El ministro de Economía, Danilo Astori, informó en el Consejo de Ministros abierto realizado en la localidad de Cardal, sobre una nueva autorización de transferencia de dinero a la comisión administradora del Fondo Nacional de Recursos (FNR), que tiene una modalidad mensual de traspaso.
En mayo el gobierno otorgó más de 2 millones de dólares, lo que, sumado al resto de las partidas, representa más de 25 millones de dólares al año para ser destinados a labores asistenciales. “Este es uno de los esfuerzos más importantes que Uruguay realiza en materia de salud pública”, aseguró el jerarca.
El Fondo brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto precio para toda la población residente en el país y usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Datos al año 2015 indican que el FNR destina 33% de su presupuesto anual al área de nefrología, 32% a cardiología, 18% a financiación de medicación de alto precio, 8% a traumatología, 8% a trasplantes de médula ósea y hepáticos y 1% a actos en el exterior. En 10 años se realizaron 70 trasplantes de corazón, 1.150 de riñón y 992 de médula ósea. En materia de acceso a medicamentos de alto precio las cifras de cobertura vienen en ascenso. En el año 2007, 492 pacientes fueron tratados con medicamentos financiados por el Fondo. En 2008 fueron 854, en 2009 la cifra creció a 2.368 y en 2010 alcanzó los 3.124 usuarios. En 2011 fue 3.849, en 2012 pasó a 4.308, en 2013 a 4.668 y en 2014 alcanzó las 5.350 personas que recibieron tratamientos, según revelan datos brindados por el Fondo Nacional de Recursos.
Por otro lado, con motivo del 19 de junio –fecha del natalicio de José Gervasio Artigas– el presidente Tabaré Vázquez anunció que el lunes 12 se realizará un Consejo de Ministros abierto en el Cuartel de Blandengues, ubicado en el barrio del Cerrito de la Victoria. El cuartel y museo allí instalado se abrirán a la ciudadanía, a 253 años del nacimiento del prócer.
CONGRESO DERIESGOS NATURALES
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Uruguay acogerá en setiembre el primer Congreso Regional sobre Riesgos Naturales que reunirá en Montevideo a expertos de la región latinoamericana sobre ese tema, explicó la geóloga Leda Sánchez. La experta aseguró que el objetivo es crear una instancia donde se junten “actores de la sociedad académica, civil, científica y otros organismos del Estado” para crear una especie de “semillero” que estimule la discusión y el trabajo en conjunto.
Sánchez confirmó la presencia de representantes de Argentina y Brasil, al tiempo que estimó que habrá más países de la región latinoamericana representados en este primer Congreso Regional de Riesgos Naturales que se celebrará el 15 y 16 de setiembre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR).
La geóloga aseguró que los riesgos naturales que existen en la actualidad pueden involucrar a más de un país, por lo que los fenómenos dejaron de ser locales y tienen una “incidencia a nivel regional”. Durante el congreso se discutirán fenómenos naturales como los sismos, tsunamis, la erosión, los procesos gravitacionales, los vinculados a la dinámica fluvial, a la costera, atmosférica, así como el clima espacial. Paralelamente, el segundo eje temático del evento apuntará a los “riesgos inducidos”, donde se evaluará la deforestación, los incendios, la contaminación de los suelos, el agua y el aire.
CASO DE PROCESADO FORMARÁ A JUECES
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El secretario general de la Junta Nocional de Drogas (JND), Diego Olivera, dijo que el caso de un autocultivador de cannabis que resultó procesado por tener más gramos de los permitidos será incluido en la capacitación a operadores judiciales y policías con respecto a la ley de marihuana.
A finales de abril, un joven de 19 años fue encarcelado después de que la policía encontrara en su domicilio una cantidad de marihuana que excedía los 480 gramos que la ley permite a los autocultivadores para su consumo anual y lo liberó de forma provisional el viernes. Olivera indicó que por este tipo de casos es que se planea capacitar a los actores penales involucrados, ya que según él no correspondía la sanción penal “y menos con prisión”, según publicó La Diaria. De acuerdo con un informe del Poder Judicial, el joven fue procesado por la “presunta comisión de un delito de tenencia, no para consumo, de sustancias estupefacientes prohibidas”. El acusado se encuentra en este momento bajo libertad provisional luego de que su defensora argumentara que el “exceso” de gramos con el que se le encontró y por el que fue imputado no representa la cantidad real de marihuana que efectivamente obtendrá luego de su desecación.
ACUERDO CONUPM ANTES DEFINES DE JUNIO
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El presidente Tabaré Vázquez espera que a fines de junio se firme un acuerdo de inversión con la papelera finlandesa UPM para que la compañía instale su segunda fábrica de celulosa. “Estamos trabajando ya con la empresa en un acuerdo de inversión que creemos que vamos a firmarlo antes de fines de junio”, dijo antes de comenzar con el Consejo de Ministros que sesionó en Cardal.
“La redacción de este documento es muy importante, lleva mucho trabajo y nos va a llevar un mes o un mes y algo finalizarlo y poder firmar el acuerdo entre UPM y el Gobierno”, agregó. Respecto a las peticiones de la oposición y de los sindicatos del país de conocer los detalles de la negociación con UPM y participar en la misma, Vázquez indicó que “hasta el momento hay una cuerdo de confidencialidad que el Gobierno va a respetar”.
La empresa y el Gobierno uruguayo anunciaron el 3 de mayo que alcanzaron un acuerdo vinculado a los principales temas de la agenda de una primera fase de negociación, en tanto la segunda consistirá en avanzar en materia de la construcción y adaptación de la infraestructura necesaria para la planta.
GOBIERNO ASIGNÓU$S 100 MILLONESPARA JUDICIALES
(PRESIDENCIA – SUBRAYADO)
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, anunció que se destinó una partida presupuestal para jueces, fiscales, defensores de oficio y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según lo acordado en diciembre y, aceptadas las liquidaciones por cada trabajador, se procederá al pago. Luego de un acuerdo, se dispone de U$S 100 millones en tres años para 5.000 trabajadores.
“Recordemos que las liquidaciones que realizan la Suprema Corte de Justicia o la Fiscalía, según el caso, deben ser aceptadas por cada trabajador y avaladas por más del 80% de los trabajadores de cada uno de los colectivos para que se proceda al pago”, dijo el ministro. “Hicimos un acuerdo con los jueces, fiscales, defensores y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ojalá lo hubiéramos podido hacer también con los funcionarios y actuarios que hasta el momento no ha sido posible. Estamos dispuestos a dialogar y negociar en base a la propuesta que hizo, en su momento, el Poder Ejecutivo”, añadió.
Por su lado, los judiciales resolvieron no tramitar expedientes relacionados con el Estado en asuntos que tengan contenido patrimonial, y reclaman al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia que incluyan en sus respectivos mensajes de Rendición de Cuentas, las partidas necesarias para cumplir con la sentencia judicial que obliga al pago de lo adeudado desde 2012. Los funcionarios también suspendieron toda actividad relacionada con el nuevo Código del Proceso Penal y el Código de Procedimiento Aduanero.