Nuestro estancamiento consolidado

Hay países que fracasan porque se derrumban. Uruguay corre el riesgo de fracasar de una manera bastante más sofisticada: sin derrumbarse, sin crisis cambiarias, sin corridas bancarias, sin explosiones sociales y sin quiebras generalizadas. Simplemente creciendo poco, durante mucho tiempo, hasta que el estancamiento termine siendo considerado normal y la pérdida de oportunidades se confunda con estabilidad.

La expresión utilizada por el economista Juan Carlos Protasi —”institucionalizar el estancamiento”— describe esta realidad que merece ser discutida sin eufemismos. Uruguay ha conseguido algo aparentemente paradójico: construir un entramado institucional suficientemente sólido como para evitar los grandes desastres, pero no lo suficientemente dinámico como para generar las condiciones de un crecimiento sostenido. En entrevista concedida a Montevideo Portal, ante la publicación del libro de su autoría Uruguay, desafío para crecer, razonó que el país está inmerso desde hace muchos años en una trampa mucho más peligrosa que una crisis convencional, porque no obliga a reaccionar. En una crisis, las circunstancias imponen decisiones. En el estancamiento, siempre parece posible esperar un año más, y así se van acumulando los años.

Coincidimos con el economista en que, de esta forma, el país tiene estabilidad, pero no despega. Tiene buena reputación financiera, pero se endeuda para financiar una estructura estatal que no logra cubrir con sus ingresos. Tiene una carga tributaria elevada, pero no obtiene a cambio servicios públicos que puedan compararse en calidad y eficiencia con los de los países que cobran impuestos semejantes. Tiene salarios elevados medidos en dólares, pero una productividad que no acompaña. Tiene energía cara para la producción. Tiene una maraña regulatoria que encarece cada decisión. Tiene dificultades para atraer inversión productiva y, simultáneamente, atrae capital financiero que contribuye a fortalecer el peso y deteriorar la competitividad externa. El resultado es una economía que parece estable desde la superficie y que, debajo de ella, hace agua por muchos lados. La cuestión central planteada no es tanto si Uruguay tiene un Estado grande, que sí lo tiene. Es si el Estado que Uruguay está financiando es compatible con el crecimiento que Uruguay necesita.

El punto es que el Estado no se financia con buenas intenciones. Se financia con impuestos, deuda o inflación. Y cuando la inflación deja de ser una alternativa, cuando la deuda alcanza niveles elevados y cuando la presión tributaria ya es considerable, la factura termina recayendo inevitablemente sobre quienes producen. Es allí donde aparece la verdadera encerrona en que nos encontramos.

Es que se ha construido durante décadas un Estado social amplio, con transferencias, subsidios, empleo público, empresas estatales, regulaciones, servicios y mecanismos de protección. Pero una cosa es defender la protección social y otra muy distinta es asumir que todo gasto estatal es automáticamente bienestar, cuando, mientras por un lado se dice que protege, por otro también asfixia a los sectores reales de la economía y, por ende, perjudica por falta de sustentabilidad a quienes dice proteger. Es decir, se pretende establecer un seguro para quien lo necesita, pero también se agravan las cargas para quien produce. Con el argumento de corregir desigualdades, paralelamente se desestimula la inversión y la creación de empleo cuando el costo de financiarlo supera la capacidad de la economía para sostenerlo. Ese es el punto que a veces surge en el debate político, pero en forma aislada y, sobre todo, sin lograr consensos respecto de hacia dónde y cómo avanzar, por lo que se sigue en lo mismo, con políticas cortoplacistas que equivalen a un período de gobierno.

Sobre todo desde la izquierda, se discute cuánto aumentar el gasto, cuánto extender una prestación o cómo financiar un nuevo beneficio, pero mucho menos se discute quién genera los recursos para pagar todo eso. Se habla de derechos como si fueran gratuitos. Se multiplican obligaciones estatales como si la economía tuviera una capacidad ilimitada para financiarlas. El sector productivo es, sin ninguna duda, quien sostiene toda la estructura. Y cuando esa estructura se vuelve demasiado pesada, el costo aparece en lugares que no siempre se identifican inmediatamente con el gasto público: en el precio de una exportación, en la decisión de no contratar a un trabajador, en una inversión que se posterga, en una empresa que decide producir en otro país o en un joven que termina buscando oportunidades fuera de Uruguay. Todo esto forma parte del denominado “costo país”.
Y además tenemos que agregar, paralelamente, el “costo Interior” para los departamentos situados al norte del río Negro fundamentalmente. No se trata de una abstracción utilizada por empresarios para reclamar ventajas. Es la suma de todos aquellos costos que hacen que producir en Uruguay, y sobre todo en el Interior, sea más difícil de lo que debería ser.
Es que, por otro lado, un salario alto puede ser una excelente noticia cuando es consecuencia de una productividad alta. Pero se transforma en un problema cuando los salarios crecen en dólares mucho más rápido que la capacidad de las empresas para generar valor, y encima se procura reducir la jornada laboral pagando el mismo salario. Una energía cara puede ser soportable para una economía significativamente productiva, pero se convierte en una desventaja cuando compite contra países donde la industria enfrenta costos muy menores. Una regulación puede tener sentido individualmente, pero cuando se acumulan cientos de ellas terminan construyendo una pared invisible contra la inversión. Lo mismo ocurre con la burocracia. Ningún trámite aislado quiebra una empresa. Ningún impuesto individualmente explica por qué una inversión no llega. Ninguna regulación por sí sola determina que una fábrica cierre. Pero cuando todos esos costos se acumulan, el resultado es un país caro.

Y un país caro necesita una productividad extraordinaria para poder competir, algo que nuestro país no tiene y que, mientras siga igual, tampoco va a tener. Esta es la contradicción que debería estar en el centro de la discusión económica: tenemos salarios relativamente altos, servicios estatales inflados, impuestos elevados, energía costosa, regulación abundante y, simultáneamente, queremos que las empresas compitan exitosamente con el resto del mundo. La ecuación no cierra indefinidamente, y el problema se vuelve todavía más complejo por el atraso cambiario. Uruguay ha logrado una estabilidad monetaria que debe valorarse, pero una moneda relativamente fuerte abarata determinados bienes para los consumidores, a la vez que encarece la producción nacional cuando los ingresos están en dólares y los costos internos siguen aumentando.

Por eso la discusión cambiaria no puede reducirse a una pelea entre partidarios de una moneda fuerte y quienes reclaman un dólar más alto. El verdadero problema es cómo conseguir que la estabilidad monetaria sea compatible con una estructura productiva competitiva. Y reformar este modelo implica asumir costos concretos y visibles. Reducir el gasto público significa afectar intereses. Revisar beneficios implica enfrentar a quienes los reciben. Reformar empresas y organismos estatales genera resistencia. Modificar reglas laborales enfrenta al poder sindical. Reducir impuestos exige primero encontrar dónde reducir el gasto. Cambiar la estructura del Estado significa alterar una arquitectura construida durante décadas, y nadie puede —ni ha querido hasta ahora— hacer eso para no pagar un duro precio político. Pero claro, la consecuencia es seguir navegando a la deriva, a merced de cualquier tormenta, como ha sido la constante hasta ahora.