Candidato al BPS por empresas apunta a deudas, certificaciones y jornada laboral

Bernardo Aldabalde, empresario y candidato por el orden de las empresas al Directorio del Banco de Previsión Social en las elecciones del próximo 22 de noviembre, propone facilitar la regularización de unas 60.000 empresas endeudadas, revisar el sistema de certificaciones médicas y advierte sobre el impacto que tendría una reducción general de la jornada laboral. En entrevista con EL TELEGRAFO también cuestionó la confrontación entre trabajadores y empresarios y sostuvo que quien llegue al Directorio deberá actuar sobre todos los asuntos del organismo y no solamente en defensa del sector que representa.

“El último empujón” antes de jubilarse

Aldabalde trabajó durante años como dependiente, vivió 12 años en el exterior y, tras regresar a Uruguay, creó en 2014 su actual emprendimiento, dedicado a la importación de café y accesorios para restaurantes, hoteles y catering. Tiene tres locales en Montevideo y uno en Maldonado.

Su candidatura surgió, explicó, a partir de su valoración del trabajo desarrollado por el actual representante empresarial en el BPS. “Siempre me gustó el trabajo que venía desarrollando en el territorio, en la cancha, como me gusta decir a mí, o con el pie en tierra”, señaló. Próximo a retirarse de su actividad empresarial, consideró la posibilidad de asumir este nuevo desafío como “el último empujón que podemos hacer socialmente para intentar mejorar en algo lo que es el BPS”.

Aclaró además que, aunque resulte electo por las empresas, no concibe el cargo limitado a ese sector. “No podemos olvidar que los directores, más allá de que sean representantes de las empresas, son directores del BPS y tienen que atender todos los temas del BPS, no solamente los de las empresas”.

Regularizar a 60.000 empresas

Uno de los asuntos que coloca entre sus prioridades es la situación de pequeñas y medianas empresas que mantienen deudas con el organismo. Aldabalde señaló que existe un proyecto en proceso de reglamentación que permitiría a unas 60.000 empresas regularizar su situación mediante pagos parciales.
El objetivo, sostuvo, es que “muchas puedan volver a tener una actividad formal”, después de que los problemas económicos derivados de la pandemia dejaran a numerosos emprendimientos “fuera del sistema formal de empresa, con toda su documentación en regla”.

Su recorrida por el país, agregó, busca precisamente conocer las distintas realidades empresariales. “Es para tomar conocimiento de todo el país, no solamente del litoral”, señaló, aunque reconoció particularidades en Salto, Paysandú y Río Negro. También marcó límites respecto a lo que puede hacer un director del BPS. “No puedo entrar en temas de aduana, en temas de DGI, porque no es propio de esta contienda electoral que nos convoca”.

Pone el foco en las certificaciones

Aldabalde sostiene que uno de los rubros sobre los que debería actuar el BPS es el de las certificaciones médicas. “No es que yo lo piense, son datos, hay 250 millones de dólares por año en certificaciones médicas. Creo que ahí tendríamos que poner un poco el ojo, porque con que podamos corregir aunque sea el 10% estamos hablando de 25 millones de dólares por año, que es mucho dinero”.

Planteó establecer pautas para determinadas enfermedades frecuentes. “Una diarrea no puede demandar más de dos días”, ejemplificó, mientras sostuvo que un resfrío que se extienda más de cinco días debería llevar a estudiar si existe otro problema de salud.
Distinguió, sin embargo, estas situaciones de problemas como depresión o estrés, que a su entender requieren especial atención. “Tenemos que atender eso en un país donde el índice de suicidios es altísimo a nivel mundial, no podemos dejar de atender ese tipo de enfermedades”, afirmó, y agregó que esos casos deben contar con asistencia psicológica y psiquiátrica adecuada.

“EL TRABAJADOR NÚMERO UNO ES EL EMPRESARIO”

Aldabalde cuestionó además lo que definió como una “guerra” entre trabajadores y empresas. “No todos los empresarios tienen plata y la mayoría se la han ganado trabajando no 40 horas semanales, sino 60 horas semanales, sábado y domingo y afuera de hora”, afirmó.
Al mismo tiempo aclaró que “no estoy a favor del abuso de nadie por nadie, o sea, ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba”.

CUESTIONA UNA REDUCCIÓN GENERAL DE LA JORNADA

También se mostró crítico ante una eventual generalización de la reducción de la jornada laboral. Sobre los acuerdos para trabajar 40 horas semanales señaló que pueden constituir “un muy buen logro” sindical, pero advirtió que el costo terminará trasladándose al consumidor final.

“Al trabajar menos horas vamos a precisar más jornales para cubrir las tareas que hay que hacer, con lo cual todos vamos a pagar mucho más”, expresó. Y añadió que “no hay almuerzo gratis, o sea, alguien lo va a pagar y lo va a pagar el consumidor final”.

Incluso consideró posible que algunas empresas respondan con nuevas contrataciones de cuatro horas. “En lugar de tomar una persona, tomo dos”, ejemplificó. Para Aldabalde, una reducción generalizada también plantea dificultades en actividades como salud, Policía o Bomberos. “Hay que tener mucho cuidado cuando se plantean esas cosas porque el costo final que eso puede llegar a tener es muy alto y no creo que la economía esté en condiciones de soportar ese impacto”.

Las elecciones de representantes sociales del BPS serán el 22 de noviembre. Aldabalde comparecerá por las empresas y comparte una línea de propuestas con Lorena Roqueta, candidata por los trabajadores, y Renaldo Borriero, por los jubilados.

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