El planteo realizado en la Junta Departamental por el edil nacionalista Robert Pintos respecto a la ambulancia de Nuevo Paysandú ha provocado molestias a raíz de algunos errores en su exposición. El punto más controvertido fue la afirmación respecto a un supuesto juicio por parte de los choferes que se desempeñaban en esa unidad, lo que –tanto el presidente de la comisión (que recibió esa donación) como uno de los choferes– no dudaron en calificar como una falsedad. Walter Rivero, quien fuera el presidente de la asociación civil que se conformó para gestionar el funcionamiento de la ambulancia, se excusó de realizar declaraciones hasta la reunión que mantendrá con los ediles de la Comisión de Promoción Social de la Junta Departamental, donde se radicó el asunto a solicitud de Pintos. El exdirectivo dijo a EL TELEGRAFO que ya no vive en el barrio, que, efectivamente, tuvo que vender su casa, pero que no fue debido a un reclamo de los trabajadores, ya que este no existió, sino por un asunto estrictamente personal. Fue uno de los choferes, Jorge Souza, quien corroboró esta versión, al decir que: “Como no anduvo más, nosotros lo único que cobramos fue el último mes de sueldo, no hicimos juicio. No sé qué pasó que mintieron que los choferes le habíamos hecho juicio”. Su compañero ya no está siquiera en Uruguay.
“Para cobrar lo que queríamos, si supuestamente hubiésemos querido cobrar liquidaciones, aguinaldo, salario vacacional, de los seis, siete años que nos debían, tenían que vender la ambulancia y nos quedaban debiendo, porque es una ambulancia Combi modelo 92, 93”, señaló.
DIFICULTADES
La ambulancia de Nuevo Paysandú fue donada por la Comisión Mixta de Salto Grande entre 1993 y 1994, tras gestiones de Rubens Francolino y mantenerla en funcionamiento siempre fue un dolor de cabeza, tanto que durante estos años ha alternado varios períodos de inactividad.
“Funcionó durante el período de Lamas, estaba Arcieri en Promoción Social; funcionó algunos meses, porque tenía que solventarla la comisión del barrio, entonces no había choferes honorarios y el combustible no se podía pagar. Algún vecino que había que arrimarlo al hospital a veces ponía hasta la nafta para que lo llevaran porque la comisión no tenía fondos”, recordó Souza. Se volvió a poner en funcionamiento en 2005: “Pintos nos dio la idea de que la pusiéramos en Presupuesto Participativo, por lo menos para pagar los choferes y los aportes. Eso lo hizo un contador, levantaba la plata, pagaba a los choferes y pagaba los aportes que correspondían. Se manejó así durante tres o cuatro Presupuestos Participativos. En 2010 asumió Bentos, nosotros nos reunimos con él y se quedó en que iba a seguir funcionando la ambulancia, que le parecía social y le parecía bueno; quedó que iban a largar la partida de 2009 y la trancaron, y eso fue generando una deuda en el BPS de los aportes, porque no se pagaban los aportes y cuando largaron la partida, no dio ni para arrancar la ambulancia”, señaló el chofer. En la época en que funcionó el dinero del Presupuesto Participativo, se destinaba a los salarios y los aportes, había un acuerdo con Ancap, que aportaba el combustible en vales de mil litros y del seguro se hacía cargo Azucitrus. (Más información en edición impresa)
