“Quiero pensar que el nuevo llamado a un médico neurólogo, cuando se hizo ya un concurso que legítimamente fue ganado por un profesional, con el correspondiente informe positivo del comité evaluador, no es una decisión de ASSE Paysandú, sino de Montevideo, desconociendo lo actuado”, dijo el edil departamental Miguel Otegui.
El pasado lunes 17, en página 12 de la edición de EL TELEGRAFO, ASSE –a través del Centro Departamental de Salud Paysandú– publicó un “Llamado a aspirantes para integrar cuadros de suplentes”, abierto a oftalmólogos, urólogos, anatomopatólogo y neurólogo. Otegui recordó que “en mayo de 2015 se llamó a concurso para la contratación de un neurólogo en Paysandú, en la medida que no hay de esa especialidad en nuestro Hospital Escuela del Litoral. Pero por razones que resulta muy difícil comprender, no se realizó el contrato”. La decisión del concurso estuvo a cargo de un tribunal integrado por la doctora María Violeta Saldivia, en representación de ASSE, la doctora Ángela Almeida por el hospital y el doctor Gonzalo Deleón por los funcionarios.
Hubo solamente un aspirante, quien según el tribunal “ha cumplido con los requisitos exigidos por el llamado”. La valoración del médico postulante fue de 65,60 puntos. Posteriormente, la dirección del hospital emitió una resolución en la que indicó: “convalídese lo actuado por el tribunal actuante en el llamado a aspirantes a ser contratados de acuerdo a lo previsto en el artículo 256 de la ley Nº 18834 como médico neurólogo a desempeñarse en esta Unidad Ejecutora”.
Sin embargo, Otegui subrayó que “no hubo tal contrato y los pacientes sanduceros deben trasladarse a otros hospitales que sí cuentan con esa especialidad” dedicada al estudio de las enfermedades y trastornos que afectan al sistema nervioso. “Si hay una resolución de 2015 y no se llenó el cargo, ¿cuál es la explicación? ¿Qué sentido tiene para el usuario de ASSE que la dirección a nivel nacional no haya contratado a quien legítimamente ganó el concurso?”, preguntó el edil por el Partido Nacional.
“Entre las causas posibles, sin duda, incluyo falta de capacidad, errores de gestión o algún tipo de corrupción”, agregó y recordó “el caso de la contratación de ambulancias para el hospital de Bella Unión, que pertenecían a una empresa formada por jerarcas de la Administración. Por lo tanto, este caso de haber realizado un llamado, no contratar al ganador, y hacer otro, me parece al menos algo poco probable de explicar”.
“Tristemente –agregó– sigue siendo el usuario el gran perjudicado, porque debe aceptar traslados de cientos de kilómetros para tener la atención que necesita. Así se ha estado durante años con el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE); durante años hubo que viajar a Montevideo, lo que siempre agregó más riesgos por la distancia del traslado y la urgencia de la atención. Ahora, por presión popular, recién se ha aceptado que es necesario uno al norte del país, para el caso en Salto. Pero las cosas no pueden seguir siendo así, es necesario que la salud pública de este país ponga en el centro de su accionar a los usuarios. No tiene otro sentido de ser”.
