Bajo el lema “Compartir los cuidados para una sociedad más justa”, el gobierno nacional presentó recientemente el Plan Nacional de Cuidados y, en abril —“Mes de los Cuidados”—, se rinde homenaje a la profesora Rosario Aguirre Cuns, pionera recientemente fallecida, cuya mirada sociológica reveló que el bienestar social uruguayo se sostiene sobre la base invisible del tiempo no remunerado de las mujeres.
Se trata de un modelo de cuidados que está en crisis debido a la situación demográfica nacional, algo que no puede seguir ignorándose y que hace necesario buscar estrategias para responder a una pregunta ineludible: quién cuidará de nosotros cuando ya no podamos hacerlo.
En ediciones anteriores nos hemos referido a la situación demográfica sin precedentes que atraviesa nuestro país. La tasa de fecundidad ha caído de 1,9 hijos por mujer en 2015 a un preocupante 1,4 en 2025 —según datos de la Cepal y el Fondo de Población de las Naciones Unidas—, situándose no solo por debajo del promedio regional, sino incluso al nivel de los países europeos más envejecidos.
No se trata de un problema exclusivamente local: el 76% de los países de la región ya presenta una tasa global de fecundidad inferior a 2,1 hijos por mujer, el nivel necesario para mantener estable el tamaño de la población a largo plazo.
En el otro extremo de la vida, la pirámide invertida muestra que somos uno de los países más envejecidos de América Latina. La dependencia se intensifica en los mayores de 80 años y, en esta población, la soledad se acentúa con la edad. Son principalmente las mujeres quienes enfrentan mayores dificultades en la búsqueda de apoyo y contención. La soledad tiene rostro femenino: el 40% de las uruguayas mayores de 80 años viven solas, frente al 20% de los hombres. El sistema de Asistentes Personales y los Centros de Día constituyen hoy el principal dique frente a la institucionalización forzosa, pero su despliegue en el interior profundo sigue siendo una deuda en términos de equidad territorial.
Otra brecha de género relevante en este análisis es, precisamente, la señalada por Rosario Aguirre y hoy reconocida por las autoridades: el 96% de quienes trabajan en cuidados son mujeres. En el sector remunerado se desempeñan unas 43.000 mujeres frente a apenas 750 varones. Esta disparidad también condena a miles de uruguayas a lo que se conoce como “pisos pegajosos”, es decir, la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral porque deben permanecer en sus hogares cuidando a una persona mayor o a un niño. En este sentido, el Plan 2026 propone un cambio cultural necesario: que el cuidado deje de ser una carga “privada” para convertirse en un derecho social.
Países en desarrollo con pirámides poblacionales similares a la nuestra, como Chile o Costa Rica, han avanzado en la profesionalización del sector, mientras que en Uruguay persiste el desafío de dignificar un trabajo aún percibido como precario. En general, América Latina atraviesa lo que los expertos denominan una “crisis de cuidados”, profundizada por la pandemia, en la que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a estas tareas. Entre las respuestas regionales destacan el programa “Chile Cuida” y la experiencia colombiana.
En el caso chileno, para el período 2025-2030 se ha desarrollado un programa basado en el reconocimiento y la redistribución del trabajo no remunerado. Se avanza en la creación de “condominios de viviendas tuteladas” y en la certificación de competencias para cuidadores primarios, otorgando becas de formación para profesionalizar lo que antes recaía exclusivamente en el ámbito familiar. El desafío, similar al uruguayo, es la escala: se proyecta pasar de 11 comunas cubiertas en 2025 a 121 en 2028, una expansión territorial que requiere voluntad política sostenida y recursos que no siempre acompañan el ritmo de los cambios demográficos.
Colombia, por su parte, desarrolla en Bogotá las llamadas “Manzanas del cuidado”, una solución innovadora que también incorpora el urbanismo: centros que integran servicios para quienes requieren cuidados (niños y adultos mayores) con servicios para quienes cuidan (lavanderías comunitarias, clases de bachillerato, apoyo psicológico). Desde una perspectiva local, para un departamento como Paysandú, que busca revitalizar sus barrios, el modelo bogotano invita a pensar la infraestructura social no como edificios aislados, sino como nodos que aprovechen la red de policlínicas y centros comunales.
Si miramos hacia países desarrollados con una estructura poblacional similar, Japón resulta particularmente ilustrativo. Con un 29% de su población mayor de 65 años en 2024, implementó en el año 2000 un seguro de cuidados de largo plazo: un modelo de seguridad social en el que las personas mayores de 40 años contribuyen con primas para asegurar su futura atención. Sin embargo, los costos han triplicado las previsiones originales y el país enfrenta hoy una escasez crónica de trabajadores del sector debido a los bajos salarios, lo que ha llevado incluso a la quiebra de proveedores de servicios domiciliarios.
La principal crítica al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) desde su creación en 2015 ha sido su debilidad institucional y la fragmentación presupuestal entre el Mides, el BPS y el MSP, lo que en ocasiones burocratiza la gestión y retrasa la toma de decisiones y la capacidad de respuesta.
Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red Pro Cuidados han alertado sobre el debilitamiento de la Junta Nacional de Cuidados y la falta de decisiones políticas para pasar de planes piloto a una política verdaderamente universal. La paradoja es evidente: mientras el Estado destina millones a tratar enfermedades crónicas vinculadas al sedentarismo y la soledad, no ha asegurado plenamente los recursos para la prevención a través de políticas de cuidado. Asimismo, profesionalizar el sector —por ejemplo, mediante cooperativas de cuidadores— no es solo un acto de justicia, sino también una estrategia de eficiencia económica y social.
El desafío para este quinquenio es que el sistema deje de ser la expresión de buenas intenciones y se convierta en un servicio ciudadano básico, accesible para todos.
El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 forma parte del mapa de una sociedad que aspira a la madurez. Sin embargo, se requieren presupuesto real, descentralización efectiva y la responsabilidad de un Estado que asuma que el cuidado no es una tarea exclusivamente femenina. La corresponsabilidad de género es el núcleo de este programa, pero mientras persista la actual desigualdad —43.000 mujeres cuidadoras remuneradas frente a apenas 750 varones—, estaremos administrando la inequidad en lugar de erradicarla. El cuidado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores no puede ser una carga privada ni una tarea exclusivamente femenina: constituye una de las nuevas fronteras de los derechos humanos en el siglo XXI. Por ello, y especialmente de cara al futuro cercano, contar con un sistema de cuidados efectivo y sostenible es una pieza clave de la infraestructura social del país.