El presidente Yamandú Orsi convocó al Consejo de Ministros para este lunes a las 10.00 en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes, en el Prado. La reunión tendrá agenda abierta y no se informó ningún tema principal.
Será la undécima reunión del gabinete en lo que va de 2026 y la decimoséptima desde que Orsi asumió la presidencia. La anterior sesión se realizó el 1.º de setiembre, oportunidad en que se trataron, entre otros asuntos, las resoluciones sobre el precio de los combustibles, el proyecto de ley de política espacial, la licitación del Hospital de la Costa y el estado de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La convocatoria se produce en el marco de la intención manifestada por el mandatario de mantener una mayor frecuencia en los encuentros con sus ministros. Durante 2026 el Consejo de Ministros sesionó en promedio cada 27 días, frente a los 48 días de intervalo registrados en 2025.
OSE DEJÓ DE FACTURAR UNOS U$S 36 MILLONES POR AÑO
(ÁMBITO)
Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), estimó que OSE deja de facturar agua por unos 36 millones de dólares al año y cuestionó que el organismo no priorice el control de esas pérdidas.
En una entrevista con Informativo Sarandí, Viñas afirmó que el 15% del agua potabilizada se utiliza sin pagar o no se cobra por problemas de facturación y calculó que ese volumen equivale a unos 100 millones de litros diarios y lo valoró en aproximadamente 100.000 dólares por día. “El gran robo del siglo se lo están haciendo a la OSE todos los años, desde hace muchos años, y la OSE no reacciona”, sostuvo.
El integrante de MOVUS comparó la cifra con el intento de robo a un banco mediante túneles en Ciudad Vieja y dijo que la falta de control el agua no contabilizada representa un problema económico que debería atenderse antes de avanzar con nuevas obras de infraestructura.
Viñas cuestionó los proyectos vinculados a la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes y a la represa de Casupá, consideró que esas inversiones no resolverían los problemas de abastecimiento durante una sequía y defendió una estrategia centrada en reducir las pérdidas del sistema existente.
El integrante de MOVUS también puso en duda el costo financiero de la potabilizadora prevista en Aguas Corrientes. Según sus cálculos, el proyecto anunciado por unos 212 millones de dólares terminaría implicando pagos cercanos a 700 millones de dólares a lo largo del contrato. Atribuyó esa diferencia al esquema de anualidades, los intereses y los ajustes previstos.
El activista sostuvo que el dinero destinado a esa obra podría orientarse a reparar cañerías y como antecedente, mencionó un proyecto presentado por una empresa privada en 2021 que, según dijo, estimaba en 400 millones de dólares el costo de sustituir tramos de la red y reducir las pérdidas a lo largo de diez años con pagos de unos 40 millones de dólares anuales.
Viñas señaló que, además de las pérdidas físicas provocadas por cañerías deterioradas, existe una proporción de agua que no se factura. En ese grupo incluyó tanto errores de facturación como consumos que, según su planteo, se realizan sin pagar. Como ejemplo del problema de infraestructura, afirmó que en Montevideo alrededor del 30% de las cañerías serían de hierro antiguo y otro 20% de fibrocemento. Su propuesta consiste en medir cuánta agua circula por las redes troncales y comparar ese volumen con el que finalmente se factura. De esa manera, planteó que sería posible identificar sectores con diferencias, investigar si responden a roturas o pérdidas y detectar eventuales conexiones que no pasan por el contador.
También cuestionó que la incorporación de contadores electrónicos se concentre en usuarios que ya tienen medido su consumo. Para Viñas, el control debe comenzar en las redes principales y avanzar hacia los puntos donde se detecten diferencias entre el agua distribuida y la facturada. Viñas advirtió que los proyectos de infraestructura supondrían nuevos compromisos económicos para OSE. Según sus estimaciones, los pagos anuales de la potabilizadora, la represa de Casupá y la operación de la planta sumarían alrededor de 70 millones de dólares y sostuvo que esos gastos podrían terminar financiándose con recursos públicos o mediante aumentos de tarifas.
En ese sentido, cuestionó que los usuarios que pagan el servicio deban afrontar mayores costos mientras, según su planteo, una parte del agua distribuida no se cobra. “Lo que tenemos que hacer es utilizar adecuadamente los recursos que estamos hoy sacando del río”, reiteró.
El integrante de MOVUS dijo además que el movimiento ha planteado sus cuestionamientos ante legisladores y ha solicitado reuniones con autoridades de OSE, aunque aseguró que no obtuvo una audiencia con el directorio. También reclamó una mayor discusión parlamentaria sobre la política de abastecimiento de agua.
SINDICATO DE INAU PIDE UN “CONTROL MÁS EFICIENTE”
(TELEMUNDO)
El Sindicato de Funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) expresó preocupación por la investigación sobre explotación sexual a menores fugados del instituto y pide un “control más eficiente” de las salidas no autorizadas. El dirigente José Lorenzo López volvió a asumir como presidente del sindicato en un contexto que define como “complejo” para la institución. Uno de los temas es la investigación abierta sobre explotación sexual, por la que ya fueron imputadas cuatro personas, entre ellas un policía.
“Hemos estado conversando con el directorio de la institución de buscar mecanismos que nos permitan tener un control más eficiente de la salidas no autorizadas. Hay un nuevo protocolo, que es un poco largo y no demasiado completo. Ojalá la implementación de protocolos permita que tengan más herramientas para evitar este tipos de situaciones”, manifestó.
Tres de los imputados son hombres, uno de ellos funcionario policial de 40 años, y los otros de 31 y 20 años, y la cuarta es una joven de 19 años. Se los imputó por trata de personas, divulgación de imágenes o grabaciones de contenidos íntimos y retribución a menores de edad para la ejecución de actos sexuales y asociación para delinquir. Deberán cumplir 180 días de prisión preventiva.
Otro de los temas que genera preocupación en el sindicato es lo que sucede en el Inisa. “Hay algunos jóvenes que no deberían estar en el Inisa. Son mayores de edad, fueron procesados por la Justicia de adultos y los devuelven al Inisa para que terminen de cumplir esas penas. Genera que estos tipos de violencia se exacerben más”, señaló.
López enumeró que en los últimos meses hubo un motín con toma de rehenes, un asesinato en la puerta de un centro, violencia contra trabajadores y la fuga del joven Agustín Cuello, un homicida de 20 años considerado “extremadamente peligroso” .
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