Solicitada: Tarde o temprano

Un nuevo acceso a la información pública nos demuestra que la transparencia del gobierno de Olivera es claramente una materia pendiente. Así, en este caso, el pedido fue realizado en referencia a la empresa hormigonera Ramyán, la que compareció en su momento ante la opinión pública junto a autoridades departamentales, concretamente el 6 setiembre de 2021, anunciando la llegada de una gran inversión de 800 mil dólares en nuestro departamento y de varios puestos de trabajo.
Ahora bien, cuando uno lee el expediente por el cual se termina celebrado un convenio con Ramyán por parte de la Intendencia, expediente 2021-3642, se observa una gran cantidad de irregularidades. En tal sentido, de su lectura se puede concluir que no existe ninguna misiva de la empresa pidiendo nada, ni presentándose, ni acreditando que es una hormigonera que estuviese funcionando en alguna parte del país, ni cuántos trabajadores tenía a su cargo; al contrario, aparece inicialmente de la nada, por arte de magia, el día 6 de agosto de 2021 (un mes antes de promocionarse el acuerdo) un informe del departamento general de obras dando para adelante con la iniciativa.

Se reitera, la iniciativa debería estar en la mente de los funcionarios, porque en el expediente en concreto, brilla por su ausencia, no hay nada que plasme lo que se dice. Así y todo, a lo largo de las páginas del expediente, se afirma por los funcionarios, que es una empresa de larga trayectoria en la materia, que viene a invertir 800 mil dólares a Paysandú, pero es imposible saber de dónde obtuvieron tal información.

También son llamativos dos detalles no menores, el primero, es que siendo una hormigonera, se hubiera firmado un convenio sin tener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues, como se comprenderá, este tipo de industrias está sometido a diversos controles por la Dinacea, pues bien, eso no existe ni tampoco la empresa se compromete a obtenerlo. Si se lee el acuerdo, el lugar donde se pensaba ubicar la industria era en el padrón 165, sobre Camino de las Américas, lugar que se ubica en zona urbana de la ciudad, rodeado de vecinos y de centros educativos, por lo que pareciera que la salud y bienestar de éstos sería un tema menor que no requeriría atención.

A esto también se suma que el mencionado convenio no pasó por el Tribunal de Cuentas, ni fue intervenido por el contador delegado ni tampoco por la Junta Departamental, detalles que, tratándose del gobierno del Intendente Olivera no nos sorprenden para nada. Pero lo más llamativo, fue que el Intendente en la presentación pública el 6 de setiembre de 2021, sostuvo que la comuna a cambio de esta instalación, iba a dar un padrón inutilizado que era el 165, desconociendo abiertamente que el mismo estaba ocupado por una sanducera y su familia hacia más de 30 años.
Así las cosas, de un día para otro, sin avisar ni intimar, en el terreno que Elen Sosa venía cuidando hacía 30 años, aparecieron funcionarios municipales con camiones, con maquinaria, rompieron los candados de ingreso que cerraban la portera de entrada y luego hicieron tabla rasa con toda la vegetación que allí existía, talando un monte nativo y otros árboles y plantas sin ningún miramiento.

Y eso no es nada, pues en definitiva tal atropello está en manos de la justicia civil (ya que la Fiscalía actuante entendió que no había mérito para investigar un caso de justicia por mano propia, aún cuando a esa altura existía un expediente civil de prescripción sobre ese inmueble promovido por la Sra. Sosa tiempo atrás), sino que, para completar el panorama, en un juicio posterior, promovido para recuperar la posesión del inmueble, la Intendencia cuando comparece, jamás dice, como era su deber procesal, que había comprometido ese inmueble para esta empresa, sino que alega que había llevado adelante tales actos para cumplir con la ley de ordenamiento territorial, es decir, una total mentira y mala fe procesal, impropias de un ente del Estado.
A pesar de todo esto, esa gran empresa que venía a invertir en Paysandú, terminó en concurso, despidiendo a todos sus trabajadores, cerrando, y el día 19 de agosto de 2026 se remataron todos sus bienes. Este capítulo de grandes decisiones, tiene como corolario, que el dueño de Ramyán, Mauro Javier Almeida Sierra, terminó siendo condenado en mayo de este año por el delito de homicidio, a la pena de 10 años de penitenciaría, pues según las crónicas periodísticas, atribuía su mala situación económica a que un vecino le había hecho un “trabajo”, en cuya virtud no tuvo mejor idea que prender fuego la vivienda del hombre y luego de discutir con él, darle muerte de la misma manera.

En fin, lo del título, tarde o temprano, la verdad emerge.

Dr. Federico Álvarez Petraglia