Entre el efecto Temu y la necesidad de encontrar un equilibrio justo

La discusión sobre el denominado “efecto Temu” en Uruguay no debería reducirse a una oposición entre quienes compran por Internet y quienes defienden al comercio establecido. El fenómeno es bastante más complejo. Lo que está en juego es cómo encontrar un punto de equilibrio entre el derecho del consumidor a acceder a productos y precios competitivos, la necesidad de recaudar del Estado y, al mismo tiempo, la preservación de una actividad comercial que genera empleo, inversión y movimiento económico dentro del país.
En ese sentido, la respuesta que ha comenzado a instrumentar Uruguay no constituye un hecho aislado. Muchos países que enfrentaron una expansión extraordinaria de las compras transfronterizas de bajo valor han procurado revisar sus sistemas de franquicias, sus controles aduaneros y sus mecanismos tributarios. Ello obedece, fundamentalmente, a que los modelos de comercio electrónico de las plataformas globales modificaron en pocos años las reglas con las que competían los comercios tradicionales.
Uruguay buscó una alternativa similar, aunque con una característica saliente: no se inclinó por cerrar la puerta al comercio electrónico ni por impedir que los uruguayos compren en el exterior. La estrategia ha sido modificar las condiciones tributarias y aduaneras para intentar que esa competencia se desarrolle dentro de reglas más equilibradas.
La aplicación del IVA a determinadas compras del exterior y el fortalecimiento de los controles aduaneros apuntan precisamente en esa dirección. Desde el gobierno se ha señalado que el objetivo no es solamente recaudar, sino también evitar que una parte creciente del consumo nacional se traslade hacia mercados externos sin que exista una contrapartida equivalente para la economía local.
Los primeros datos y las señales recogidas por el sector comercial parecen indicar que el cambio de reglas tuvo consecuencias concretas y favorables. La reducción de las compras mediante los regímenes de franquicia coincidió con una recuperación de las ventas en determinados rubros del comercio interno, especialmente en sectores como la vestimenta y otros segmentos que habían recibido con particular intensidad el impacto de las plataformas internacionales.
Es comprensible, entonces, el beneplácito expresado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay respecto de la medida. Para los comerciantes, la situación anterior había generado una competencia que consideraban difícil de afrontar: empresas instaladas en nuestro país, con alquileres, salarios, tributos, cargas sociales y costos logísticos locales, debían competir con productos enviados directamente desde el exterior y adquiridos por consumidores individuales.
Pero reconocer ese problema no significa desconocer el otro aspecto de la ecuación, porque quien finalmente paga el costo de cualquier modificación tributaria es, en buena medida, el consumidor. Y en Uruguay este aspecto adquiere una importancia particular debido a los elevados costos internos que pesan sobre buena parte de los bienes y servicios.
Para una familia que encuentra en una plataforma internacional un producto sensiblemente más barato que en el mercado local, el atractivo de comprar afuera no es una cuestión menor ni necesariamente responde a una intención de perjudicar al comercio nacional. Muchas veces responde, simplemente, a la necesidad de hacer rendir el ingreso.
Por eso, una política de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva de las empresas ni desde la del consumidor. El desafío consiste precisamente en conciliar intereses legítimos que, en determinados aspectos, entran en conflicto.
Sin dudas, Uruguay necesita empresas que puedan competir, invertir y generar empleo. Pero también necesita consumidores que puedan acceder a precios razonables. Necesita recaudar para financiar sus políticas públicas, pero debe procurar que la presión tributaria no termine encareciendo innecesariamente el costo de vida. Y necesita controlar el ingreso de mercaderías sin convertir esos controles en una barrera desproporcionada para el comercio electrónico.
Allí aparece la principal salvedad: el equilibrio no es una cifra que se determina una vez y queda establecida para siempre. El mercado cambia, las plataformas evolucionan y los sistemas logísticos también, al igual que los precios internacionales. También cambian los hábitos de los consumidores y la capacidad de respuesta de los comercios nacionales. Por eso, una decisión que puede resultar razonable en determinado momento puede necesitar ajustes posteriormente.
La experiencia internacional demuestra justamente eso. Frente al crecimiento de las plataformas asiáticas de bajo costo, distintas economías han comenzado a revisar los antiguos sistemas de exoneraciones para pequeños envíos, las responsabilidades de las plataformas y los controles sobre las importaciones de bajo valor. Cada país procura encontrar su propia combinación de impuestos, controles y excepciones.
En Uruguay también corresponde realizar ese ejercicio. La caída de las compras provenientes del exterior y la recuperación de determinadas ventas locales pueden ser una señal positiva para el comercio establecido. Pero sería prematuro interpretar esos movimientos como una solución definitiva y, del mismo modo, sería equivocado considerar que todo encarecimiento de las compras externas constituye automáticamente una ganancia para la economía nacional.
Como siempre, hay sectores que ganan y sectores que pierden. Hay empresas que recuperan mercado y consumidores que pierden una alternativa de precios. Al mismo tiempo, hay empleos que pueden preservarse en el comercio formal, pero también actividades vinculadas a la logística y a los servicios de courier que dependen de ese movimiento y que pueden verse afectadas.
Precisamente por eso, el camino debería ser el de una revisión permanente de los resultados.
Si las medidas consiguen recuperar actividad comercial, sostener empleo y generar una competencia tributariamente más equilibrada, habrán cumplido una parte importante de su objetivo. Si, en cambio, producen un encarecimiento excesivo para los consumidores, estimulan nuevas formas de evasión o generan distorsiones innecesarias, deberán ser corregidas.
No hay contradicción en admitir ambas posibilidades. La verdadera discusión debería pasar, entonces, por determinar qué reglas necesita el país para que el consumidor pueda comprar, las empresas puedan competir, el Estado pueda recaudar y el empleo pueda sostenerse. Encontrar ese punto de equilibrio será difícil, pero mantenerlo en el tiempo será todavía más difícil.
Probablemente esa sea la tarea que corresponde asumir: no buscar una solución definitiva, sino construir una regulación que pueda adaptarse a la realidad. Porque en una economía que cambia con tanta rapidez, la mejor política no necesariamente es la que pretende cerrar definitivamente una discusión, sino aquella que permite corregir el rumbo cuando los resultados muestran que es necesario hacerlo.