendencias sostenidas —e incluso acentuadas con el paso de los años—: el envejecimiento poblacional, como consecuencia del aumento de la expectativa de vida y la reducción de la tasa de natalidad, presiona cada vez más una ecuación ya desequilibrada. Esto ocurre por la creciente demanda de cobertura social y, a la vez, por la necesidad de sostener la calidad de vida en los últimos años de las personas mayores.
Desde el punto de vista del Banco de Previsión Social (BPS), la presidenta de la entidad, Ximena Pardo, ha puesto énfasis en que, en materia de prestaciones previsionales, la expectativa de vida a partir de los 65 años se ha incrementado significativamente: pasó de 15 a 20 años en las mujeres y de 12 a 16 años en los hombres. Traducido en términos de cobro de pasividades, esto implica que, en el caso de mujeres centenarias, más del 40 % percibió prestaciones del BPS durante entre 30 y 49 años, mientras que en los hombres ese período se sitúa entre 30 y 39 años. Incluso, se registra el caso de una persona que percibió prestaciones durante medio siglo.
Más allá de lo anecdótico —y destacable— de alcanzar los 100 años con actividad y calidad de vida, lo cierto es que cada vez es más frecuente encontrar personas nonagenarias, especialmente mujeres, en comparación con décadas atrás, cuando su presencia era mucho menos habitual. Además, muchas de ellas conservan plena lucidez y un importante nivel de actividad, factores clave que retroalimentan la calidad de vida en la vejez.
Sin embargo, como contrapartida, a estas edades se acentúan las desigualdades, condicionadas por el contexto socioeconómico de cada familia y por el soporte disponible frente a la vulnerabilidad propia de la vejez. Estos factores son parte central del dilema estructural de nuestro sistema previsional, tanto en lo que refiere a pasividades y prestaciones como a la infraestructura necesaria para acompañar estas expectativas. No se trata solo de alcanzar una determinada edad, sino de que el envejecimiento transcurra con calidad de vida, sin padecimientos ni desarraigo, especialmente para quienes han perdido autonomía. Esto implica, entre otros aspectos, una mayor demanda de recursos materiales y humanos por parte del Estado.
Otro aspecto directamente vinculado con esta problemática es la atención sanitaria: resulta fundamental que esta etapa de la vida pueda vivirse con plenitud, evitando que las personas mayores queden relegadas a hospicios o residenciales de dudosa calidad, donde transiten sus últimos años entre carencias y soledad.
En definitiva, más allá de la dimensión social del problema, lo cierto es que los sistemas de seguridad social vienen mostrando signos de tensión desde hace años, como consecuencia de una mayor demanda de recursos y, paralelamente, de una reducción en la cantidad de aportantes, debido al menor peso relativo de la población activa frente a los beneficiarios.
En una perspectiva regional, este cambio demográfico ejercerá una presión creciente sobre las economías y los sistemas de protección social, lo que requerirá ajustes en las políticas públicas y una adecuada planificación en la generación y asignación de recursos. Esto implica diseñar respuestas para el mediano y largo plazo, aun cuando las urgencias ya se hacen sentir. En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para la región en el presente año.
La región enfrenta, además, un escenario internacional complejo e incierto, agravado por conflictos como la guerra en Oriente Medio, con efectos directos en el comercio internacional e impactos indirectos derivados de una mayor volatilidad en los mercados financieros. Esto se traduce en fluctuaciones significativas en los mercados de valores y bonos, con implicancias en el rendimiento de los activos y en las tasas de interés de Estados Unidos y de los principales centros financieros mundiales.
La creciente confrontación geoeconómica también eleva el riesgo de disrupciones en las cadenas globales de producción y en los flujos del comercio internacional.
Así, más allá de los avatares coyunturales —que suelen impactar con mayor intensidad en la región que en los países desarrollados—, el desfasaje entre la disponibilidad de recursos para atender el envejecimiento poblacional y la necesidad de infraestructura adecuada se configura como un desafío estructural de gran magnitud.
Si bien el envejecimiento de la población es una manifestación positiva del desarrollo —al reflejar la disminución de la mortalidad y un mayor control de la fecundidad—, también genera nuevas demandas que sistemas como los de salud, jubilaciones y educación pueden no estar preparados para atender. Esto responde al aumento de las necesidades de financiamiento de la población dependiente y a la tendencia decreciente de la población en edad activa.
En este contexto, resulta fundamental instrumentar políticas de Estado orientadas a adaptar los sistemas de salud y de protección social a las necesidades específicas de las personas mayores, garantizando el acceso a servicios de calidad y a una atención adecuada, más allá de las fluctuaciones económicas.
En Uruguay, en particular, se verifica la convergencia de tendencias que no resultan favorables si se analizan objetivamente. Se trata de una problemática que desde hace tiempo debería ocupar un lugar central en la agenda pública, con la búsqueda de consensos políticos que permitan implementar medidas de mediano y largo plazo. Todo ello en un país cuyas estructuras responden, en muchos aspectos, a una realidad demográfica ya superada, cuando la pirámide poblacional era sustancialmente diferente.